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El Que
Calla Otorga
UN congresista del oficialismo se sorprendió de ver la nube de periodistas que avanzaba rápidamente por los pasadizos del Congreso de la República la tarde del martes 14. "¿Por qué tanto alborto?, preguntó incrédulo.
"Es Almeyda", le respondieron. El legislador se empinó para verlo
bien y achinó los ojos. La silla de ruedas en la que llegó fue dejada a un lado. César Almeyda avanzó a duras penas, cojeando. Era otro, en efecto. No vestía uno de los costosos ternos que acostumbró usar cuando estaba en el poder. Llevaba una camisa sencilla, sin corbata. Ha ganado varios kilos. La Comisión de Fiscalización, presidida por el aprista Javier Velásquez Quesquén, lo había citado por segunda vez para aclarar ciertos puntos del llamado caso Bavaria y, a través de su defensa, él había aceptado gustoso la invitación. Pero esta vez su reacción fue inesperada. César Almeyda se negó a responder el pliego de 27 preguntas que le hizo el grupo parlamentario que investiga el presunto soborno que -según testimonio del colaborador eficaz Hugo Durán- habría pagado la cervecera colombiana al ex asesor presidencial, operación que salpicó al jefe de Estado. Su comportamiento fue francamente curioso y recordó a los cabecillas de las mafias y camorras italo-americanas, cuando insistían en apelar a la 5a enmienda de la Constitución de los EE.UU. para guardar silencio y ocultar momentáneamente sus delitos. Sus abogados Luis Roy Freire y Mario Amoretti alegaron que él ya había respondido las preguntas ante el Ministerio Público y, de esta manera, volvieron a cerrar la posibilidad de que Almeyda Tasayco se convierta en un colaborador eficaz y ratifique los explosivos casos de corrupción al más alto nivel que él mismo comentó a CARETAS (edición 1813). Es cierto que las preguntas de la Comisión de Fiscalización no tenían argumentos novedosos, pero el ex consejero presidencial respondió a cada una de ellas de la misma forma: -"Me abstengo a declarar". El ex jefe del Consejo Nacional de Inteligencia (CNI) se encuentra bajo
arresto en el marco del proceso Almeyda-Villanueva, el único que
tiene abierto. Sin embargo, el jueves 4 de noviembre, el Centro de Transparencia
de Tecnología de la Universidad Católica envió a
la jueza anticorrupción Aissa Mendoza las conclusiones de la pericia
practicada al famoso audio.
El informe indica que "no se puede afirmar con certeza que a aquellos a quienes se les tomó la muestra de voz sean los que intervienen en las conversaciones registradas". La noche del martes, el procurador Luis Vargas Valdivia confirmó, en una exigente entrevista con César Hildebrandt, que "no se podía escuchar con claridad a los que conversaban en el audio". Y luego replicó que la cinta era simplemente "inaudible". Como se recuerda, los diarios Perú 21 y Correo habían hecho un escándalo paralelo con el audio y mostrado transcripciones puntuales de una conversación indescifrable. Detrás del entuerto estaban Miguel Salas, hoy preso en el penal San Jorge, y el periodista Beto Ortiz. Lo contradictorio es que Almeyda perdió su libertad por una historia sin base, pero hasta el momento no se le ha abierto proceso por un caso tan delicado como el del presunto soborno. Sin nada que temer, ¿por qué decidió callar ahora el ex asesor legal de Toledo? En CARETAS 1833 se revelaron las conversaciones que mantuvieron Enrique Chávez, editor de esta revista, y César Almeyda. CARETAS insistió en todo momento para que el ex asesor se acoja a la colaboración eficaz y éste nunca descartó tal posibilidad. En ese entonces -febrero pasado- Almeyda habló de una operación comercial en la que una empresa asistida por la ley fue presionada por el presidente Alejandro Toledo. El propio Almeyda habría hecho los depósitos bancarios que superaban los US$ 5 millones. La operación involucraba a la cervecera, como parte de un grupo extenso, pero "si sólo se señala a Bavaria, el caso se desvirtúa", le dijo el ex consejero legal a Enrique Chávez. Después de la revelación, Almeyda se replegó, pero en declaraciones posteriores al programa de César Hildebrandt confirmó las características internacionales del entripado. Por cierto, la versión brindada por el colaborador eficaz Hugo Durán ha sido confirmada poco a poco por el fiscal anticorrupción Oscar Zevallos y por algunas investigaciones de la prensa. CARETAS, por ejemplo, corroboró la única llegada al Perú del mandamás de Bavaria, el multimillonario Julio Mario Santo Domingo, quien habría sostenido reuniones con Almeyda y el propio Alejandro Toledo en febrero del 2003, tal y como lo había sostenido Durán. Otro de los puntos más importantes de su testimonio se refiere al viaje de Jaime Carbajal Pérez, el lobbista de Bavaria, desde Panamá a Lima con US$ 1.7 millones de la presunta coima. El propio Carbajal dio marcha atrás en sus declaraciones y confirmó parte del asunto: reconoció haber traído desde el país del Istmo, en diciembre del 2002, US$ 700,000 en efectivo. Pero aclaró que el dinero era parte de sus honorarios como asesor externo de Bavaria. La misma versión fue ratificada en Colombia por uno de los hombres claves del caso: el ex vicepresidente jurídico de la cervecera, Víctor Machado, quien fue "movido" elegantemente a otra jefatura en las oficinas de Bavaria en Ciudad de Panamá (CARETAS 1851). Una fuente judicial fidedigna y al tanto de la investigación dijo que Almeyda ha decidido callar, dadas las últimas revelaciones. No quiere comprometerse. Pero su silencio agrava el asunto. El fin de semana pasado, los congresistas Javier Velásquez, Cecilia Tait (PP) y José Barba (UN) viajaron a Panamá para recoger versiones y nuevas pistas del caso Bavaria. En realidad no consiguieron gran cosa y, por ello, extraña el hermetismo con que manejaron el tema. En la Embajada peruana de Panamá, ubicada en la zona de Marbella, recibieron el testimonio de Víctor Machado, quien confirmó lo dicho ante el fiscal Zevallos. También se reunieron con el procurador José Sosa, con miembros de la Dirección de Aeronáutica Civil (DAC), con agentes de Aduanas y obtuvieron copias del Informe de Bitácora sobre la presunta intervención de Jaime Carbajal en el aeropuerto privado de Albrook. Los datos y documentos acopiados serán incluidos en el informe final de la Comisión de Fiscalización, pero lamentablemente éste se entregará recién en la legislatura del 2005. El fiscal Zevallos juega solo el partido. Tras dejar reposar durante un buen tiempo la investigación, ahora dice haber hallado indicios novedosos en el caso. Pero el tiempo es tirano y corre el riesgo de que no logre juntar las piezas necesarias de este rompecabezas. (AZ).
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