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Edición Nº 1787 |
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El Epicentro
UNA investigación que abarca tantos ángulos de la realidad como la realizada por la Comisión de la Verdad y Reconciliación no estará exenta del debate que la opinión pública libre sobre ella. Pero su naturaleza polémica no debería definirse a partir de prejuicios que marcaron al Perú mucho antes de ser una república independiente. Los detractores de la CVR están en su derecho de discrepar y exponer sus argumentos. Estos, sin embargo, no pueden tener sustento -explícito o soterrado- en motivaciones racistas y de clase. Uno de los grandes ejes del informe final es el perfil de la mayoría de las víctimas. Casi el 40% de ellas pertenecía al 20% de más pobreza en su distrito. Ayacucho, Junín, Huánuco, Huancavelica, Apurímac y San Martín son los departamentos que concentran el 85% de las víctimas reportadas por testimonios a la CVR. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los habitantes de todos esos departamentos sólo concentran el 9% del ingreso que tienen todas las familias peruanas. El porcentaje de víctimas en áreas rurales es casi el triple del porcentaje de la población que vivía en esas mismas zonas según el censo de 1993. Del total de víctimas, el porcentaje de campesinos muertos es casi el doble del porcentaje de campesinos censados en 1993. Unas tres cuartas partes de todos los peruanos que perdieron la vida en la guerra desatada por Sendero Luminoso eran quechuahablantes. Para hacerse una idea de la intensidad de la violencia en ese sector de la población, basta con recordar que aproximadamente un 22% de peruanos censados en 1993 tenía un idioma materno distinto al castellano. Fue en esa quinta parte del país en donde se concentró el espanto. En Ayacucho, casi la totalidad de muertos eran quechuahablantes. Del mismo modo, alrededor del 70% del total de víctimas tenían niveles educativos inferiores a la secundaria. Si en algunos persisten dudas sobre la elección de Ayacucho como el lugar para presentar simbólicamente el informe, basta sopesar las conclusiones sobre este departamento para despejarlas. Las proyecciones hechas con el sistema Estimación de Múltiples Sistemas (ver nota más adelante) establecen que 26,259 personas murieron o desaparecieron a causa del conflicto interno en Ayacucho entre 1980 y 2000. En el informe hay muchas frases que dan qué pensar. Una de ellas es "si todos fuéramos ayacuchanos...". En efecto, si el Perú hubiera sido Ayacucho y las tendencias se hubieran mantenido, 1.2 millones de peruanos estarían muertos. Lima Metropolitana habría perdido 340 mil personas, equivalentes a la proyección al año 2000, señala el informe, de la población total en San Isidro, Miraflores, San Borja y La Molina.
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