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El Paraíso y la Ruina
Ley que regula las actividades en el Parque Nacional de Galápagos (Ecuador), aplaudida por el mundo entero, debería inspirar a nuestros legisladores si queremos salvar Machu Picchu.

EL turismo a las Islas Galápagos es caro y en consecuencia excluyente. Por una razón muy simple. Los ecuatorianos han entendido que su fabuloso Santuario Ecológico no les pertenece solo a ellos sino a la humanidad. "Por eso -señala el doctor Luis Narváez Rivadeneyra, embajador del Ecuador en el Perú- tenemos el deber moral de cuidarlo. Hay cupos anuales para los turistas, por ejemplo, y los respetamos más allá de la ventaja económica que pueda significar para el país". El año pasado visitaron las islas 123,174 personas (los cupos tienen un flujo variable de acuerdo a la demanda, la época y la resistencia del lugar, y el ingreso fluctúa entre los 100 dólares para el turista extranjero no residente en el Ecuador, y los 6 dólares para el turista nacional o extranjero residente en el Ecuador).

Sin embargo, el camino para llegar, finalmente, a expedir la Ley de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos, no fue fácil.

"Los antecedentes, además, no son muy gratos -explica el embajador- porque como se recordará, en 1941, durante la invasión japonesa a Pearl Harbor, el Ecuador facilitó a los Estados Unidos establecer una base militar en las islas. Afortunadamente el desarrollo de los hechos no permitió que ocurrieran conflictos bélicos en la zona, de lo contrario, no estaríamos hablando en estos momentos sobre Galápagos". "Es decir -continúa- teníamos una conciencia de solidaridad pero no del valor ambiental de la ínsula". Una vez que los americanos dejaron Galápagos, el lugar se convirtió en un centro penitenciario para delincuentes de alta peligrosidad. Entonces, los habitantes que ocupaban las islas (13 islas mayores, 6 pequeñas y más de 40 islotes) eran muy pocos.

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Embajador ecuatoriano explica bondades de Ley.

Al parecer nadie se daba mucha cuenta que el mundo no había vuelto a ser el mismo desde que Charles Darwin, quien visitó el archipiélago en 1835, se hizo la siguiente pregunta: ¿Por qué los pinzones y las tortugas de cada isla de los Galápagos son diferentes a pesar de que las condiciones físicas de estas islas, cercanas entre sí, parecen semejantes? Darwin concebía, nada menos, alguna de las ideas capitales de su teoría de la evolución.

Localizadas a 900 kilómetros de la costa ecuatoriana, las islas Galápagos emergieron del Pacífico hace tres o cinco millones de años como resultado de diversas erupciones volcánicas ocurridas debajo del agua. Visitar Galápagos es como volver al origen de los tiempos. Allí habitan hasta ahora los reptiles más viejos del mundo, tortugas gigantes (pesan hasta 300 kilos) e iguanas terrestres y marinas únicas en su especie.

Pero no fue sino hasta 1960, con el robustecimiento de los movimientos ecológicos y los llamados internacionales para manejar racional y sabiamente la naturaleza, bajo el emblema de que hay una sola Tierra, que las cosas comenzaron a cambiar. "En esa década -indica el embajador- se crea la Fundación Charles Darwin con el apoyo de la Unesco y se inicia una etapa que nos llevaría a aprender a manejar la reserva (hace 25 años fue declarada Patrimonio Natural de la Humanidad) sin lesionar los intereses de los lugareños de Galápagos, alrededor de 3,000, en esos momentos".

Pese a que en los últimos años el gobierno ecuatoriano, a través de la autoridad del Parque Nacional de Galápagos, velaba por la conservación del preciado ecosistema de las islas con suma meticulosidad, el incremento de su población (15,000 actualmente) estaba generando problemas terribles. Roberto Aguirre Román, de la Cámara de Comercio ecuatoriana, escribió en el diario El Universo, el 25 de febrero de 1998, entre otras cosas, lo siguiente: "El principal problema de Galápagos es la brutal cantidad de gente que ahora vive, lucra y abusa de las islas. Hay nuevas especies animales y vegetales introducidas por el hombre. Ecologistas de ayer son ahora sólidos empresarios turísticos, por lo que ahora se dan a relucir las que antes fueron sus reales intenciones".

Un mes más tarde, el 18 de marzo de 1998 saldría la ley que mencionamos al inicio de este artículo. De acuerdo al periodista ecuatoriano Nicolás Romero Ordeñana, columnista de la revista Vistazo: "Tomó décadas pulirla y ha sido aplaudida en el mundo entero como modelo para el manejo de un área protegida". Romero añade: "Esta ley dio forma a dos organismos claves para el buen funcionamiento de Galápagos y su reserva marina y terrestre: el Parque Nacional Galápagos, que goza de mucha autonomía, y la Junta de Manejo Participativo, institución que aglutina a los diversos y heterogéneos grupos económicos y sociales presentes en la isla, con miras a tomar acuerdos y metas comunes".

Por su parte, el embajador Narváez refiere que la dación de la famosa ley originó grandes discusiones y desacuerdos, pero que por lo menos se ha logrado que pobladores, turistas y naturaleza convivan armoniosamente.

Para Mara Seminario, ex asesora de Mincetur en el tema Machu Picchu -quien por cierto, fue quien alcanzó la Ley Galápagos a CARETAS- se debería establecer un mecanismo legal similar para el manejo del Santuario Histórico de Machu Picchu. "No será la varita mágica (como no lo ha sido en el Ecuador) para salvar Machu Picchu, pero sí nos podría permitir darle el sitial que se merece: "La Ley Galápagos, ha sido el resultado de un largo proceso de trabajo técnico y al tratar de imitarla nos ahorraría muchos caminos ya recorridos por los ecuatorianos. No solo ha sido aplaudida internacionalmente sino que ha generado muchísima cooperación técnica y aportes para la isla".

CARETAS alcanzó una copia de la Ley al presidente de la comisión de Medio Ambiente del Congreso, Hildebrando Tapia. Esta comisión acaba de aprobar una ley que regula todas las reservas naturales del país. "Está lista para el dictamen en el pleno", informa Tapia. El congresista considera no obstante que urge un marco legal específico para Machu Picchu.

Pero, por los últimos acontecimientos, el gobierno no tiene ninguna intención de resolver el problema que actualmente afecta al Santuario Histórico de Machu Picchu. Es decir otra vez el presidente Alejandro Toledo metió la pata. El primer gran error lo cometió el año pasado al aprobar la ley que le otorgaba el 10 % de lo recaudado por las entradas a Machu Picchu al municipio de Aguas Calientes. Lo que pretende ahora, es darle al gobierno regional del Cusco todo el poder al respecto. No solo le va a otorgar el 30 % de lo recaudado por el ingreso a las ruinas sino el manejo de la Unidad de Gestión de Machu Picchu. Esta decisión del Presidente no se ha basado en ningún criterio técnico. Se sabe que el propio presidente del Consejo Nacional de Descentralización, Luis Thais, les dijo a los representantes del INC, el Inrena y el Mincetur, visiblemente fastidiados con todo este asunto, que la decisión de Alejandro Toledo era más bien política y que en política había que comerse muchos sapos. Thais también habría dicho que según Toledo, Carlos Cuaresma era un aliado de su gobierno y había que apoyarlo. Otro triunfo de Fernando Olivera, sin duda. Habrá que ver qué dicen estos caballeros cuando el Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco incluya al Santuario Histórico en su lista de "bienes en peligro".