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LA recién creada Asociación de Radio y Televisión plantea como cierta la ecuación falsa que dice: inversión extranjera = medios más sólidos. El mismo lobby plantea la necesidad de abrirse a los capitales extranjeros manifestando que hay una discriminación al sector, ya que en otras áreas sí existe apertura a inversionistas foráneos. Ambos argumentos son pueriles. La independencia de un medio de telecomunicaciones no está condicionada por la fortaleza económica del grupo que la dirige. La historia reciente demuestra que quienes tienen fortunas (como Schütz o los Winter) son igualmente vulnerables a ser corrompidos, sean de la nacionalidad que sean. Respecto a la discriminación, sólo basta decir que tener legislaciones diferenciadas por sectores es algo absolutamente racional y necesario. Vender información (por razones culturales y de seguridad) no es lo mismo que vender dulces. Como se consigna en CARETAS 1827, buena parte de los países con medios de comunicación sólidos sólo aceptan pequeños porcentajes de participación extranjera, que no suelen pasar del 20%, como es el caso de EE.UU., según refiere en CARETAS 1801 Jonathan Levy, miembro de la Comisión Federal de Comunicaciones de dicho país. En todo caso, Javier Diez Canseco planteó una atingencia a considerar: si se permite la participación extranjera, que sea con un criterio de reciprocidad. En épocas de TLCs, desacuerdos fronterizos marítimos y autoritarias políticas preventivas, eso deber ser un punto a considerar. Igual de válidos son los reparos de Natale Amprimo, quien sustenta que los artículos a redactarse en la ley sobre la participación extranjera deben ser harto específicos, ya que es probable que "empresas constituidas en paraísos fiscales, empresas llamadas off shore" puedan ser titulares de una licencia. Un caso similar lo constituye el aumento del acaparamiento de licencias al 40%, lo que sin duda fomenta el oligopolio. El mismo Levy afirmaba que sólo la pluralidad de medios aseguraba una administración de información heterogénea. La Veeduría Ciudadana, por su parte, argumenta con certeza que la renovación de las licencias no debe ser automática (aquí existe un problema entre manejo de contenidos y expectativas de inversión a largo plazo), y a su vez, destaca que los Códigos de Ética que cada medio debe publicar no cuentan ni con un Defensor, ni con un mecanismo que asegure su real cumplimiento. Sin duda, la ley es una necesidad en tiempos en los que la TV se encuentra quebrada, fragmentada, en litigio, o, en todo caso, en uno de los peores descalabros morales de su historia. Agarrar esa papa caliente es un mérito del Congreso, pero ceder con ceguera a los requerimientos del lobby tiraría por la borda el beneficio que ésta pueda traer. (Jerónimo Pimentel)