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Edición Nº 1845 |
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Portada
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Bitácora
de una Crisis EL jueves 14, por primera vez en casi dos siglos, el diario oficial El Peruano tuvo dos ediciones en un solo día. Una de ellas emprendió un verdadero vuelo nocturno. Apareció de noche, en edición extraordinaria de sólo ocho páginas. Contenía el Decreto de Urgencia 012-2004, la decisión que Lan Perú esperaba para volver a volar. El Decreto facultaba al Ministerio de Transportes a otorgar nuevos permisos de vuelo con carácter excepcional a favor de aquellas empresas de transporte aéreo "cuyos permisos de operación y/o de vuelo se encontraran suspendidos". Era pues, como se ha dicho, una ley con nombre propio: Lan Perú. Juristas distinguidos pusieron el grito en el cielo. "Hemos roto la separación de poderes y violentado la Constitución, que dice que el Poder Judicial tiene funciones exclusivas y sus disposiciones tienen que cumplirse", declaró Enrique Bernales. Igual opinaron Jorge Avendaño y el congresista Natale Amprimo. Bernales motejó, sin embargo, de "torpe y apresurada" la decisión del juez Eloy Zamalloa, que había ordenado la paralización de Lan Perú, por no contar, según una denuncia, con el 30 % de capital peruano requerido por ley. Avendaño precisó que ante la decisión de Zamalloa el Ejecutivo pudo acudir ante el Tribunal Constitucional planteando un conflicto entre poderes y que, antes de que estallara el drama, el juez Zamalloa pudo decretar, no la suspensión de vuelos, sino un embargo, una administración temporal o la exigencia de una fianza. El otro lado de la cuestión es que la suspensión de vuelos de Lan Perú hubiera podido provocar una hecatombe, en un espacio aéreo casi huérfano de aviones. Lan Perú representa hoy el 52 % del movimiento nacional de pasajeros y 5,500 personas en 45 vuelos nacionales y 12 internacionales cada día. Si la paralización se prolongaba, esto hubiera significado ruina para el turismo y pérdida de millones de dólares para el país. Hubo, una vez más en el Perú, un conflicto entre la realidad y la ley. La realidad tiene raíces en el período de Fujimori, cuando, so capa de neoliberalismo, se abandonó un sistema aéreo que funcionaba, y con dos líneas peruanas. Lo recordó el abogado Guillermo Gulman, especialista en derecho comercial aéreo, en CARETAS 1832. En esa época el Estado peruano regulaba las operaciones de las compañías privadas. Faucett y AeroPerú estaban obligadas a servir rutas muy rentables, junto a las que apenas cubrían el costo y las que requerían subvención. La carne salía con hueso. El 13 de setiembre de 1991 se estableció la "libertad" para la obtención de permisos de operación y la arbitraria fijación de tarifas. Después empezó el viacrucis de nuestra aviación comercial. AeroPerú fue tramposamente privatizada. Aerocontinente emergió y sepultó, con "libre" guerra de tarifas, a compañías más pequeñas. Esa es la realidad que da margen para lo sucedido con Lan Perú.
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