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Edición Nº 1838 |
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Mesa Mal
Servida
JUSTO cuando se cumplía un año de la presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la semana pasada se hizo pública la resolución del Consejo Supremo de Justicia Militar que declara improcedente el pedido que Raida Cóndor y Rosario Muñoz hicieran para que se declare la nulidad del proceso seguido en el Fuero Militar contra los responsables del caso `La Cantuta' en 1994 y que terminó con la absolución de Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos y Luis Pérez Documet. La resolución es firmada por el presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, contralmirante Carlos Mesa Angosto y los vocales, contralmirante Chanduví Salazar y el mayor general FAP Carlos Rojas Salcedo. El fiscal militar Juan Ramos se pronunció en contra. El contralmirante Carlos Mesa es conocido por tener una férrea postura con respecto a la defensa del fuero militar. En junio de este año, durante el seminario `Justicia Militar: perspectivas y propuestas' declaró que un juez civil no está preparado para asumir casos militares y su intervención "significaría un estorbo a nuestra labor". Basta revisar la lista de procesos absueltos, prescritos y sobreseídos en la justicia militar para entender la "labor" en cuestión. CARETAS accedió a una relación de casos emblemáticos archivados recientemente entre los que están el del mayor general FAP Hernán de Souza Peixoto Zumaeta (561-v-93, fraude) y el coronel FAP Guillermo Ciriane Anchorena (5296-0090, fraude). Por la Marina de Guerra fueron absueltos el capitán de corbeta Walter Villanueva Mercado (266-90-21, lesiones) y el capitán de fragata Carlos Chanduví Salazar (284-v-94, malversación). En el Ejército destacan los casos sobreseídos del ex director del SIN, Julio Salazar Monroe (494-v-94, negligencia) y los siete juicios del general de brigada Juan Carlos Urcariegui Reyes (1183-2031, por enajenación, es uno de ellos). El controversial Pérez Documet tenía otro serio caso en su contra del que también salió bien librado (227-v-94-a, contra la vida). La lista continúa. Estos vicios fueron confirmados en auditorías hechas por la misma institución a partir del año 2001. En su severa conferencia de prensa del viernes 27, el defensor del pueblo Walter Albán instó a jueces y fiscales de la justicia militar a "que se abstengan de iniciar procesos ya iniciados en el fuero civil". Existen varios casos de militares procesados en esas instancias que presentan por voluntad propia demandas ante la justicia castrense, "acaso creyendo que recibirán un tratamiento distinto", señaló Rocío Villanueva de la Defensoría. Fue esta institución la que interpuso en junio último una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Justicia Militar. "Sus miembros están jerárquicamente sometidos, no ofrece garantía de justicia ni al personal de las FF.AA., y ha servido más bien como mecanismo de impunidad", señaló Albán el viernes 27. "La justicia castrense debiera juzgar sólo delitos de función, y en ningún caso delitos comunes". Este reciente fallo debería dejarle poco espacio a la discusión al respecto.
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