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EL INVIOLABLE LA polémica decisión del Pleno del Congreso de la República, de trasladar al Ministerio Público las investigaciones y denuncias contra el legislador oficialista Jorge Mufarech, no pudo caer en fecha más simbólica que en vísperas del Día Internacional de Lucha Contra la Impunidad, el cual se celebra a partir del viernes 10. Fueron 66 legisladores que votaron por que todo lo actuado vaya a la Fiscalía, seis de Perú Posible cerraron filas en torno al empresario. Veinte estuvieron en contra (19 de ellos de PP) y 11 se abstuvieron. Tras las duras críticas que cuestionan su análisis y conclusiones jurídicas, el informe de la comisión multipartidaria sobre los presuntos delitos e irregularidades de Mufarech, será alcanzado el jueves 9 por el titular del Parlamento Antero Flores Aráoz a la fiscal de la Nación Nelly Calderón. El documento fue "desnudado por sus vacíos legales" durante el debate en el Pleno, sostuvo el primer vicepresidente del Congreso, Natale Amprimo. En tanto, Flores Araoz justificó la decisión de la mayoría y aseguró que el Parlamento "no es un juzgado y no somos magistrados". En el calor del debate en el Pleno, Mufarech aseguró que "cuando caigo, lo hago de pie". Presagiaba un desenlace a su favor, porque al final dijo "Me doy por satisfecho. En el Ministerio Público sabré defenderme". De prosperar una denuncia fiscal será el Poder Judicial el que asuma la otra etapa de la investigación para determinar si Mufarech es pasible del levantamiento de su inmunidad. Un proceso que podría demorar todo el 2005, tal vez parte del 2006. Amprimo consideró que la comisión Carrasco pudo prever el escándalo emitiendo un informe preliminar y pedir más tiempo para el análisis de sus investigaciones. De los ocho cuestionamientos que empezó a investigar la comisión a principios de octubre de este año, el grupo parlamentario tipificó finalmente cuatro delitos en sus conclusiones. Por su parte, el legislador Carlos Infantas (FIM) sustentó un informe en minoría. Al final se abstuvo. La comisión multipartidaria determinó que Mufarech cometió delito de falsedad ideológica al consignar información falsa en la declaración única de importación con la finalidad de ocultar sus vínculos de parentesco con su proveedor chileno, una empresa de propiedad de uno de sus hijos. También por el delito de fraude procesal al haber inducido al error al fiscal superior Arquímedes Pesantes al presentarle un documento de Aduanas de Chile que no fue remitido oficialmente por ese país. Otro de los delitos es por patrocinio incompatible al valerse de su condición de ministro de Trabajo durante el fujimorismo para "atacar, denunciar, recabar información privilegiada" contra quienes se oponían a sus intereses personales. La comisión sostuvo también que hay indicios razonables para determinar que el empresario textil cometió asociación ilícita para delinquir al vincularse con la red de Vladimiro Montesinos; asimismo, el legislador de PP es acusado de haber incurrido en infracción constitucional por sus "faltas" y "deméritos políticos" cuando se desempeñó como titular de Trabajo en 1999. Ante la avalancha de cuestionamientos a las conclusiones de su grupo de trabajo, el congresista aprista José Carrasco anunció el martes que en enero próximo estaría presentando una denuncia constitucional contra Mufarech ante la subcomisión de Acusaciones Constitucionales que preside otro aprista: José Luis Delgado. Lo cierto es que hasta ahora el caso de Mufarech no ha merecido el pronunciamiento del presidente Alejandro Toledo (José Clemente).
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