Edición Nº 1820

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Aguas Calientes
La Casa Pierde
Juego irreponsable: casa del alcalde Valencia, ubicada en zona de riesgo, resultó damnificada. El peor daño, sin embargo, fue para el Santuario.

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Un ejército de personas reconstruye vivienda del alcalde Valencia ubicada en un terreno de 300 metros, cerca de la estación. Recomendación de la UNESCO: "Prohibir el uso de equipos pesados de filmación".

EL 23 de julio del 2003 apareció en el diario El Sol del Cusco la siguiente noticia: "Alcalde de Machu Picchu hasta el momento no ejecuta obra alguna... Pero sí avanza incontenible construcción de su casa". En efecto, Oscar Valencia concluyó su vivienda de material noble en una zona vulnerable, él mismo se dio la licencia, y claro, fue afectada por los últimos huaicos. Pero parece que no ha aprendido la lección.

Desde que ocurrió la tragedia, el 10 de abril pasado, ha hecho lo mismo de siempre: soliviantar a los pobladores de Aguas Calientes y quejarse por que su municipio no tiene recursos para poner en marcha una serie de obras de prevención.

Pues sucede que no solo recibe el 10 % de lo que recauda el INC por el ingreso a la ciudadela de acuerdo a la ley N°ree; 28100 (ver CARETAS 1819), que fue propuesta por Raúl Diez Canseco por presión del FIM -tanto Oscar Valencia como Carlos Cuaresma, presidente de la región son fimistas- sino que también le toca una buena tajada de lo que percibe Concetur, consorcio de accionariado difundido que maneja el servicio (monopolio) de buses que suben al complejo arqueológico, del cual la municipalidad participa. Se sabe que el fondo que maneja Concetur se acerca a los 3 millones de dólares anuales.

El gran problema es que no hay forma de hacerle entender a Valencia que hay normas que deben cumplirse y planes que tienen que ejecutarse. Hace un año, por ejemplo, que la alarma que alerta a los habitantes de Aguas Calientes de un posible desastre natural, no funciona.

Pero como bien dice Mara Seminario, ex asesora de Mincetur, justamente en el tema Machu Picchu, es hora de buscar soluciones. Ella sugiere que las autoridades revisen, solo para inspirarse, la Ley de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos (Ecuador). No sería mala idea, asimismo, pensar que la Estación de Aguas Calientes, inaugurada el 27 de febrero de 1998, vuelva a su lugar de origen, Punta Ruinas.

No obstante, hasta ahora, nadie ha tomado el liderazgo respecto a la situación del Santuario Histórico.

n   Una parte del café Inkaterra, al lado de la línea férrea, se desmoronó. Desapareció un empleado. Der.: Ministro de Educación, Javier Sota Nadal y Canciller Manuel Rodríguez, ambos cusqueños, se pronuncian. Al respecto, CARETAS recogió la opinión de dos conocidos cusqueños, el ministro de Educación Javier Sota Nadal y el canciller Manuel Rodríguez. Dice el ingeniero Sota Nadal: "La situación en Machu Picchu es preocupante. Si bien se registran avances con relación a ciertos aspectos de la conservación del Santuario, estos esfuerzos resultan todavía insuficientes. Requerimos avanzar hacia una visión integral para el manejo del área y, como lo ha señalado la propia UNESCO, necesitamos reforzar una autoridad que gestione el conjunto del bien y no sólo vele por aspectos parciales.

Creo que es indispensable establecer, con el concurso de especialistas e intelectuales representativos del pueblo cusqueño, una entidad con suficiente poder y recursos para garantizar la administración eficaz del sitio más representativo, a nivel nacional e internacional, de nuestro patrimonio cultural y natural".

Y esto sostiene el canciller: "El Santuario Histórico de Machu Picchu no es sólo el símbolo universal de nuestras antiguas culturas, es también, gracias al esfuerzo de los peruanos y la sensibilidad de la comunidad internacional, Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad. Su inscripción en la lista de la UNESCO conlleva obligaciones para su conservación y sustentabilidad. Por ello, Machu Picchu, además de la protección de la legislación nacional, se beneficia de la tutela de las normas del derecho internacional, a través de la aplicación de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972 y sus directrices técnicas. La Convención estipula que el principal responsable de la conservación de un bien declarado Patrimonio de la Humanidad es el Estado en el que dicho bien se encuentra ubicado. En el caso de Machu Picchu, el Estado peruano. De no cumplirse o de cumplirse insuficientemente esta obligación, se corre el riesgo de que el Comité del Patrimonio Mundial declare a Machu Picchu en peligro, lo que representaría una sanción moral de la comunidad internacional.

El Comité del Patrimonio Mundial ha advertido en reiteradas oportunidades desde mediados de la década pasada, que la gestión del Santuario no se estaría ajustando a los estándares internacionales, a pesar de los esfuerzos que despliegan las autoridades nacionales competentes. Machu Picchu es considerado uno de los diez monumentos más preciados del mundo. Declararlo en peligro en julio próximo cuando el Comité se reúna en China, afectaría la imagen de nuestro país en el exterior y dificultaría la inscripción de otros bienes peruanos en la Lista. Esto, considero, es algo que en ningún caso debería suceder.

Creo que es urgente e imperativo adoptar, con la participación de las autoridades y entidades representativas del Cusco, las decisiones de gestión que aseguren una administración totalmente compatible con los estándares internacionales y las disposiciones de la Convención de 1972 y sus directrices técnicas, así como la sustentabilidad de Machu Picchu. Esto es un imperativo nacional", severas palabras que hay que tomar en cuenta. (Teresina Muñoz-Nájar).

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