Edición Nº 1814

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PPK Bajo La Lupa
En estos días en que corre el fundado rumor de que aspira a la Presidencia.

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Un peruano con DNI y todo. Pero también tiene papeles de estadounidense, hecho que no oculta. No hay prueba de que renunciara a su peruanidad.

EL congresista Javier Diez Canseco arremete de nuevo contra Pedro Pablo Kuczynski. Esta vez plantea contra él una denuncia constitucional por infracción de los artículos 38, 124 y 126 de la Constitución, e incumplimiento de la Ley 27588 "que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios públicos".

Ocurre luego de un episodio significativo: una cena en casa de Susana de la Puente en la que se produjo algo así como un tanteo o lanzamiento informal de la candidatura presidencial de PPK. La banquera había dado antes su apoyo a Jaime Salinas (hijo), candidato de un novel partido.

Si el Congreso aprobara la denuncia, se produciría un sismo político. El jefe del gabinete, por cómplice, y el ministro de Economía tendrían que dar un paso al costado.

La piedra angular del texto de Diez Canseco es la doble nacionalidad del ministro, el cual es, en efecto, a la vez peruano y estadounidense. El congresista asevera que la adopción de la nacionalidad norteamericana exige "lealtad total y absoluta a los Estados Unidos".

Si esto fuera así, y si PPK hubiera prestado tal tipo de juramento, sus actos como ministro podrían incurrir en conflicto de intereses. Por ejemplo, ¿hacia qué lado se inclinaría su lealtad en el problema de los litigios pendientes con empresas de Estados Unidos, litigios que amenazan los intereses peruanos en la actual ATPDEA y las negociaciones de tratado bilateral de comercio?

CARETAS intentó en los últimos días interrogar a PPK sobre este tema crucial. Hasta el momento de escribir estas líneas no lo habíamos logrado.

Sin embargo, juristas como Enrique Bernales no ven impedimento para que un ciudadano que tenga doble nacionalidad sea ministro de Estado. No consideran que por el solo hecho de haber adoptado la nacionalidad estadounidense se haya condenado a una suerte de servilismo frente a Estados Unidos, y de deslealtad respecto del Perú.

La cancillería peruana ha certificado, por otra parte, que en ningún consulado peruano consta que PPK haya renunciado a la nacionalidad peruana. Tal renuncia tendría que haberse hecho, por ley, ante algún consulado nuestro.

Diez Canseco afirma en el texto de su acusación que el hecho de que PPK haya sido presidente y director del First Boston Bank Corporation prueba la ciudadanía estadounidense del ministro. Este es un cargo menor, puesto que se refiere al pasado y el propio PPK admite tener doble nacionalidad.

n   Diez Canseco mueve cielo, tierra e infierno en el afán de derribar a PPK y el gabinete. Der.: Antes de asumir la cartera de Economía renunció al directorio de la Southern, empresa hoy mejicana. Entre las acusaciones se menciona que PPK fue director de la Southern Perú Copper Corporation, a nombre de las AFPs que son socias minoritarias de esa empresa. Ejerció ese cargo, en efecto, hasta el 7 de febrero del 2004. (El 16 de febrero fue nombrado ministro del gabinete Ferrero). Un agravante que Diez Canseco formula es que en la etapa en que PPK fue director de la Southern se produjo la negociación para que ésta adquiriera los activos mineros del Grupo México. Era una propuesta de reversión. En efecto, en 1999 la empresa estadounidense Asarco, dueña de Southern, fue adquirida por el Grupo México, que pagó por ello US$ 1,180 millones. Pero ahora, el consorcio mejicano quería vender a Southern activos que incluyen la mina Cananea, que tiene una deuda de US$ 1,500 millones. Viveza charra o juego de libros contables -te compro barato y te vendo caro y en rojo. Como dijo un columnista local: a otro perro con ese hueso. Lo cierto es que la operación no se llevó a cabo. Diez Canseco reprocha, de todas maneras, a PPK no haber informado a las AFPs ni al público sobre lo negativo de la propuesta. ¿No informó en realidad? ¿Fue una propuesta tan ridícula que resultó rápidamente desechada? He ahí otras preguntas pendientes.

Otros cargos se refieren a intereses que el ministro de Economía tiene o tuvo en empresas extranjeras, en Estados Unidos, Chile y otros países. Por ejemplo, una cadena de cementerios en México y otra en Chile. A Tenaris S.A. de Argentina, vinculada a Techint, que construye el oleoducto de Camisea, renunció al mismo tiempo que a la Southern.

Si el ser socio o directivo de empresas privadas fuera impedimento para ejercer cargo público, habrá que plantearse cuántos ministros incurren en esa falta.

A esa responsabilidad se refiere el artículo 38 de la Constitución invocado por Diez Canseco: "Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales". El artículo 124 es el que exige nacionalidad y ciudadanía peruanas. Más riguroso es el artículo 126, cuyo parágrafo tercero expresa: "Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas"

 

EE.UU.: La Embajada Presiona Los litigios de algunas empresas no deben interferir en negociaciones de dos Estados. EXAGERADA resulta la actitud del embajador de Estados Unidos James Curtis, respecto de litigios pendientes entre el Perú y empresas estadounidenses. Carlos Ferrero, presidente del Consejo de Ministros, pintó, el lunes 8, el caso: "cuando estamos negociando sobre el acuerdo bilateral de libre comercio, vienen y te dicen: `primero arreglamos estos juicios'. No es muy grato, ¿no?". El ministro de Comercio, Alfredo Ferrero, redondeó el martes la definición, al decir: "Los litigios son externos al proceso de la negociación y no involucran ni al dos por ciento de las empresas norteamericanas en el Perú". Lo cierto es que los procesos entablados por doce empresas de Estados Unidos y una canadiense no involucran grandes intereses o enormes sumas de soles (o dólares). Además, y sobre todo, casi todos están en manos del Poder Judicial. El Ejecutivo no puede interferir en éste. El embajador Curtis, en su presentación ante la Comisión de Comercio Exterior del Congreso peruano, el lunes último, aparte de pedir celeridad en los juicios indicados, agregó que una de las cuestiones pendientes con el Perú son los derechos laborales internacionalmente reconocidos. Esta puede resultar, a la larga, una cuestión más espinosa que las otras, en un año electoral estadounidense en el que operan a toda máquina los diversos sectores industriales y agrícolas del Tío Sam, y en el que la poderosa central sindical AFL/CIO ha dado su apoyo al candidato demócrata John F. Kerry. Curtis reconoció, sin embargo, avances en la legislación laboral del Perú. Curtis basa su pedido de celeridad y justicia en el hecho de que el Perú, el 24 de setiembre del 2002, se comprometió a resolver problemas comerciales, con el fin de ser elegible para la Ley de Promoción Comercial Andina y de Erradicación de la Droga (ATPDEA). No todas las empresas litigantes aducen razones sólidas. Algunas intentan convalidar evasiones tributarias o incumplimiento de contratos. Lo que sí es evidente, como lo manifestó el embajador, es que varios de los casos judiciales han durado demasiado. Alguno tiene ocho años de larga duración. La relación de los casos es ésta: Engelhard: Reclama 180 millones de soles. SUNAT la acusó de haber establecido una cadena de distribución fraudulenta. Dice haber sido chantajeada por Montesinos. Princeton Dover. Tiene un reclamo similar al de Engelhard. Egenor. Procesada por SUNAT por beneficio indebido con medidas tributarias. Se le acusa de negociar con oro de contrabando. Ha pedido arbitraje. Edelnor y Luz del Sur. Llevaron su caso ante el Tribunal Fiscal. Parece que el fallo las favorecerá. El caso puede derivarse al Centro Internacional de Arbitraje. 3 M. Construyó en el área de los Pantanos de Villa, sin licencia, un almacén. Toca resolver a la Municipalidad de Lima. Northrop. Valoró radar para el aeropuerto "Jorge Chávez" en US$ 35 millones, siendo su precio real US$ 12 millones. Además, se le reprocha retraso en la instalación del equipo. Le Tourneau. La reforma agraria la afectó en 25,000 hectáreas. Está pendiente la actualización de una deuda que data de 1971. Big Marine. Reclama por una confiscación de barcos. Ngosco. Reclamo sobre instalación del radar en el aeropuerto "Jorge Chávez". Luz del Sur. Problemas sobre acotación tributaria. Arcadis. Perdió una licitación para contrato con Petroperú, pero luego el ganador le vendió el contrato.

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