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Rebeldes en sus 13
Presidente objeta ley que ordenaba ascender a militares del 13 de noviembre y comete un error inexplicable. ¿Quién estuvo detrás?

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En 1992, Ferrero fue ardiente congresista oficialista en el CCD. Al año siguiente, conminó a algunos oficiales insurgentes a unirse a la "causa" fujimorista.

Escribe PATRICIA CAYCHO

EL general en retiro EP Luis Soriano -uno de los integrantes del grupo de 21 militares que la noche del 13 de noviembre de 1992 intentó restituir el orden constitucional perdido tras el autogolpe fujimorista del 5 de abril- prefiere ir directo al grano:

"El 13 de noviembre la vida nos cambió de una manera traumática. Luego de tener los más altos grados en el Ejército nos vimos presos en Castro Castro. Hubo torturas. Las familias de los oficiales fueron expulsadas de la Villa Militar. A sus hijos los botaron del colegio. Y nos embargaron los bienes", recuerda como si fuera ayer.

"Pero el trauma sigue. Los abusos que se cometieron no se quieren reparar simplemente porque hay gente en el gobierno como el doctor (Carlos) Ferrero Costa que sigue defendiendo el sistema que implantaron Fujimori y Montesinos. No hay otra explicación para que el Ejecutivo haya pasado por alto una ley `reivindicativa' aprobada en el Congreso. ¿Dónde está la democracia que pregona el señor Toledo?".

Mientras Soriano pone énfasis en sus palabras y aprieta los puños, se puede apreciar en los ojos del general en retiro EP Manuel Obando y de los coroneles (r) José Montero, César Cáceres, Víctor Granda y Jaime Gutiérrez, una indignación compartida. Y también cierta impotencia. El general (r) Jaime Salinas Sedó, quien se encuentra en Washington, EE UU, también ha expresado su desconcierto total.

Ellos han recibido una injustificada estocada por parte del actual gobierno. En diciembre pasado y desde Punta Sal, el presidente Alejandro Toledo decidió sorprendentemente negarles los derechos tantas veces prometidos por él: el reconocimiento, el ascenso y la reparación civil. Lo que es peor, pasó al retiro a seis de los oficiales constitucionalistas que aún tenían techo en el Ejército.

La increíble noticia sorprendió debido a que el gobierno había mostrado interés en solucionar el tema de los militares del 13 de noviembre.

En diciembre, poco antes que Toledo promulgara los ascensos en las FF AA, el ministro de Defensa le solicitó reparar los casos de 21 oficiales, entre los que figuraban los militares constitucionalistas. Fue una deferencia, pero nada más.

n   Alejandro Toledo prometió devolver los derechos a los oficiales olvidados. Volvió a fallar. Al final, según fuentes palaciegas confiables, pesaron más ciertas inexplicables intrigas del premier Carlos Ferrero contra el grupo que lideró Salinas Sedó. El 31 de diciembre, Ferrero declaró muy suelto de huesos que dichos militares "querían instaurar una dictadura y no una democracia". Lo dijo convencido y firme. Sus palabras trajeron a la memoria el papel que jugó en 1992, en pleno fujimorato. Según los archivos periodísticos, Ferrero fue candidato al Congreso Constituyente por la alianza oficialista Cambio 90-Nueva Mayoría por una invitación del legislador Carlos Torres y Torres Lara. En octubre de ese año, para variar, Ferrero defendió el paquete de leyes antiterroristas e incluso apoyó la posibilidad de renunciar al Pacto de San José. Fungió de escudero fujimorista. Según fuentes confiables, la voz de Ferrero no fue la única que calentó los oídos de Toledo contra los militares constitucionalistas. Un discreto pero efectivo aliado del Premier fue el congresista de Perú Posible Marciano Rengifo, general de división en retiro y ex jefe de Estado Mayor del Ejército al inicio del fujimorismo.

Si bien Rengifo, como miembro de la Comisión de Defensa del Congreso, votó por la ampliatoria de la ley Nº 27436 (que regresó al servicio activo a los insurgentes) se sabe ahora que se mostró sumamente incómodo con lo referente a los ascensos del grupo. Recientemente los habría tachado de "golpistas".

Por cierto, lo que reclaman los militares del 13 de noviembre no es una locura.

El ministro Roberto Chiabra, por ejemplo, nunca habría podido llegar a ocupar tal puesto si el gobierno de Valentín Paniagua no lo hubiese reincorporado a la actividad, luego de que fuera pasado al retiro por el fujimorismo.

A Chiabra se le reconocieron los años que estuvo fuera de la institución como tiempo de servicio activo con lo cual pudo ascender al máximo grado: general de división. Gracias a esto llegó a ser Comandante General del Ejército.

Es increíble, por ello, que el Ejecutivo haya decidido obviar los precedentes y saltar con garrocha al Congreso y, de paso, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), institución supranacional que ha sido enfática en exigir que se le restituya los derechos al grupo de Salinas Sedó.

El 1º de diciembre, la Comisión de Defensa aprobó el proyecto que estipulaba que se les reconozca los nueve años alejados de la institución y la posibilidad de ascender. El proyecto fue aprobado en el Pleno.

Sin embargo, el Ejecutivo envió un oficio al presidente del Legislativo, Ántero Flores-Aráoz, en el que sustenta su negativa de otorgarles los ascensos a los militares del 13 de noviembre. Fue una iniciativa del propio Ferrero, según nuestras fuentes.

Los militares rebeldes han asegurado a CARETAS que continuarán con su lucha para recuperar sus derechos, mientras esperan el pronunciamiento de la CIDH.

A pesar de todo, es evidente que los 21 corajudos oficiales no esperaban convertirse en una promesa incumplida más de Toledo. Ellos, que sí se la jugaron de verdad contra Fujimori y Montesinos en un cabalístico viernes 13 de hace trece años.

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