ABC de las AFP
Cinco razones para revisar el sistema privado de pensiones.

Escribe RICHARD WEBB* EN el tema de las AFP, es necesario regresar a los principios básicos. Primero, ¿cómo se justifica imponer al trabajador esta contribución? El descuento mensual para la AFP es un dinero que la familia trabajadora no podrá invertir en educación, en casa, en poner un negocio, o en cualquier emergencia. Es una propiedad de la que no puede disponer la mayor parte de su vida. Según la Constitución, la propiedad es inviolable, salvo por necesidad pública. Segundo, supongamos que existe una necesidad pública o colectiva para el país. ¿Pero cuál? ¿Se trata de aumentar el ahorro interno y así contribuir al desarrollo del país? Esa intención se deduce de la ley, porque obligó a que casi todos los fondos de las AFP se invirtieran en el país; apenas 10 % podían invertirse afuera. Sin embargo, muchos critican esa restricción con el argumento de que la razón de ser de las AFP sería proteger mejor a los ahorristas. O sea, una razón de ser individual y no pública. Esta contradicción debe ser debatida: si prima la finalidad del bien privado, desaparece el argumento de necesidad pública para que el Estado dicte al trabajador cómo debe disponer de nada menos que el 11.5 por ciento de su salario.

Tercero, aún si las AFP producen un beneficio social, creando ahorro, también tienen un costo social, creando informalidad. Toda deducción a la planilla termina gravando al obrero y al empresario honesto, desalentando el empleo y agravando la creciente división del país en dos partes, un mundo formal y otro al margen de la autoridad.

Cuarto, las AFP conforman una industria protegida, creada precisamente por un gobierno que redujo la protección en otros sectores. El Estado pone la mesa servida, llevando a los ahorristas de la nariz. Pero si el Estado obliga al trabajador a comprar este servicio, debió asegurarle un precio mínimo. Por el contrario, el Estado parece haberse inclinado por un modelo particularmente oneroso. Las AFP cobran por su trabajo una comisión. En el 2003, las AFP recibieron 161 millones de dólares en comisiones y casi todo fue un pago innecesario desde el punto de vista de los ahorristas. La prueba de que es innecesario es que la mayor parte de los US$ 161 millones recibidos por concepto de comisiones se destinó a fines que no reportan ningún beneficio al ahorrista: US$ 31 millones fueron gastos de venta, $ 24 millones se pagaron como impuesto a la renta de las AFP, y US$ 72 millones se quedaron como utilidad de las empresas. En total, US$ 127 millones -80 por ciento de lo que los trabajadores pagaron en comisiones- beneficiaron a las empresas AFP, al Estado y a los comisionistas, relacionistas, publicistas y otros proveedores de esas empresas, incluyendo los medios. Todos esos beneficios los paga el trabajador. Quinto, no hay negocio más inseguro que el que depende de una protección del Estado. Todo beneficio del Estado tiene un costo fiscal o político, y por lo tanto, es un sujeto legítimo de cuestionamiento perenne. No debe sorprender, entonces, que el tema de las AFP esté siempre presente en el debate público. Que todos ahorren para tener una pensión es un buen objetivo. Mejor aún si además se crea ahorro que se invierte en el país. Pero el esquema actual es innecesariamente costoso, deja en el olvido a la mayoría, sus beneficios sociales no son claros y además tienen una contrapartida de costos sociales. Sugiero una reflexión que parta del bien de la mayoría y del respeto pleno de la propiedad. ___________ * Ex presidente del BCR.