Edición Nº 1862

Portada

SECCIONES
Nos Escriben...
Mar de Fondo
Culturales
Ellos & Ellas
Caretas TV
Mundo Mezquino

COLUMNAS
Piedra de Toque
Por Mario Vargas Llosa
Olla a Presión
Por Raúl Vargas
China Te Cuenta Que...
Por Lorena Tudela Loveday

ARTICULOS
¿Puere o no Puere?
Que Hable el Emperador
El Juicio Final
El Fürer Fujimorista
El Shock de la Fraternidad
Tren Con Carga de
Historia
Guerra de Bitácoras
Sangre en el Monzón
Los Hombres de
Maldonado
El Deslinde de Ollanta
Misterio Sin Resolver
Kasei en Casa
Raspa, Raspa y Gana
Un Mundo Mejor
Maju Picchu
La Ficción Debe Continuar
¡Luces, Cámara,
Oscar!
Noches de Olas
Velas y Buen Viento
Pico a Pico Con las AFPs
Cómo Financiar
el Desarrollo
En Busca de Más Quixotes
Cordón de Vida
Dúos Dinámicos
El Misterio de la Poesía

Caretas Concurso:
Una Carta de Amor

Caretas:
Quijote se Busca

¿Puere o no Puere?
Sentencia del Tribunal Constitucional en Ica contra la candidatura de Fujimori indigna a sus partidarios, y sus abogados provocan serio incidente al intentar apoderarse de parte del expediente adverso en las oficinas centrales de dicha identidad.

Un curioso abogado fujimorista, Gastón Ortiz Acha (ver recuadro), presentó el año pasado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) buscando favorecer al ex presidente prófugo. Quería demostrar que la resolución legislativa N°ree; 018-2000-CR, que proscribe el ejercicio de la función pública de Alberto Fujimori por 10 años no tenía valor legal. Pero el tiro le salió por la culata. El TC falló sobre el fondo de la materia: es decir, no sobre la resolución sino sobre una posible futura candidatura de Fujimori y lo hizo adversamente. El 18 de febrero, en medio del calor que sofocaba la sede de la Corte Superior de Ica, los seis magistrados ratificaron la decisión del Congreso contra la postulación del ex mandatario. Ahora éste y sus seguidores han llevado el caso al terreno del Jurado Nacional de Elecciones. El hecho que él ahora se considera más japonés que peruano parece no importarles.

	n
Enrique Mendoza, presidente del JNE.

Escribe JOSÉ CLEMENTE

ICA, jueves 17 de febrero, 12.30 del día. El pleno del Tribunal Constitucional sesionaba en dicha ciudad como parte de su labor descentralizada. A esa misma hora, en Lima, tres abogados fujimoristas ingresaban a la sede del TC: Gastón Ortiz Acha, Lizzi Sueldo Matos y Julio Soberón Márquez. El objetivo: retirar irregularmente el expediente referido a una acción de amparo a favor de la candidatura del ex mandatario. Se habían dado cuenta que se habían equivocado al promover dicha acción porque estaba condenada al fracaso.

Los tres letrados llegaron a la Casa de Pilato, como se denomina históricamente a la sede del TC, y solicitaron ver el legajo.

Días antes, sin embargo, el lunes 14, una llamada al celular de uno de los funcionarios del TC advirtió: "Quieren desaparecer el expediente", dijo la voz amiga no identificada.

La abogada Sueldo Matos se había sumado a Ortiz Acha en la causa fujimorista, y cuando acuerdan presentarse al local del TC los acompaña Soberón Márquez.

La presencia de los abogados no llamó la atención al personal de la Sala de Lecturas, puesto que ya estaba alertado. Incluso el director general de Administración, Oscar del Río, dispuso la presencia policial para ese momento.

Ante la atenta mirada de los custodios y el personal del área, Ortiz, Sueldo y Soberón leyeron el file. Ortiz Acha se retiró primero. Sueldo firmó el acta de lectura, se despidió, avanzó dos pasos, pero entonces se detuvo, retrocedió y pidió ver nuevamente la constancia. Del Río intuyó el gesto. La abogada intentó arrancharle el certificado y otros documentos pero no logró su cometido, alcanzando solo a rasgar el papel. "Parece que ni siquiera querían dejar huella de su visita", dijo el funcionario.

Era la 1:05 de la tarde. "Quiero que se levante un acta", alcanzó a decir Sueldo, ex candidata al Congreso por Solidaridad Nacional en el 2000, pero no explicó con qué fin.

"Me sorprende que estos abogados, cualquiera que fuere su opción política, hayan querido excederse de esta manera", comentó con CARETAS el presidente del TC, Javier Alva Orlandini.

Alva anunció que el hecho protagonizado por los defensores legales de Fujimori fue puesto en conocimiento de la fiscalía penal de turno. El TC presentó además un oficio de queja ante el Colegio de Abogados de Lima.

"Yo no sabía nada de esto", afirmó después Ortiz, el ausente. Ortiz estaba impedido de actuar como letrado ante el TC porque tenía dos multas impuestas por este organismo, de S/ 999 y de S/ 3,300, respectivamente. El abogado había faltado el respeto en el 2004 a varios de los protagonistas de la parte contraria durante dos sesiones.

Ortiz logró pagar los S/ 4,299 de sanción y lo hizo en el Banco de la Nación. Pero, por desconocimiento o tal vez con un afán dilatorio, hizo el depósito judicial a nombre del "Tribunal de Garantías Constitucionales", nomenclatura del ente que precisamente Fujimori disolviera el 5 de abril de 1992 después del autogolpe. "En el banco me dijeron que el código estaba a nombre del Tribunal de Garantías Constitucionales", se justificó.

Este error le costó caro a Ortiz y sobre todo a Fujimori, pues el TC le negó un pedido de desistimiento previo para frenar el proceso y la acción de amparo siguió su curso.

"Lo paradójico e irónico es que por error pagaron a una institución que los mismos fujimoristas habían liquidado", resaltó Alva Orlandini.

 

n   Militantes y seguidores de Fujimori siguen apasionados con su candidatura presidencial. LA POLÉMICA La decisión del TC de cerrar las puertas a la candidatura de Fujimori ha generado la airada reacción de sus diversos partidarios que, en forma no muy armoniosa, se han inscrito ante el Jurado Nacional de Elecciones, en cuatro agrupaciones. Quien más se ha quejado ha sido, por cierto, el propio ingeniero, quien ha instruido a otros abogados para que lleven la batalla ante el Jurado. La tirria de Fujimori hacia los entes constitucionales parece congénita. En 1992 disolvió el Tribunal de Garantías y en 1997 destituyó a tres de sus magistrados a través del Congreso, porque se oponían a la re-reelección. Ahora el fujimorismo busca negarle preponderancia al TC. "Ignorar que el artículo 178 de la Constitución, que en su inciso cuarto dice muy claramente que es el Jurado Nacional de Elecciones el que administra la justicia electoral, revela hasta dónde puede llegar la manipulación política del Tribunal", declaró el mismo Fujimori al día siguiente de la sentencia en su programa radial "La hora del Chino". Para el constitucionalista Francisco Eguiguren Praeli, sin embargo, el TC ha actuado bien. Recordó que los artículos 99 y 100 de la Constitución, que establecen la inhabilitación de 10 años para un funcionario de Estado, fueron incluidos en la Carta Magna de 1993 que impulsaron los mismos fujimoristas. El jurista Enrique Bernales ya había señalado que la resolución legislativa tiene firmeza jurídica y debe ser respetada por las demás instituciones. "Si quedara alguna duda, corresponde al Congreso, mediante una ley de interpretación constitucional, precisar los alcances de los artículos 99 y 100", aclaró.

Jorge Trelles, ex congresista del fujimorismo y ahora militante de Sí Cumple, argumentó, en cambio, que el presidente del TC había adelantado opinión sobre el tema. Pero señala un presunto error del fallo del TC en su undécimo considerando que dice: "El ex presidente Alberto Fujimori debe retornar al Perú no sólo para ejercitar su defensa (…), sino para ratificar la demanda de amparo materia de este proceso".

Si ya se ha confirmado la inhabilitación, ¿que amparo se puede defender? se pregunta Trelles con cierta razón.

Pero el hecho es que, mas allá de algún defecto, ¿para qué sirve un Tribunal Constitucional sino para actuar como última instancia en toda interpretación de orden constitucional?

La situación del ex dignatario se asemeja en parte a la del general venezolano Marco Pérez Jiménez, que gobernó entre 1953 y 1958 y que a los pocos meses de estar en su segundo periodo fue derrocado, por lo que huyó a los EE.UU. Cinco años después fue extraditado de ese país y condenado en Venezuela a 4 años de prisión por corrupción.

Luego viajó a España, desde donde postuló a una senaduría y ganó. Pero la Corte Suprema anuló su elección. En 1973 postuló a la presidencia desde Madrid y el Congreso venezolano le cerró el camino, al aprobar una enmienda destinada a inhabilitar a quienes tuvieran una sentencia judicial. Pérez Jiménez nunca regresó a su país y murió el 20 de setiembre del 2001.

Fujimori tiene en el Poder Judicial diez investigaciones referidas a denuncias por violaciones de derechos humanos y a actos de corrupción, ocho de las cuales respaldan el pedido de extradición (ver nota aparte de la Fiscal de la Nación).

Ahora bien, es cierto que el ex presidente aparece en las encuestas en los primeros lugares. El sondeo de la Universidad de Lima del 12 de febrero registra un 16.5% para el ex gobernante en el rubro de los políticos con "más simpatía", por debajo de Luis Castañeda Lossio (22%) pero encima de Alan García (15%).

Sin embargo, esos porcentajes modestos demuestran más que nada un clima de desconfianza general y las diferencias entre uno y otro son tan estrechas que rozan con el índice una gran probabilidad de error. La cancha todavía está fría, pero nadie puede desconocer que el Chino está vivito y coleando.

Además, a partir de la sentencia del TC, la Universidad de Lima ha decidido eliminarlo como opción en sus preguntas asistidas.

 

¿Puere o no Puere?* * Que no se vaya a confundir el juego fonético de consonantes en la carátula con algún prejuicio étnico o atisbo xenófobo. Ya nos pasamos 10 años repitiendo cuánto admiramos al Japón y cuán felices somos de que este país sea multirracial. Otra cosa es aceptar que un Jefe de Estado fugue y se refugie en una nacionalidad transoceánica para evadir responsabilidades, y que ahora pretenda volver a gobernar. Sería un caso inédito de insulto a la dignidad del país. Santiago Fujimori, el hermano menor del ex Presidente, se quedó afrontando dificultades judiciales infundadas y Keiko, al ser abandonada por su padre en el 2000, salió de Palacio diciendo "yo no me voy del Perú". Alberto se fue y, más allá de cualquier duplicidad legal, dejó de ser peruano y legítimo aspirante al poder.

Portada | Nos Escriben... | Mar de Fondo | Culturales | Ellos & Ellas| CineTV | Mundo Mezquino | Piedra de Toque | Olla de Presion | China Te Cuenta Que... |