Medios

Uña y Carne

Presidente Rafael Correa anuló los contratos del hermano y asegura que nada supo. Sin embargo, los únicos sancionados son los periodistas que destaparon la corruptela.

Mientras Corte Suprema en Ecuador falla a favor de presidente Correa y en contra de periodistas de El Universo, en el siguiente texto el autor de "El Gran Hermano" se ratifica en los alcances de su denuncia.

Christian Zurita y yo venimos trabajando en periodismo de investigación desde hace más de dos décadas. Hemos trabajado centenares de temas de corrupción y abuso de autoridad, juntos o por separado. Entre los años 2007 y 2011 estuvimos juntos en el diario Expreso, de Guayaquil, donde yo era editor general y Christian fue jefe de la unidad de investigación en Quito. Esta unidad estaba también conformada por los periodistas María Elena Arellano y Mario Avilés, en Guayaquil. Este equipo es el que descubrió las contrataciones vinculadas al hermano del Presidente.

A comienzos de 2008, cuando el gobierno de Rafael Correa Delgado llevaba un año en el poder, empezamos a recibir y a encontrar algunos indicios de empresas y contratos con el Estado, que estaban relacionados con el hermano mayor del presidente, el ingeniero Fabricio Correa Delgado. Fabricio había sido contratista público desde hace años, y fue tesorero y coordinador en la campaña electoral de su hermano, y luego desapareció de la escena pública.

CORTINA SOCIETARIA

Los datos que pudimos acumular en algunos meses llevaron a los reporteros de la unidad de investigación a concentrarse en el sector público petrolero, vial, hídrico y eléctrico.

El equipo de reporteros fue encontrando las vinculaciones accionarias de varias empresas con el hermano del Presidente, y su vez fuimos documentando, en todo el país, los contratos firmados con organismos del Estado.

Una de estas empresas había hecho un préstamo de US$ 10 millones a un banco estatal, la Corporación Financiera Nacional, y obtuvimos toda la documentación del tema, lo cual nos permitió atar cabos.

El primer trimestre de 2009 teníamos claro que los contratos ascendían a cerca de US$ 100 millones. Encontramos que se había hecho una cortina societaria con dos empresas de papel en Panamá.

En mayo de 2009 estábamos listos para publicar: habíamos consultado con más de 50 fuentes testimoniales, teníamos cerca de 5,000 hojas de documentos públicos certificados y la historia de cómo se habían obtenido los contratos con seis organismos del Estado.

Tres días antes de iniciar la serie de reportajes, hicimos una entrevista de contraste al ingeniero Fabricio Correa. Esta duró más de seis horas, se la hizo en el diario y en presencia de su abogado. Correa admitió todos los datos.

EL DESTAPE

El 14 de junio de 2009 publicamos en Expreso una serie de 8 reportajes de una página donde revelamos al país todo lo encontrado. A la par, íbamos registrando las reacciones del gobierno. De inmediato, todos los medios se hicieron eco del tema.

Al principio el presidente Correa y sus funcionarios defendieron los contratos. El Presidente preguntó públicamente qué de ilegal tenían esos contratos y si se había perjudicado al país. Pero quince días después, por la presión pública, debió terminar de modo unilateral con los contratos.

Simultáneamente, la Procuraduría y la Contraloría abrieron investigaciones y ratificaron los informes periodísticos. La Contraloría elevó la cifra a 167 millones de dólares. El propio gobierno pidió la conformación de una veeduría ciudadana, cuyo informe determinó que los contratos superaban los 300 millones y que el presidente Correa estaba al tanto de, al menos, una parte de esto.

Fabricio Correa resolvió atacar al gobierno de su hermano y realizó graves denuncias de corrupción estatal ante los organismos de control. Se convirtió en un personaje político.

QUERELLA PRESIDENCIAL

En agosto del 2010, Christian y yo publicamos el libro El Gran Hermano. En 500 páginas, 40 fotografías y 15 cuadros, expusimos toda la historia de antes, durante y después de las publicaciones hechas en el diario Expreso. Fue como la memoria del escándalo. Citamos 120 fuentes y contrastamos todas las informaciones.

Para entonces, nadie se había sentido ofendido por esta historia. No hubo demandas por injurias o difamación, nadie habló de calumnias. Hasta ahora nadie lo ha hecho.

En marzo de 2011, en medio de la campaña electoral por una consulta popular, en la cual entre otras se le preguntaba al país si aprobaba la expedición de una Ley de Comunicación para controlar los excesos de la prensa, el presidente Correa, en su “calidad” de ciudadano común, nos entabló una demanda civil por daño moral y pidió una reparación de US$ 10 millones.

Nosotros, como respuesta, publicamos la segunda edición del libro.

Correa ganó por muy poco la consulta popular, y con ello obtuvo el derecho de reformar todas las cortes de Justicia. Nombró un consejo administrativo de tres funcionarios y este empezó a tomar exámenes a todos los jueces del país y a regular administrativamente las judicaturas. Con ello borró la separación de funciones entre el Poder Ejecutivo y Poder Judicial, una de las condiciones de una sociedad democrática.

JUEZA DE PICHINCHA

A inicios de febrero de este año, la juez quinta de lo civil de la provincia de Pichincha dictó sentencia en contra de los autores de El Gran Hermano. Los multó con US$ 2 millones a favor del Presidente y un pago de US$ 100 mil a sus abogados.

Por ello la juez basó sus argumentos en una declaración juramentada del propio Correa, donde él aseguró que no conocía de los contratos de su hermano, y que había sufrido daño moral por el libro.

Nosotros presentamos 35 pruebas documentales de que lo dicho en el libro tenía sustento. Y de que la frase: “el Presidente sabía de los contratos de su hermano”, atribuida por Rafael Correa a los autores, fue dicha por Fabricio Correa en el marco de la entrevista que fue publicada en el libro y entregada también como prueba.

Pero la juez dijo que el daño moral entraba en el terreno de la afectación espiritual, y correspondía a asuntos del alma humana. Los periodistas habíamos “invadido el umbral de lo ilícito” al “afirmar” que el Presidente sabía de esos contratos. Lo cual, como repito, lo había afirmado su hermano. Lo que no dijo la juez es que lo dicho en el libro era falso.

Lo ilícito para la juez fue que los periodistas hubiéramos publicado una investigación y hecho afirmaciones sin que antes estas hayan recibido el aval de los organismos de control. Lo cual convierte en ilícito el periodismo de investigación.

El Presidente ya acumula US$ 42.6 millones en su patrimonio personal en juicios por daño moral e injurias mientras ocupa su alto cargo. Algo inédito en la historia del Ecuador.

CHIVOS EXPIATORIOS

Sobre el tema de fondo, ni el Presidente ni sus funcionarios han respondido aún a las siguientes interrogantes: ¿Cómo las empresas vinculadas al hermano del Presidente obtuvieron contratos tan millonarios? ¿Por qué siendo ilegales (y por ello fueron terminados unilateralmente), ni uno solo de los funcionarios que los firmaron han sido fiscalizados y menos sancionados?.

Los únicos enjuiciados y sentenciados por este escándalo fuimos los periodistas que lo investigamos y denunciamos. (Escribe: Juan Carlos Calderón Vivanco*)

------------
(*) Juan Carlos Calderón Vivanco es director de la revista Vanguardia y coautor del libro El Gran Hermano.