Edición Nº 1821

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El Paso de la Muerte
Masacre en Ilave revela el lado más primitivo de la política nacional.

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Esposas y familiares de las 17 personas secuestradas en el enfrentamiento claman justicia. Ilave, 60 mil habitantes, es la tercera ciudad más importante del Altiplano.

Fotos OSCAR MEDRANO

"Lo han golpeado, lo han sacado a rastras, le han hecho callejón oscuro. El que viene con palo con palo, él que viene con fierro con fierro y luego como Túpac Amaru se lo han llevado a la Plaza de Armas para luego botarlo debajo del puente", dice entre sollozos Prudencia Ruelas Salas, esposa de uno de los vigilantes que el lunes 26 intentó frenar a la muchedumbre que ingresó a la casa de Cirilo Robles Callomamani, alcalde de Ilave, en la región Puno, y que convirtió al pequeño distrito del Collao en una suerte de Fuenteovejuna altiplánico.

Luego del caos desatado ese lunes, que acabó con la vida de Robles y de dos regidores, Juan Mamani Mamani y Eduardo Lope Condori, que aparecieron calcinados en poblados cercanos a Ilave, y de la desaparición de otras 17 personas, la ciudad amaneció el martes sin presencia policial, dominada por el disgusto, el desorden y el miedo de pobladores que no veían con buenos ojos la intromisión de foráneos.

Durante esa madrugada, luego de soportar el asedio de más de cinco mil pobladores, efectivos de la PNP que resguardaban la comisaría de Ilave habían logrado trasladar el cuerpo de Robles Callomamani hasta la morgue de Puno. Los restos llegaron previamente al Hospital General del distrito a las tres de la tarde del lunes. Fueron recogidos debajo del puente nuevo del pueblo, refaccionado, paradójicamente, por Robles. Según el director del nosocomio, Francisco Lajo Soto, presentaba politraumatismo grave.

"Ya es muy tarde, ya es muy tarde", repetían los pobladores. "Ustedes vienen cuando las cosas están ya hechas, váyanse de una buena vez", decían refiriéndose a la prensa. "Un mes entero hemos estado sufriendo y nadie ha dicho nada".

La Plaza de Armas de Ilave se encuentra rodeada de una arquitectura dispar: edificios modernos conviven con casas a medio hacer y construcciones vetustas. En el centro de la Plaza de Armas, una efigie de Francisco Bolognesi viene acompañada de una leyenda que reza: "La expansión del Cristo inconmensurable". Una pobladora insistente asegura que Robles, antes de morir, miró la leyenda y pidió perdón a los pobladores.

n Población acusaba a Cirilo Robles de malversación de fondos, peculado y nepotismo. Sin embargo, cargos no pudieron ser comprobados. Su gestión se inició a comienzos del 2003, junto a la de los presidentes regionales. Su martirio duró cuatro horas. Al lado, el cuerpo inerte del burgomaestre presentaba politraumatismo grave. ¿LADRON, MATÓN Y CORRUPTO? La justificación que los pobladores hacen del aniquilamiento del alcalde, quien fuera hasta hace tres años militante de Patria Roja, espanta por su sencillez. "Este señor no quiso dejar la alcaldía, a pesar del pedido de la población. Eso lo tomamos como una provocación. Nunca respondió a los malos manejos que venía realizando", dice Ricardo Luque Vilca, poblador del barrio Porvenir, aledaño a Ilave. El problema venía durando ya un mes. Desde el sábado 3 de abril, pobladores de las comunidades campesinas aymaras, como Farata, Pilcuyo, Chuchipucará, Chipana, y el propio llave, venían exigiendo la salida de Robles acusándolo de malversación de fondos, nepotismo y peculado. A esto se sumaba que Robles, candidato de Unión Regional, había sido elegido con bajo respaldo popular -tan sólo 17%- y no consolidó alianzas políticas a tiempo y de manera sólida. ¿Pero pudo evitarse el desastre? A juzgar por la secuencia de documentos firmados por Edgar Mamani Condori, prefecto de la región, la situación fue permanentemente auscultada. El 6 de abril se conformó una Comisión con representantes de la Prefectura, la Oficina Defensorial y la Vicaría de Solidaridad de la Prelatura de Juli.

La Comisión le planteó a Robles su renuncia. Incluso le propusieron irse becado a España por seis meses hasta que los ánimos se calmaran. No le habían podido probar ninguna de las imputaciones y Robles sólo accedió a delegar por 30 días las funciones del alcalde al regidor Teófilo Contreras Encinas.

El lunes 26 volvió al pueblo para reunirse con su junta de regidores y definir su situación. Del resto se encargó el ánimo enardecido de los pobladores que acampaban en la Plaza de Armas. De acuerdo a un informe policial, llegaron a ser seis mil.

n   Arriba, agresor no identificado aún por la Policía en los momentos que Robles era lentamente asesinado. abajo derecha, detenidos Wilfredo Llanquei, Rogelio Mendoza y Mariano Escobar, fueron rescatados por la turba que asaltó la comisaría.   Según las comunicaciones de Mamani Condori enviadas al despacho del Ministerio del Interior, el presidente regional David Jiménez Sardón no se aunó a los esfuerzos de la Comisión. Incluso en una ocasión "se bajó del carro" cuando la Comisión se dirigía a Ilave. A la luz de los acontecimientos, resulta irónico el oficio enviado por Jiménez a Mamani el 26 de abril. Producida la tragedia, le hace "conocer que habrían ocurrido hechos lamentables en la provincia del Collao" y le urge "disponer de las acciones más adecuadas". Para la viuda de Robles, Marina Cutipa, son cuatro los responsables de la muerte de su esposo. Acusa a Alberto Sandoval Loza, teniente alcalde de Ilave y antiguo militante de la facción Pukallaqta. Con él Robles mantenía una tensa relación y a lo calificó públicamente en Asamblea del Cabildo el jueves 1 de abril, como el "autor intelectual y principal agitador de masas". También a Valentín Ramírez Chino -presidente del Frente Único de Defensa de Ilave, FUDI- y Saúl Butrón Condori -ex dirigente del FUDI-, como sus cómplices. Las pistas de la Policía van en la misma dirección pero apuntan también a tres regidores más y periodistas de Radio Armonía de Ilave.

No se percibe influencia directa de Sendero en los tristes hechos del lunes 26. Sin embargo, el terrible vídeo que registró el linchamiento recuerda los ajusticiamientos maoístas. CARETAS confirmó que al teniente alcalde Sandoval se le abrió instrucción judicial por delito de terrorismo (Nº 521-96-CSJP de setiembre de 1996), la que fue archivada provisionalmente en enero de 1997.

Aunque cumplió con un papel bienintencionado y visitó la zona en dos ocasiones en los últimos días, se equivoca el congresista Jony Lezcano al negar que Sendero Luminoso tuvo influencia en Puno, como declaró a un medio de comunicación. De hecho, entre 1986 y 1989 el terrorismo ejerció intensa actividad en ese departamento. Se produjeron varios paros armados, saqueos y asesinatos de autoridades políticas. En febrero de 1986, por ejemplo, se inició un juicio popular con el homicidio del gobernador de la localidad de Chupa.

n Rospigliosi en la mira, pero todo indica que la Prefectura cumplió. Der.: La dramática conversación entre un policía de la comisaría de Ilave y el ministro Rospigliosi fue un enlace de Jesús Miguel Calderón de RPP. Las circunstancias recuerdan un contacto similar entre un oficial de policía y el entonces ministro Armando Villanueva durante la toma senderista del puesto de Uchiza en 1989. El diálogo al aire de Ilave pudo traer graves consecuencias al Ejecutivo si se producían muertes, como sí ocurrió en aquella ocasión. A pesar que el mismísimo Abimael Guzmán se refirió a los puneños como una "masa explosiva", las explicaciones culturales y étnicas resultan insuficientes para este caso. Puno es la gran puerta de entrada para el contrabando vendido en nuestro país y el dinero en juego es muy significativo. El moderno edificio de la Municipalidad -observado en el vídeo mencionado- es muestra de ello. Este año Ilave esperaba ingresos muy superiores a los del año pasado. Además, ya fue reseñado el proyecto de Robles para crear un camal municipal. Ello se estrellaba frontalmente con los intereses de los ganaderos en la zona. La radicalización del terreno puede estar relacionada con otros factores. El ministro Fernando Rospigliosi aludió a la presencia del movimiento etnocacerista en Puno y vale recordar una vez más la debilidad por el fusilamiento de su líder Antauro Humala. También se baraja la influencia de sectores aymaras vinculados al líder cocalero boliviano Evo Morales. CARETAS contactó a Felipe Quispe, secretario general de la Confederación Única de Trabajadores del Campo de Bolivia y depositario del título de Mallku, líder máximo de la etnia aymara. Dijo no estar enterado de lo sucedido en Ilave, pero opinó que le parecía "lindo". El ejemplo cunde. En tres localidades de Puno (Ayaviri, Paucarcolla y Tilali) se está exigiendo la renuncia de los alcaldes. En Caupanas, Ucayali, el burgomaestre Oswaldo Peralta Rojas fue retenido por los pobladores para pedirle cuentas claras.

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Doscientos efectivos policiales de la Dirección de Operaciones Especiales hicieron su ingreso el martes a la Plaza de Armas para recobrar el orden. Al lado, las afueras del hogar del burgomaestre. Soledad y miseria.

ENTRANDO EN LA CANCHA

A la una de la tarde del martes 27, un pelotón de 200 efectivos policiales -integrado por diversos destacamentos de la provincia del Collao y capitaneado por el comandante Enrique Arenas- hizo su alucinante ingreso a la Plaza de Armas de Ilave, llena de bote a bote por campesinos recelosos.

Por unos momentos se pensó en el salvaje enfrentamiento de la noche anterior. Los campesinos destrozaron la comisaría debido a la detención de tres individuos sindicados por la familia de Robles como autores materiales: Wilfredo Llanquei Flores, Rogelio Mendoza Candia y Mariano Escobar Huayta. A pesar que la Policía cedió y los liberó, la turbamulta insistió y dejó como prueba irrefutable los autos quemados y el gas lacrimógeno flotando en el aire.

Por fortuna el martes no se repitió la situación. Haciendo gala de sangre fría, Arenas advirtió "que sólo venían a resguardar el orden sin meterse con nadie", mientras los efectivos acordonaban el perímetro de la plaza. Luego, las fuerzas del orden ocuparon la comisaría destrozada, en medio de cánticos como "Ilave valiente y combativo" y "Ni un paso atrás", de varios cientos de pobladores.

Ahora, la comisión de alto nivel designada por el gobierno -encabezada por el presidente del CND, Luis Alberto Thays y el jefe del gabinete de asesores del MININTER, Dante Vera- tiene un problema peliagudo que excede las reuniones meramente coyunturales para ver este caso. Es fundamental encontrar responsables penales, pues de lo contrario la mecha sólo se apagará con más violencia. Pero también tiene que entender y atender las demandas de un segmento de la población peruana que se siente excluida de la sociedad -como la aymara, la indígena- y que inclusive reclama su anexión a Bolivia, si es que no quiere que los campesinos vuelvan a justificar con pasmosa frialdad, "muy tarde, muy tarde", ante cualquier exceso criminal.

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