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Edición Nº 1819 |
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Nombres PROCEDENTE de España, llegó al Perú el domingo 4 de abril. Faltaban pocos minutos para la medianoche y en la pantalla se encendió lo inimaginable. Su nombre y dos apellidos respondían a los de una persona con requisitoria por tráfico ilícito de drogas. Isabel Gómez Benito (34), periodista de profesión dedicada desde hace dos años a la docencia en Bucaramanga, Colombia, fue trasladada a la famosa sede de requisitorias de la Policía Nacional ubicada en la avenida Canadá. Fue recluida el 5 de abril en el penal Santa Mónica. Allí se quedó nueve días, con los santos incluidos. En un principio, las investigaciones del 51o Juzgado Penal de Lima determinaron que con el nombre de la española hay seis mandatos de detención en seis juzgados diferentes del Poder Judicial. Uno de ellos, el del Primer Juzgado Penal para procesos en reserva de Lima, no presenta ningún dato además del nombre (ver facsímil). El origen del caso está en dos atestados de la Dinandro que datan de los años 1994 y 1995. El primero es el informe No 133 12/94, por tráfico ilícito de drogas en la modalidad de transportar clorhidrato de cocaína en sobres con destino a Madrid. En el documento aparecen como no habidos Yolanda Osores Gómez e Isabel Gómez Benito. El 28 de setiembre de 1994 un sobre con 25 gramos de clorhidrato de cocaína fue enviado desde el correo de Pueblo Libre. Como en la canción de Pablo Milanés, tenía como solitario remitente a "Yolanda". La dirección y como destinatario a la dirección de Isabel: calle Helsinki No 16 1c.p. 28937- Mostoles, Madrid, España. En el atestado No 30 06/95 Dinandro también está como no habida una Isabel Gómez Benito y se trata de la misma táctica. Frente a esto, el lunes 12 Interpol de Lima, en coordinación con su par española, determinó que la periodista, si bien avecindada por muchos años en Madrid, nunca residió en la dirección mencionada. En la ciudad están cuatro personas registradas con ese nombre. Gómez Benito salió libre el martes 13 y ofreció una conferencia de prensa al día siguiente. "El Poder Judicial sigue emitiendo órdenes de captura sin datos de filiación. Sin nombres completos, edad, sexo y lugar de nacimiento como dice la ley". Las palabras de Imelda Tumialán, jefa del equipo de Protección de Derechos Humanos en dependencias policiales de la Defensoría del Pueblo, ya parecen letanía. (L. Cruz)
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