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El Diferendo Marítimo del Sur
Ahora es cuando se podría solucionar. Chile dejó en Monterrey una cierta impresión adversa al discutir demasiado elocuentemente con la empobrecida Bolivia. Por ende, ésta parece una ocasión propicia para apelar a las mentes mas lúcidas de Santiago y lograr a una solución equitativa. A su vez, nuestra adhesión a la Convención del Derecho del Mar resulta ahora indispensable.

FUE en mayo de 1986 que el entonces Canciller de Chile Jaime del Valle se entrevistó con el embajador Juan Miguel Bákula del Perú, miembro de una delegación que visitó Santiago encabezada por Allan Wagner, también Ministro de Relaciones Exteriores en esos años, para conversar sobre temas pendientes del tratado de 1929. Bákula se centró en un asunto no resuelto: la separación de los espacios marítimos entre ambas naciones. Y en esa oportunidad el Canciller del Valle reconoció que el tema era "un problema que tenemos que estudiar" y, además, que "no lo podemos dejar para las calendas griegas".

Registro de esta conversación quedó plasmado en un memorándum y en una nota oficial de la embajada del Perú fechada el 26 de mayo de 1986.

Bákula destaca este episodio en su obra magna `Perú: Entre la realidad y la utopía. 180 años de política exterior', publicada en abril del 2002, y volvió a recordarlo en CARETAS 1750 (`200 millas de soledad').

Ahora cabe preguntarse si ya hemos llegado a esas calendas para comenzar a resolver razonablemente este asunto.

La mediterraneidad de Bolivia ha vuelto a inquietar a la región, tanto por el encontronazo verbal de los presidentes de Bolivia y Chile en la Cumbre de Monterrey, como por la precariedad del mandato de Carlos Mesa y el comportamiento de Evo Morales. Y, tangencialmente, el diferendo sobre nuestro límite marítimo del sur ha cobrado nueva vigencia.

La última edición del 2002 de la Revista de Marina de Chile publicó un trabajo titulado `Consideraciones en torno al límite marítimo Chile-Perú' en el que se da por resuelto el asunto en base al "paralelo geográfico del punto en que la frontera terrestre demarcada alcanza la orilla del mar". El artículo, que expresa la posición del ala intransigente en esta materia, asegura además que "Chile y Perú han reconocido, demarcado y respetado el límite marítimo que separa las aguas". Pero esto no es exacto.

La figura de José Luis Bustamante y Rivero aparece, desde 1947, como el Presidente peruano que reclamó las 200 millas, después como presidente de la Corte Internacional de Justicia entre 1967 y 1970, instancia que podría resolver el diferendo.

Como se sabe, dado el ángulo agudo que marca el paralelo sobre el recodo de la línea de la costa peruano chilena, de establecerse un límite internacional con ese trazo (ver mapa) "resultaría reconociéndose la jurisdicción chilena sobre aguas tan próximas a tierra peruana, dice Bákula, que crearían una situación inaceptable… no equitativa, intolerable e inamistosa.."

Y la posición del aludido artículo no es singular en Chile. En el año 2000, la cancillería peruana protestó ante la División de Asuntos Oceánicos y Derechos del Mar de la ONU que una carta náutica presentada por Chile entonces no correspondía a "acuerdo, tratado o convenio alguno".

La posición chilena se basa en que el Decreto Supremo Nº 781, mediante el cual el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero reclamó en 1947 jurisdicción sobre nuestras 200 millas marítimas, aludió a los paralelos como una forma de delimitar horizontalmente el `Mar de Grau'.

Posteriormente, y con la intención primordial de aliviar la situación de pescadores artesanales de la zona, que tradicionalmente habían navegado y pescado frente a las costas de países vecinos manteniendo una distancia de 3 millas -situación que cambió al extenderse la soberanía a 200 millas por un régimen de vigilancia y captura-, el Perú firmó otros acuerdos que tomaban los paralelos como referencia.

En 1954, por ejemplo, el Perú acordó con Chile la creación de un corredor de 20 millas de ancho de "agua de nadie" (una `Zona Especial Fronteriza Marina') para reducir el número de incidentes que provocaban "embarcaciones de poco porte, tripuladas por gentes de mar con escasos conocimientos de náutica". Y ese corredor también tomó como referencia el paralelo, así como lo hizo la erección de faros de enfilación en 1968.

Pero el embajador Bákula señala que esos eran regímenes especiales, algunos de carácter precario, sin referencia a legislación internacional y establecidos antes que existiera la Convención de los Derechos del Mar.

La Convención, que fue suscrita en Jamaica en 1982 por 119 países, al cabo de tres Conferencias especializadas de la ONU y realizadas a lo largo de 14 años, estableció por primera vez en la historia un régimen jurídico para ordenar jurisdicciones y derechos en todo el mar, masa que abarca el 70 % de la superficie del planeta.

La Convención de los Derechos del Mar, que hoy se aplica por la comunidad de naciones y ha sido suscrita por 156 países, creó, señala Bákula, diversos espacios marítimos, que constituyen nuevas áreas, competencias y soberanías. Van desde las aguas interiores, el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva, y el alta mar, hasta las aguas archipiélagas y las glaciales, los fondos marinos, etc.

Antes de la Convención, establecer límites marítimos era un proceso incierto, heroico si se quiere, pero de dudosa validez.

Ahora la Convención puede propiciar arreglos bilaterales amistosos como el que se debiera lograr entre el Perú y Chile en base a una división equitativa (lo que no quiere decir equidistante) de las aguas en disputa, o en todo caso llegar a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para resolver el asunto.

Se calcula que hoy subsisten alrededor de 400 diferendos marítimos en el mundo. Unos 20 de ellos han llegado a la Corte Internacional, la que ha resuelto varios. Por ejemplo:

Camerún-Nigeria (2002)
Qatar-Bahrein (2001)
Senegal-Guinea Bissau (1996)
Dinamarca-Noruega (1993)
Salvador-Honduras-Nicaragua (1993)
Libia-Malta (1985)
Canadá-Estados Unidos (1984)
Túnez-Libia (1982)

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Se calcula que subsisten unos 400 diferendos marítimos en el mundo, pero la Corte Internacional de Justicia de La Haya ha resuelto varios de los le han presentado.	n i

La Corte Internacional de Justicia opera desde 1939 y en todos los años anteriores a la Convención resolvió sólo otros dos litigios marítimos: Grecia vs. Turquía en 1978, y Alemania con Dinamarca y Noruega en 1969.

Geográficamente hablando, el diferendo entre el Perú y Chile es simple comparado con los que pueden confrontar los países del Mar del Norte europeo, por ejemplo.

Ahora bien, la interpretación chilena se basa en la línea del paralelo y la peruana se inclina a ampararse en el artículo 15 de la Convención, que dice que "los países con fronteras adyacentes no tienen derecho de ampliar su mar territorial mas allá de la línea media".

Chile, por cierto, ratificó la Convención en 1997 expresando reserva en cuanto a los límites. Pero si el Perú llevara el asunto a la Corte Internacional seguramente ganaría con algunos ajustes equitativos. En todo caso, la actual diferencia abarca un área de mas de 35,000 kilómetros cuadrados -del tamaño de Lima y Piura juntos.

El problema es que el Perú, desconcertando al mundo entero, no firmó la Convención de los Derechos del Mar al aprobarse ésta en Jamaica en 1982, y eso a pesar del largo esfuerzo protagónico de diplomáticos peruanos. Y el Perú sigue al margen en una de las demostraciones mas patéticas de desconcierto subdesarrollado y de patrioterismo inconducente.

Quienes todavía se oponen a la Convención (marineros de agua dulce como Javier Valle Riestra, Paco Belaunde, Alberto Ruiz Eldredge, etc.) arguyen que nuestras 200 millas son territoriales.

Pero como dijo a CARETAS 736 Máximo Cisneros Sánchez, en febrero de 1983, si hubiera sido factible consagrar internacionalmente mares territoriales de esa dimensión, las rutas marítimas tradicionales del Perú hubiera quedado encajonadas por Ecuador y Chile, con la vulnerabilidad del caso.

Y ahora no adherirnos a la Convención nos deja sin pie para negociar con Chile o, en todo caso, para acudir ante la Corte Internacional de Justicia. En otras palabras, el Perú debe suscribir la Convención de los Derechos del Mar cuanto antes. Esta parece una época adecuada para saldar diferencias, uniendo los esfuerzos de una "elite trinacional madura" (como la llama José Rodríguez Elizondo en CARETAS 1808 al incluir a Bolivia en la danza) y derrotando a los prepotentes y obtusos en un clima continental propicio.

Chile: la Armada se Arma
Posee ya la flota mayor del Pacífico Sur.

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Esta es una de las fragatas nuevas de Chile.
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LAS adquisiciones de armas, en especial navales, por Chile han alarmado a algunos. La última novedad es la llegada inminente a costas chilenas de la fragata Williams, comprada por US$ 45 millones a Gran Bretaña, en un paquete que incluye otras tres de la misma capacidad destructiva. No son nuevas, pero han sido actualizadas. A ello se suma la reciente aprobación de Washington para la venta a Chile del destructor Fletcher, que en la Guerra del Golfo Pérsico demostró que es capaz de alcanzar blancos a 1,500 kilómetros de distancia.
Aparte de eso, la ministra de Defensa de Chile, Michelle Bachelet, anunció en días recientes la compra de otras tres fragatas usadas, de Holanda, a un costo total de US$ 350 millones.
Lo más llamativo puede ser el lanzamiento, ocurrido en octubre último, del submarino Scorpene, fabricado en Francia y España, a un costo de US$ 400 millones. El contrato incluye otro del mismo tipo. Algunos analistas afirman que hay otros dos más en marcha. Este tipo de submarinos puede sumergirse a más de 300 metros y disparar misiles desde allí.
No todo se reduce a naves de guerra. Chile tiene aviones y tanques de generación reciente, aparte de poseer su propia fábrica de blindados.
Las compras de Chile obedecen a programas de largo y mediano plazo, y se benefician de los altos precios que está alcanzando el cobre en el mercado mundial. Como es sabido, el diez por ciento de las exportaciones de cobre se destinan en Chile a las fuerzas armadas. Esto significa hoy unos US$ 250 millones anuales.
Para un vistazo al horizonte naval sudamericano, cabe precisar que Brasil es el único país que tiene un portaaviones. Tiene cinco submarinos, mientras Chile va a llegar a cuatro (y quizás seis). El Perú tiene seis submarinos, pero son anticuados.
Para medir nuestras insuficiencias, hay que recordar que hasta hoy no se concreta la compra de dos fragatas Lupo usadas.