Edición Nº 1827

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Prostitución Infantil
El Que Peca Paga
Seis años de cárcel para quienes atenten contra la libertad sexual de menores. Ley coincide con renuncia que involucró al ex ministro de Agricultura en este tema.

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Ex ministro José León, investigación sobre hostal de propiedad de sus hijos debe continuar. Der.: Ley también llena vacío legal y considera expresamente la pornografía infantil por internet.

NO se sabe cuántos niños y niñas son prostituidos en el Perú anualmente. Pero por los datos recogidos de los Centros de Emergencia de la Mujer que maneja el MIMDES -32 en todo el país-, se puede obtener cierta idea de la cifra. "Entre enero y abril de este año -dice la ministra Ana María Romero- estos centros han atendido alrededor de 11 mil casos de violencia sexual, 1,800 de ellos contra niños y adolescentes". Es decir, más del 15 %. Además, se sabe con exactitud que el 80 % de las niñas que son inducidas a ejercer la prostitución fueron violadas previamente en sus hogares por sus padrastros, tíos y hasta sus propios padres. "Estas pequeñas -continúa la ministra- pierden totalmente la autoestima y caen muy fácilmente en la explotación que, por cierto, les permite ganar algunos soles".

En consecuencia, la promulgación de la ley (el lunes 7 de junio), que modifica 14 artículos del Código Penal referidos a delitos contra la libertad sexual de menores de edad, si bien no solucionará de raíz un problema social tan grave como éste, contribuirá a reprimir duramente a toda una cadena delincuencial, uno de cuyos eslabones es el cliente o usuario. Y esta es una novedad. Como lo es también la relacionada con la edad de los menores. "Cuando se hacían operativos -explica la ministra- se recogía a los niños y se trataba de entregarlos a sus padres o tutores, a los clientes no les pasaba nada". Pues ahora la carcelería para ellos será efectiva: no mayor de 6 años ni menor de 4 (Art. 179-A). Según Ana María Romero, esta nueva figura penal tiene como objetivo proteger a los y las adolescentes que por su edad están todavía en proceso de consolidación de su autonomía y libertad sexual. "El cliente o usuario -afirma ella- que consume sexo de estos chicos obstaculiza y corrompe el mencionado proceso".

Ahora bien, si antes el Código Penal sancionaba el proxenetismo siempre y cuando la víctima tuviera 14 años, en adelante lo hará -en todos los casos de delitos contra la libertad sexual- cuando la víctima tenga entre 14 y 18 años. La razón es fundamental: "de acuerdo a la Convención de los Derechos de los Niños y Adolescentes, todo menor de 18 años debe gozar de protección especial". Es importante señalar que la Comisión de Justicia del Congreso, durante la revisión del proyecto de ley, recibió la opinión del penalista Arsenio Oré para quien el menor entre 14 y 18 años goza de su libertad sexual y por ello su consentimiento a practicar actos sexuales es válido, como el de un adulto. El doctor Oré sostuvo en su informe que por este motivo, no debería sancionarse al usuario/cliente ni al seductor. Así y todo, la Comisión de Justicia no cambió el texto del proyecto. "Este es un gran logro", sostiene la ministra. El pleno lo aprobó con 76 votos a favor, uno en blanco y una abstención.

El turismo sexual infantil (Art. 181-A), se ha incorporado asimismo como un hecho delictivo y sanciona a los "agentes activos" que publicitan guías turísticas que promueven, favorecen y ofrecen contrato sexual con niñas, niños y adolescentes. "Las modalidades previstas -refiere Romero- son diversas: escritos, folletos impresos, visuales, audibles, electrónicos, magnéticos, a través de Internet o cualquier medio". Y, por cierto, hay un artículo (182-A) que sanciona a dueños, gerentes o responsables de medios de comunicación masivos "que publiciten la prostitución infantil, el turismo sexual infantil o la trata de menores de 18 años de edad".

De acuerdo a la ministra de la Mujer, la promulgación de esta ley se debió al trabajo conjunto del MIMDES y de todas las ONGs que tienen que ver con el tema de la niñez. En su origen, se sistematizaron 52 diferentes iniciativas legislativas. Poco a poco se fueron afinando algunos aspectos de las mismas hasta que se llegó a elaborar un texto "consensuado". Lo que toca ahora es difundirlo, realizar campañas de sensibilización en la sociedad y operativos que ahora sí van a clausurar definitivamente locales y lugares por mucho tiempo "identificados" pero que, dado que no había penas efectivas, seguían funcionando.

La reciente denuncia contra "Villa del mar suites hotel", en Trujillo, local que supuestamente alentaba la prostitución (inclusive de menores de edad) y que es de propiedad de un hijo del ex ministro de Agricultura, José León, tendrá que ser investigada hasta las últimas consecuencias. Sobre todo porque es el Estado el que adopta medidas drásticas e inmediatas para proteger a las víctimas actuales y potenciales de las mafias que hacen de la explotación infantil, un lucrativo negocio. (Teresina Muñoz-Nájar)

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