Edición Nº 1804

¿Sabe Usted de qué Opina?
País sorprendente donde los ciudadanos conocen a todos sus ministros y tienen siempre a la mano una opinión formada sobre ellos.

il Rumbo a Punta Sal. Que ensaye Agua Dulce. Der.: Tuesta: Las repercusiones sociopolíticas de los sondeos implican responsabilidades públicas. n i EN los últimos años las encuestas políticas se han vuelto tan populares en los medios como el horóscopo o el reporte del clima. Han pasado de ser una herramienta para el análisis de la coyuntura política a ser la noticia política misma, retroalimentando sus conclusiones y dominando el debate político. La desaprobación de la gestión presidencial es seguida como si fuese el rating decreciente de un programa televisivo en riesgo de ser levantado del aire por los dueños del canal, pero sin que se recuerde que los contratos presidenciales son de cinco años y la baja popularidad no es condición suficiente para despedir al conductor, así éste llegue a ser un "seis puntos". La relación de los políticos con las encuestas nunca ha sido fácil y es común que saluden a aquellas que los favorecen y descarten a las que los perjudican, pero difícilmente las ignoran. Sin embargo, para que los sondeos sobre temas políticos reflejen adecuadamente a la opinión pública en un momento determinado es necesario que las empresas encuestadoras sean serias y que los analistas de los resultados obtenidos tengan la preparación necesaria, señala Fernando Tuesta, jefe de la ONPE y el mayor experto nacional en estos temas.

En el país existen, desde hace muchos años, institutos serios con la experiencia y los recursos técnicos necesarios para realizar sondeos. Lo novedoso es la mayor demanda de los medios por medir regularmente la opinión ciudadana sobre la gestión de funcionarios e instituciones públicas, sin elecciones a la vista. Hay una continua presencia en los medios del trabajo de las encuestadoras, pero muy rara vez aparecen explicaciones técnicas que especifiquen la naturaleza de un sondeo o los límites de sus resultados. Nadie explica científicamente por qué hay tan pocos peruanos indecisos frente a la coyuntura política que respondan con un simple "no sabe/no opina". País sorprendente el nuestro, en el que los ciudadanos comunes y corrientes conocen mayoritariamente a todos sus ministros y tienen siempre a la mano una opinión formada sobre ellos.

El análisis de los resultados de los sondeos plantea otros retos. Al haberse incrementado el número y la frecuencia de éstos han proliferado los analistas al paso, que se limitan a validar acríticamente los datos que les ponen al frente. Actuando como aquellos narradores deportivos que relatan a los televidentes lo que están viendo en la pantalla, hay expertos que se limitan a confirmar las tendencias que les presentan, sin cuestionar la pertinencia de las preguntas formuladas a los encuestados o arriban a conclusiones políticas que exceden largamente la materia encuestada.

i Aprobación de Toledo 2003 En Lima Metropolitana 20 puntos perdió el Presidente en las encuestas de aprobación sólo en los últimos 12 meses, una caída inquietante y sin precedentes en otros gobiernos, tanto que ahora se habla de la insoportable levedad de Toledo. Sin embargo, en los primeros meses del 2003, el Presidente no sólo volaba en avión presidencial sino con un 30% de aprobación. Ya entonces se hacía leña del Cholo, porque tan sólo unos 12 meses antes había ganado las elecciones con 53%, pero en contraste, hoy parece que hubiese gobernado el país aquel veranillo el mismísimo De Gaulle. En todo caso, el 2003 demostró que los puntos que el Presidente perdió de un tirón, no los recuperó de un envión. Los medios, por su parte, divulgan las encuestas como si fuesen los resultados de un proceso electoral, cuando son solamente opiniones personales de individuos encuestados sobre temas políticos no seleccionados por ellos y que no necesariamente eran parte de sus preocupaciones cotidianas. Por ello, cuando ocho de cada diez encuestados señalan que desaprueban la gestión de Toledo, en un contexto mayoritariamente adverso, no quiere decir que compartan una misma estrategia de lo que deba hacerse frente a esa desaprobación o que estén dispuestos a iniciar a algún tipo de acción política común. La responsabilidad de los medios es enorme en este terreno, porque las "repercusiones sociopolíticas" de los sondeos implican "responsabilidades públicas" de las que las encuestadoras y los medios no pueden sustraerse, como señala el mismo Tuesta en su libro No sabe/No opina: Encuestas políticas y medios que, a pesar de sus seis años de publicado, mantiene su vigencia.

Toledo no miente cuando afirma que su desempeño ha sido el más auscultado de la historia peruana, pero las consecuencias para el régimen democrático de este boom encuestador están aún por verse. De ser un mecanismo para ubicar tendencias o reacciones específicas de la opinión pública, las encuestas han devenido mecanismos de fiscalización permanentes, revestidos de un tono plebiscitario que permite promover agendas políticas no siempre explícitas. El punto central es que no hay temas políticos inocuos al elaborarse las preguntas para las encuestas.

Un inocente sondeo sobre las preferencias para las elecciones presidenciales del 2006 puede traer sorpresas. La inclusión de Alberto Fujimori entre los candidatos potenciales implica ignorar expresamente la inhabilitación por diez años sancionada por el Congreso. Igualmente, ubicar a Antauro Humala en el grupo, a pesar de sus opiniones sobre los fusilamientos sumarios o la legitimidad de los golpes de Estado, supone que quienes solicitaron o diseñaron la encuesta lo consideran apto para una competencia electoral. Muy distinto sería el asunto, si en ambos casos las legítimas preguntas sobre la aceptación ciudadana de ambos personajes estuviesen formuladas sin atribuirles condición presidenciable.

Para prevenir los excesos o deformaciones de los sondeos de opinión, los países han recurrido tradicionalmente a la autorregulación, al estilo anglosajón, o a la reglamentación, según el modelo francés, recuerda Tuesta. En el Perú se regula la inscripción de empresas encuestadoras y se establecen límites para la divulgación de encuestas en vísperas de procesos electorales, pero se deja un alto margen para la autorregulación. En realidad, es muy fácil inscribir una empresa de sondeos en el Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones. Basta cumplir con algunos requisitos formales que no incluyen aspectos técnico-profesionales. Hasta la fecha son 76 las empresas encuestadoras inscritas en el registro del JNE y expeditas para publicitar sus sondeos en cualquier momento. No cabe duda que cuando estalle la guerra de encuestas habrá que ponerse a buen recaudo.

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