Edición Nº 1789

Intercambio de Banderillas
El APRA juega partido aparte en semana decisiva para la delegación de facultades tributarias y ajustes presupuestales.

Primera Ministra asistirá al Pleno el jueves 25. Der.: Ministro de Economía, Jaime Quijandría, y Luis Alva Casto del APRA al inicio de la sesión parlamentaria. Seis horas después el APRA no dio su brazo a torcer.

"¿El texto que se va a votar hoy día es el mismo de la semana pasada?" Eran casi las diez de la mañana del martes cuando el congresista aprista César Zumaeta hizo esta pregunta. Perú Posible y el FIM, por un lado, y los que la sesión anterior habían votado en contra de la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo, por el otro, estaban frente a frente en la Comisión de Economía. Su presidente, Luis Solari, había admitido como cuestión previa la reconsideración de la votación del proyecto discutido una semana antes. Pero no fue más que un susto. Después explicaría que era una manera de abrir el debate nuevamente. Hasta los del partido de la estrella, luego de un fin de semana de catequesis tributaria con la Premier Beatriz Merino, votaron a favor de discutir otra vez la delegación de facultades para la reforma tributaria solicitada por el Ejecutivo.

Lo que vino después fue la demostración del dominio del balón político de la presidenta del Consejo de Ministros. La jefa del Gabinete, luego del primer traspié, había pasado el fin de semana en reuniones con las distintas agrupaciones políticas que se mostraban escépticas al pedido del Ejecutivo. Ardua tarea de convencimiento. El APRA diría, después, que apoyarían la delegación de facultades para 20 de las 26 medidas planteadas en el proyecto de ley enviado desde Palacio. Casi todo, salvo la norma que obliga a la `bancarización' de la economía, y ciertos ajustes al Impuesto a la Renta .

"Con el resto no es que estemos en desacuerdo, sino que creemos que se debe debatir más ampliamente", arguyó Jorge del Castillo, quien estaba presente durante la sesión con voz, pero sin voto, pues no es miembro de la comisión. El líder aprista no se guardó las pullas contra el oficialismo que, en su opinión, estuvo cerrado a cualquier discusión. "Cuando el señor Waisman pidió abrir la conversación, casi lo matan -bromeó- ni siquiera quiero imaginar lo que le han hecho al congresista Rengifo". Este se abstuvo de contestarle. Como si le hubieran cortado la lengua.

El resultado final, luego de seis largas horas de debate y la sustentación del ministro de Economía Jaime Quijandría, demostró la muñeca de Merino para voltear la tortilla. Once congresistas votaron a favor (incluidos los de Unidad Nacional, Acción Popular, FIM e independientes) y los tres apristas en contra. Estos últimos tampoco lograron que los seis puntos de la discordia fueran votados uno por uno. Todo se votó en bloque.

El Perú tiene una de las estructuras tributarias más simples de América Latina. La baja recaudación se debe, sobre todo, a la gran informalidad de nuestra economía. El polémico impuesto a las transacciones propuesto busca ponerle el cascabel al gato evasor.

FALTA EL SEGUNDO TIEMPO

Mientras los congresistas formulaban sus preguntas a Quijandría, el grito de cuatro maestros que habían logrado burlar el sistema de seguridad del Congreso dramatizó los argumentos del Apra. "Solari, somos maestros contratados y no nos pagan desde abril", exclamó uno de ellos, antes de ser desalojado de la sala.

La reforma, según el titular del MEF, plantea como único impuesto nuevo, el referido a las transacciones bancarias, apenas un 0,2 % del monto de cada movimiento bancario, según se argumenta. Sin embargo, son 2 soles por cada mil, cifra nada desestimable para quienes realizan múltiples transacciones bancarias al mes, y para las empresas y comercios que trabajan con márgenes de utilidad muy bajos. Lo que nadie discute es su inicial impacto en la recaudación. Según el Gobierno, no menos de 2 millones de soles anuales (en caso de confirmar la tasa de 0,2 %), vale decir, más del doble de lo que obtendría el Fisco con el famoso 1 % que se le clavó al IGV en julio último.

Las medidas del paquete que serían aprobadas sin mayor problema, son: la modificación del código tributario para mejorar la fiscalización de deudas, el reajuste del Impuesto a la Renta y eliminación de ciertas exoneraciones sectoriales, reforma del Registro Unico de Contribuyentes (RUS), aplicación de un régimen tributario promocional para las pequeñas empresas, reducción del IGV en 1 %, reformulación del sistema de pago de obligaciones tributarias con el gobierno central, descentralización fiscal y, finalmente, el cambio de algunos aspectos de la Ley General de Aduanas.

El curso de esta historia promete un segundo tiempo con más sopresas aun. La delegación de facultades debe ser discutida en el pleno del Congreso el próximo jueves 25 de setiembre, para lo cual Solari aseguró la presencia de Merino. La jefa del gabinete se encuentra en Estados Unidos, adonde asiste invitada como expositora en la Sétima Conferencia Anual Sobre Comercio e Inversiones en Latinoamérica. Y en la agenda tiene pactadas reuniones con el secretario de Estado, Collin Powell, el secretario del Tesoro, John Walters, la consejera de Seguridad, Condolezza Rice, entre otros altos funcionarios.

La del 25 será una nueva jornada de convencimiento, pues bancadas como las de Unidad Nacional y Acción Popular han expresado un voto con reservas. UN condicionará su apoyo final a la eliminación del Impuesto de Solidaridad y a una severa reducción del déficit fiscal, aun por debajo de la meta de 1,4 % programada como compromiso para el 2004.

La delegación de facultades será aprobada por mayoría simple, para lo cual bastaría con el voto favorable de la Alianza oficialista PP-FIM. Aunque en materia tributaria, es obvio que las jugadas en pared son las más efectivas.

Pease: el Presupuesto y las piedras en el zapato. Der.: El MEF confía en que la presión tributaria llegará a 14 % en 12 ó 15 meses con las medidas tributarias.

CONTIENDA EN LAS CALLES

El otro terreno en el que el Apra tiene una presencia gravitante, el de las regiones, corre por el cauce de las movilizaciones convocadas por sus presidentes regionales. Una de ellas el miércoles 10 aunque no está confirmado, continuará la protesta con una concentración en Huacho, sede de la Región Lima, que preside Miguel Angel Mufarech.

Como se sabe, estas autoridades reclaman directamente al Ejecutivo una serie de beneficios. Los principales son: profundización del proceso de descentralización, aumento de competencias a las regiones para la designación de funcionarios, incremento del techo presupuestal, transferencia total de los activos del Estado ubicados en sus territorios, entre otros.

En la protesta no están solos. Algunas autoridades independientes como Cristala Constantinides (Moquegua), David Jiménez (Puno), Edwin Vásquez (Ucayali) y Luzmila Temple (Huánuco) también se unirán a las movilizaciones.

Sin embargo, este escenario en el que el Apra tiene amplio margen para presionar al Ejecutivo, está ensombrecido por recientes denuncias por corrupción. Esta semana se hicieron públicos, documentos bancarios que evidencian presuntos desvíos de dinero del gobierno regional de Ancash hacia cuentas personales de su presidente, Freddy Ghilardi.

El ex congresista habría utilizado incluso las cuentas bancarias de su esposa, suegro, hermano para esos fines. Y antiguos funcionarios de su gestión han empezado a sacar a la luz otros indicios que lo incriminan.

Esto se suma a la investigación que corre en la Comisión de Fiscalización del Congreso, sobre el presidente de la Región San Martín, Max Ramírez, también del Apra (Caretas 1788).

Freddy Ghillardi, de Ancash, tiene cuentas por aclarar. AGP indignado. Der.: Mario Huamán (CGTP), un apoyo condicionado al cumplimiento de las demandas sociales.

FRENTE SINDICAL

La cuenta regresiva acerca también el paro convocado para el miércoles 17 próximo por el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación Peruana (Sutep) y la movilización de la CGTP anunciada para el mismo día.

Los maestros y el Ministro de Educación, Carlos Malpica, parecen hablar lenguajes distintos. Mientras, el Sutep reclama el cumplimiento de los 40 puntos del acuerdo firmado después de su última huelga realizada en mayo, el ministro les pide apoyar la reforma tributaria. El martes sostuvieron una reunión de cerca de tres horas, luego de las cuales los dirigentes no cambiaron su determinación de ir al paro.

Paradójicamente los gremios coinciden con Merino. Mario Huamán, presidente de la CGTP, cree que el paquete tributario daría solución a los reclamos de los trabajadores. Pero sus pedidos, son tan amplios que van desde una inviable reprogramación de la deuda externa, hasta la reivindicación de los empleados estatales despedidos durante el régimen de Fujimori. La solicitud más específica, sin embargo, es el incremento del sueldo mínimo vital en cincuenta soles. Por ahí asoma un nuevo embalse de expectativas que el gobierno tendrá dificultad en resolver.

Y es que el Gobierno ha ligado directamente el éxito de la delegación de facultades con las mejoras sociales (educación, salud y educación). El apoyo que los sindicatos dan a la reforma impulsada por Merino, no sería entonces un saludo la bandera.

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