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¿Lucho Estás?
Alcalde de Lima brilla en las encuestas, pero palidece ante temas cruciales.

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Alcalde Luis Castañeda Lossio. Ante la ola de asaltos se impone una voz metropolitana.

Si la política se basara únicamente en encuestas, Lima debería ser un paraíso. El 75 % de aprobación que le dan varios sondeos de opinión a Luis Castañeda Lossio lo convierten, de lejos, en el funcionario público de mayor aceptación popular en el país, a pesar de que Lima metropolitana atraviesa por momentos muy difíciles.

De pronto, la costumbre de responsabilizar de casi todos los males imaginables a la clase política, entendida ésta como la suma del Ejecutivo y del Congreso, hace pensar a los limeños que a su alcalde sólo se le debe evaluar por sus obras públicas y planes de desarrollo metropolitano. La eficiencia administrativa de Castañeda es palpable en la construcción de vías, recuperación de espacios urbanos y planes importantes como el resucitado tren eléctrico o el terminal de buses bajo la antigua Plaza Grau.

No obstante, la situación de la capital es muy grave en asuntos que también son de competencia municipal y en los que hay, por lo menos, responsabilidades políticas por las que ninguna encuestadora pregunta. Por ejemplo, el caótico sistema (de alguna manera hay que llamarlo) de transporte público capitalino no ha mejorado en absoluto y sigue regando las calles de muerte y polución con toda vitalidad.

La administración Castañeda arrastró los pies en varios proyectos mimados de su antecesor Alberto Andrade, como el SETAME o el Plan Bratton de tolerancia cero contra la delincuencia y, por desgracia, no ofreció nada mejor a cambio. Los taxistas formales se quejan de cobros injustificados y falta de apoyo edil para ellos, mientras los piratas florecen sin tropiezos. Ante ese panorama, su indefendible propuesta de revisiones técnicas ha recibido un amplio rechazo de diversos sectores. En cuanto a la ola de delincuencia común que azota a la capital, se echa de menos un liderazgo metropolitano que ofrezca a la población una salida o, por lo menos, el compromiso de buscarla. Castañeda tiene el capital político para hacerlo, aunque le cueste algunos puntos de laureles estadísticos.

FACTOR DE PRODUCTIVIDAD

Con el voto dirimente del presidente de Osiptel, Edwin San Román, se aprobó la resolución que declara infundada la impugnación hecha por Telefónica del Perú al factor de productividad. Telefónica había calculado el factor de productividad en 4,6 % anual. Sin embargo, ahora las tarifas de telefonía fija deberán bajar 10,07 % y las de larga distancia 7,8 % cada año, según cálculos de Osiptel. Con el valor de productividad de 10,7 % para el trienio 2004-2007, se espera que se reduzcan las tarifas un 30 % en el período.

CRONOGRAMA DE AJUSTE

Los sectores que tendrán que disminuir son la renta mensual, la llamada por minuto, el servicio de instalación y la larga distancia. La reducción de 10,7 % al año en las tarifas se hará en cuatro armadas. La primera reducción con este factor de productividad empezó a correr desde el 1 de setiembre. Los usuarios sentirán el ajuste en este primer trimestre con los servicios de la tarjeta 147 y el incremento de minutos libres en los 14 planes tarifarios. El índice de productividad calculado para el trienio 2001-2004 fue de 6 %, casi un aumento de 70 % en la eficiencia de la empresa, según Osiptel.

YA VIENE EL GAS

Poco más de un mes desde su inauguración, se pondrá a prueba la enorme plataforma marina de la planta de fraccionamiento de gas de Camisea. Este martes 14 llegará la primera embarcación de gas licuado de petróleo (GLP) a la bahía de Paracas. `El Zeta Gas', como se llama el buque, llevará 3,600 toneladas de GLP al puerto del Callao, donde será recibido por Sol Gas para el consumo doméstico. Según Alberto Valcárcel, gerente comercial de Pluspetrol, se estaría exportando los primeros barriles de GLP en la tercera semana de setiembre.

Las credenciales de Augusto Pinochet como dictador y violador sistemático de los derechos humanos fueron siempre incuestionables. Lo que estaba menos documentado era el enriquecimiento ilícito que había obtenido. Ahora, en vísperas del 31 aniversario de su cruento golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende, brotan las pruebas de sus cuentas en bancos norteamericanos y del involucramiento de sus familiares en transacciones no muy santas. De esta manera, la corrupción termina de coronar una biografía infame que trascendió fronteras como revelan los numerosos testimonios, recientemente revelados, de su papel central en el siniestro Plan Cóndor.

El presidente Toledo viajará a EE.UU. del 20 al 24 de setiembre, para asistir al inicio del período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, al cambio en la secretaría general en la OEA y realizar un tour por el FMI, BID y BM. La próxima semana el Congreso deberá aprobar la gira.

Los recientes entredichos entre integrantes de la alta dirigencia de Perú Posible como Luis Solari y Carlos Bruce, o el destape de los supuestos nexos entre el jefe de gabinete de asesores del Mininter, Juan Sheput, y personajes ligados al fujimorismo, dan una idea de la guerra sin cuartel que serán las elecciones internas del partido a realizarse el 30 de octubre.

Previamente, se llevará a cabo un congreso estatutario de PP para adecuar las normas internas a la nueva ley de partidos políticos. Posteriormente, se llevarán a cabo elecciones en las bases del partido para elegir a sus delegados. El proceso estará monitoreado por la ONPE. Entre los candidatos figuran Juan Sheput, David Zarazú, Alberto Cruz y Ciro Pacheco(Cusco).

El aumento del presupuesto para Defensa y la conformación del llamado Fondo de Renovación impulsado por el ministro Roberto Chiabra son dos de las pautas diseñadas para sacarle lustre al sector. La tercera, también supervisada por el congresista Luis Iberico, es el Memorando de Entendimiento firmado con la Federación
Rusa, lo que no es otra cosa que un crédito "blando" de US$ 250 millones que será pagadero en unos 10 años. Recuerda a un trato similar de 1972 y en principio servirá para repotenciar equipo estandarizado que se utilice en las tres FF.AA. y probablemente la Policía, vale decir aviones Antonov y helicópteros MI 8 y MI 7. En el tercer año se incluirá también el remozamiento de la flota de combate (MiG 29, SU 25 y SU 22). Son entre 90 y 120 técnicos rusos los que llegarán en los próximos meses, quienes se instalarán en el CEMAN de la FAP y los talleres de reparación de la Aviación del Ejército. Entre sus objetivos también está la construcción de una planta de mantenimiento en Moquegua, cercana a la Base Descentralizada de Aviación del EP, que abastecerá al pequeño mercado de empresas privadas que trabajan con helicópteros.

Hace pocos días, la Sociedad Geográfica de Lima, respetada institución con más de un siglo de labor científica e histórica en favor del país, publicó el texto cuyos párrafos iniciales reproducimos aquí. El pensamiento del Contralmirante Brousset corresponde a la opinión de nuestra Marina, tal como ha sido fijada por el Consejo de Almirantes. En estos días, el Contralmirante (r) Fernando Casaretto Alvarado, director del Museo Naval, dijo a CARETAS: "La Marina considera que debe firmarse la Convención del Mar, en defensa de nuestros intereses marítimos permanentes". Esa firma se aplazó hace años, porque el entonces presidente Fernando Belaunde (segundo período) expresó: "Si firmamos la Convención, el patriarca se muere". Se refería al ex presidente José Luis Bustamante y Rivero. El texto del contralmirante Brousset está precedido por esta frase: "Por no seguir dando espaldas al mar, por estar de acuerdo con la adhesión a la Convemar como decisión valiente y patriótica de la mayoría de los peruanos, la Sociedad Geográfica de Lima hace suyos los conceptos del presente artículo". Firma el presidente de la Sociedad, Contralmirante Raúl Parra Maza.

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Almirante (r) Brousset: afirmar lo esencial. Der.: Gustavo Pacheco: quiere dilatorio referéndum.

Escribe JORGE BROUSSET BARRIOS,
Contralmirante (r) de la Marina de Guerra del Perú n

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar es un instrumento que ha alcanzado nivel universal. A la fecha cuenta con 145 Estados Parte de la Convención, y por tal razón se le denomina "Constitución de los Mares". El Perú ha participado activamente durante la etapa de negociación desde 1973 a 1982, contribuyendo de manera efectiva con sus actos, desde 1947, al reconocimiento de nuevos espacios marítimos que se extienden, en algunos casos, más allá de las 200 millas.

Sin embargo, por falta de divulgación nacional y una percepción limitada de sus alcances, en un mundo cambiante donde la soberanía absoluta es cada vez más difusa, todavía estamos al margen de este instrumento universal que desde ya nos permitirá hacer valer nuestros legítimos derechos en varios aspectos relacionados con la protección y explotación del ámbito marítimo, sobre los que las normas internacionales resguardan convenientemente los reales intereses nacionales, principalmente en lo económico, y la legítima extensión del dominio marítimo hacia los límites con nuestros vecinos.

Uno de los principales inconvenientes en la opinión pública nacional ha sido la extensión del "mar territorial". La Convención sólo reconoce al Estado ribereño el derecho de extenderlo hasta las 12 millas náuticas. En muchos sectores peruanos se tiene la percepción de que desde 1947 se extendió el mar territorial hasta las 200 millas. Estudiosos del tema en el Perú han discutido este asunto a través de los últimos 30 años y no se ha llegado a un acuerdo. Pero lo sustancial es que existe una aceptación universal que hace imposible y nada práctica esta discusión, ya que mediante los espacios denominados "zona económica exclusiva y plataforma continental", el Perú obtiene lo esencial de su reclamo original sobre las doscientas millas del mar que baña sus costas.

Es inaudito que un país marítimo como el Perú, cuyo mar de Grau es uno de los más ricos y productivos del mundo, esté al margen de este importante y único instrumento universal que regula todos los aspectos de soberanía y jurisdicción para los diversos usos de los océanos, ya que establece un equilibrio entre los diferentes intereses presentes en la utilización del medio marino, en especial para la protección de los recursos económicos del Estado costero, mediante beneficios derivados de la mayor seguridad jurídica que implica la aplicación de sus disposiciones.