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ARTICULO 2 de diciembre de 2004
Paginas 10 y 11 de la edición impresa.

Dos desconocidos abordaron a Rojas la noche del lunes 29, le dispararon a quemarropa y huyeron en su camioneta. Su viuda, cua tro huérfanos y el pueblo entero lo lloran. Der.: Sólo tenía 35 años pero ya había cosechado enemigos acérrimos.

¿Quién Apretó el Gatillo?
Alcalde de Santiago de Chuco, Eberth Rojas, asesinado en Trujillo por poderosos enemigos.

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Arriba: Manuel Sánchez Paredes, presunto autor intelectual del asesinato de Rojas. Abajo: Perciles Sánchez, cabeza del clan y connotado narcotraficante.  

LUNES 29, 11 p.m. Eberth Rojas Alipio, alcalde provincial de Santiago de Chuco, en La Libertad, fue emboscado por dos sujetos en la puerta de su casa, en Trujillo. Rojas estaba acompañado por una amiga, Verónica Ávila. Los criminales lo sorprendieron, le descerrajaron dos balazos y robaron su camioneta.

En el hospital, poco antes de morir, su esposa Dorila Ibáñez logró escuchar que decía lo siguiente: "Me mató Manuel Sánchez Paredes". Fueron sus últimas palabras.

Según sus parientes, el principal sospechoso de ser el autor intelectual es, en efecto, Manuel Sánchez Paredes, alcalde de Mollebamba, un distrito ubicado en la provincia de Santiago de Chuco (a 148 kilómetros de la ciudad de Trujillo). Sánchez es miembro de una de las familias más poderosas de la región y poseedora de minas de oro.

Ambos sostenían una rencilla a muerte. En febrero de este año, Rojas denunció a Sánchez Paredes por haberse apropiado supuestamente de 11 tractores y niveladoras que habían sido donadas por el gobierno fujimorista para la construcción de carreteras en Santiago de Chuco. Las máquinas eran usadas en las minas de oro de la familia del alcalde de Mollebamba.

A Sánchez Paredes parece que la tierra lo ha tragado. Sólo ha dado la cara su abogado, José Bueno, quien dijo que éste se encontraba fuera del país al momento de ocurrido el crimen. Pero sus antecedentes non sanctos avivan las sospechas en su contra.

Manuel Sánchez -junto con sus hermanos Wilmer y Perciles (conocido como `El Padrino' de Trujillo por sus vínculos con el capo Alfonso Rivera)- figura en el atestado de la Dirección Nacional Antidrogas (Dirandro) Nº 104-H-IC de 1977 (CARETAS 1021).

Según fuentes de la Dirandro, luego de que Perciles fuera asesinado, en 1991, Manuel Sánchez repartió su fortuna entre los hermanos. Para evitar las indagaciones de la DEA, habría creado varias empresas en Trujillo, Cajamarca y Lima para lavar dinero.

Ciertos hechos ocurridos antes del crimen revelaban ya que el norte de país estaba agitado. El domingo 28, en la víspera del crimen, la minera Sulliden Shahuindo publicó un anuncio en varios medios de circulación nacional denunciando actos delincuenciales cometidos por 100 trabajadores de la minera Algamarca, propiedad de la familia Sánchez Paredes. Éstos habrían utilizado tractores oruga y cargadores frontales para cerrarle el paso a las maquinarias de la minera Sulliden Shahuindo, en la carretera Cajabamba-Moyán Alto, según la denuncia.

En un hecho similar, el 16 de este mes, 200 comuneros atacaron el campamento de la minera Buenaventura, que lleva a cabo un proyecto de exploración de oro y plata denominado La Zanja. El ataque dejó un muerto y varios heridos.

El martes 30, el diario Clarín de Cajamarca informó que en el pueblo de San Miguel habían aparecido pintas senderistas. El hecho es inquietante.

Los últimos hechos no dejan dudas: ser alcalde en el Perú hoy en día -y más aún en una zona "caliente"- se ha convertido en una actividad de alto riesgo, en un peligro latente.

El 2004, por cierto, ha sido un año particularmente negro para los burgomaestres del interior. Sobre todo luego del 26 de abril, cuando pobladores de Ilave mataron al alcalde Cirilo Robles.

El hecho gatilló un inaudito descontrol en ciertos gobiernos locales. Se sabe, por ejemplo, que entre abril y junio unos 10 alcaldes fueron agredidos por grupos de manifestantes. Las características del crimen del alcalde Rojas apuntan a un ajuste de cuentas y denotan una frialdad y una percepción de impunidad que las autoridades tienen la obligación de desentrañar. (Patricia Caycho).

 


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