Edición Nº 1791

Prueba de Fuego
Un llamado a la "guerra por el gas" desata en Bolivia choques
sangrientos y una amenaza de lucha armada contra el gobierno.

CUANDO escribimos estas líneas, Bolivia está amenazada por un conflicto en que se juntan varios factores: la protesta contra la intención gubernamental de sacar el gas de Tarija por puerto chileno, el enfrentamiento de los cocaleros contra la intención de erradicar el cultivo masivo de la hoja y el descontento popular por la política conservadora del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

El detonante para la crisis fue, el sábado 20, la operación rescate de 800 turistas, entre los cuales había 40 extranjeros. Los campesinos de la zona de Torata, a 30 kilómetros del lago Titicaca, se enfrentaron a las Fuerzas Armadas. El resultado fue un soldado abatido y cinco campesinos, incluida una niña de ocho años, muertos.

El incidente aumentó la tensión. A partir de entonces arreciaron los choques y las protestas, que ya habían comenzado el viernes 19 con manifestaciones masivas en seis de las principales ciudades de Bolivia. La bandera de estas movilizaciones era la lucha contra la exportación de gas a Bolivia. La novedad de la protesta es que ahora se condensaba en el reclamo de que el gas no salga de Bolivia, sino que sea empleado para transformar la economía boliviana.

En Warisata, pueblo cercano a Torata donde se produjeron varias de las muertes del sábado, se ha visto con asombro que los campesinos han exhibido públicamente armas con las que amenazan enfrentarse a la fuerza pública. Si se toma en cuenta las tradiciones de Bolivia en cuanto a resistencia civil, incluso con las armas, el caso se torna preocupante.

Evo Morales, jefe del Movimiento al Socialismo (MAS) y líder de los cocaleros, organiza ya consultas para movilizar a los indígenas de la zona tropical de Cochabamba.

Una preocupación muy grande para el gobierno es el bloqueo de carreteras. La Paz, como se sabe, es abastecida por productores que vienen de alturas mayores. Cerradas las vías de acceso a la capital, el abastecimiento de La Paz resulta imposible. El lunes, el diario La Razón informaba que los precios de verduras, frutas y carnes se habían duplicado. No es eso lo peor. El propio cotidiano señalaba que los mencionados productos han casi desaparecido del mercado paceño.

Más inquietante aún es la situación en otros puntos del país. En Achacachi y Sorata, por ejemplo, las instituciones del Estado han sido barridas por la furia popular. En Sorata han sido quemados la subprefectura, el juzgado agrario, la notaría, el cuartel policial y el municipio. Desde el sábado, no existe allí institución alguna que represente al Estado boliviano. José luis Haro, viceministro de Gobierno, asegura, sin embargo, que la situación obedece a una retirada estratégica de la fuerza pública.

Un aspecto paradójico de los enfrentamientos entre sectores populares y Fuerza Armada es que hasta antes de los incidentes de la semana pasada ambas franjas estaban unidas en su oposición a la salida del gas de Tarija por algún puerto chileno. Los militares retirados habían expresado su posición en ese sentido de modo rotundo y reiterado. La sensación de que los militares en actividad tenían los mismos criterios hizo que, a principios de agosto, el presidente Sánchez de Lozada decidiera encargar a las Fuerzas Armadas un informe económico, político y social respecto al problema del gas.

Al margen de los resultados de esa consulta, es evidente que implica un retroceso en la actitud de Sánchez de Lozada, que se inclinaba por la salida del gas a través de Chile, puesto que tiene intereses económicos en la región chilena que sería favorecida con ese paso. La erupción de violencia pone sobre el tapete algunas interrogantes: ¿Estará en peligro el mandato del presidente Sánchez de Lozada? ¿Se romperá la convergencia militar-civil respecto al gas?

Sólo cabe formular votos por una salida pacífica, para bien de Bolivia y para la solución soberana de sus problemas, incluido el del gas.

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