Edición Nº 1788

La extensa carta del teniente general FAP (r) Luis Arias Grazziani fue incluida en el informe entregado a Toledo. Le reconocen haber aportado conceptos que permitieron comprender cómo las Fuerzas Armadas se vieron sometidas a un papel legal ambiguo definido por el poder político.

EL octavo tomo del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación incluye las reservas planteadas por el teniente general FAP (r) Luis Arias Grazziani. Fue el único comisionado que suscribió el documento con una acotación de esta naturaleza.

Arias Grazziani repasa quince puntos. La mayoría coincide con las conclusiones del informe final. Sus más relevantes cuestionamientos se reproducen en las siguientes líneas:

-Apuntó la confusión producida por el marco legal que reguló el papel de las fuerzas armadas en la lucha antisubversiva. "Este listado", señala, "demuestra lo dispar de la legislación a través de la cual el gobierno de turno, con indisimulable desesperación, intentó buscar soluciones de todo tipo al entonces inmanejable problema del terrorismo".

-Propuso consignar públicamente las recomendaciones para enjuiciar a ciertos militares y mantener la reserva en otros casos. "Creo que en el informe deben figurar los nombres de aquellos, cuya responsabilidad se presume con un alto grado de veracidad, y que en la mayoría de los casos son ya de conocimiento público, para evitar así que una reserva absoluta coadyuve a mantener un anonimato incompatible con la verdad comprobada", escribió.

- Advirtió que, contrario a lo sucedido con muchos terroristas, "a la Comisión le ha sido menos difícil precisar posibles responsabilidades e identificar, con sus nombres, a los miembros de las Fuerzas del Orden, por cuanto es personal que conformaba organizaciones militares ubicadas en lugares precisos, especialmente cuarteles... En tal sentido, la Verdad que se pronuncia sobre este extremo es parcial, relativa y, genera de alguna manera una percepción negativa para las Fuerzas del Orden, lo cual, como se ha comprobado, no es verdad. Además, debe quedar claramente distinguida esa responsabilidad individual de la responsabilidad institucional que se pretende sugerir". Sobre esto último, cabe precisar que el informe final se refiere a que en determinados momentos se produjeron "prácticas generalizadas y/o sistemáticas de violaciones a los derechos humanos".

-Cuestionó el peso asignado a las proyecciones sobre el número de víctimas. "El número de ellas debidamente documentada está entre 24 mil y 25 mil personas. Cualquier otra cantidad que la Comisión estime como probada es producto de una proyección matemática o estadística, la que si bien es cierto ha sido realizada con soporte científico por parte de técnicos peruanos y extranjeros, no pasa de ser una proyección. Por ende, estimo que esa no es una verdad comprobada". Comisionados entrevistados por CARETAS aclararon que el debate que se presentó con el general giró en torno al orden en el que se presentarían ambas cifras. Finalmente, se convino en darle más importancia a las proyecciones que a las que se obtuvieron con los testimonios directamente recabados por la CVR.

-Remarcó el riesgo que conllevan las reparaciones individuales. "Esta realidad de tantos inocentes que injustamente sufrieron nos conmueve profundamente y merece que todo el pueblo peruano les pida perdón y sean reparados por el Estado en forma colectiva, pues las reparaciones individuales alcanzan montos que escapan a las posibilidades económicas del país".

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