Bicentenario Los 200 años de las Cortes de Cádiz y su influencia en los vientos independentistas que soplaban en América.

Actualidad y Transcendencia de ‘La Pepa’

Monumento a las Cortes de Cádiz en esa ciudad andaluza. La primera piedra se colocó el 3 de octubre de 1912, el año del centenario de la Constitución.

Recordemos la historia desde un principio. Hace poco más de dos años, el 28 de octubre de 2009, se conmemoraba el bicentenario de la expedición del decreto de convocatoria a las Cortes generales y extraordinarias de la Nación española, hecha en ausencia del legítimo rey, Fernando VII. Este decreto fue publicado por orden de la Suprema Junta Gubernativa del Reino, la cual manifestaba hallarse convencida que “ha de asegurar para lo sucesivo los derechos de la Monarquía y del pueblo español, y ha de encontrar y poner en movimiento los medios extraordinarios que la Nación tiene y necesita para salvarse”.

Parece casi innecesario destacar la enorme importancia que tuvo ese instrumento normativo, pues abrió el camino para la realización de las primeras elecciones de diputados en el mundo hispánico y facilitó la posterior instalación de las famosas Cortes de Cádiz. Es cierto que el primer lugar donde se reunieron los representantes de uno y otro lado del océano fue la isla de León (hoy San Fernando), a partir del 24 de septiembre de 1810. Pero desde febrero del año siguiente los diputados mudaron su sede a Cádiz, para sesionar en el oratorio de San Felipe Neri.

Debemos ser conscientes de que no somos pioneros ni precursores absolutos en el tratamiento de estas materias. Hay una larga bibliografía que se ha dedicado al tema de las Cortes de Cádiz y el Perú, porque se trata de una problemática sustancial tanto para la Historia como para el Derecho. Me refiero al contorno que antecede y sucede a la promulgación de ‘La Pepa’ –nombre popularmente asignado al texto constitucional– en la fiesta de San José del año 1812.

Hay que mencionar ante todo el trabajo de Guillermo Durand Flórez, antiguo director del Archivo General de la Nación: El Perú en las Cortes de Cádiz (2 vols.), obra que considero de consulta realmente imprescindible. Es un trabajo que salió en 1974, amparado por la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, entidad que hizo una espléndida labor de recopilación documental en archivos peruanos, españoles y de otros lugares del mundo, levantando información relativa a la gesta emancipadora. En esta obra se ofrece una antología del diario de debates de la asamblea reunida en Cádiz. Durand Flórez aporta una selección de las intervenciones de los diputados peruanos que participaron en las deliberaciones de las Cortes y contribuyeron, con mayor o menor suceso, a la redacción del texto constitucional.

Luego de publicarse el decreto de convocatoria por la Junta central de gobierno, se discutió el modo de componer la representación americana, postulándose en un principio que hubiera paridad en el número de los diputados metropolitanos y ultramarinos, a fin de dar a entender su igualdad de condiciones y derechos. Finalmente se pusieron de acuerdo sobre la conformación de la representación americana, de 30 individuos, de acuerdo al contingente demográfico de los territorios. Y si bien hubo la voluntad de ejecutar la convocatoria a elecciones, no se pudo enviar de inmediato las delegaciones a España; lo que se hizo, en muchos casos, fue constituir la representación con diputados suplentes.

Por cierto que hubo algunas voces –recogidas en el estudio de Durand Flórez– que cuestionaron la condición de suplencia que tenían los diputados originales, diciendo que esto les restaba legitimidad. Si la soberanía reside en el pueblo, se puede afirmar que el hecho de que los representantes fueran nombrados a dedo causaba ciertamente un problema. Valentín Paniagua Corazao, ilustre jurista y político, publicó poco antes de fallecer el libro Los orígenes del gobierno representativo en el Perú. Las elecciones, 1809-1826 (2003), donde se refiere a las circunstancias en las cuales se recibió la convocatoria y se realizó, a su debido momento, la elección de los diputados titulares.

Después vinieron unas deliberaciones del más profundo sentido político y de la mayor sustancia ideológica, en las que se dejaron sentados los principios, para entonces novedosos, de la soberanía popular y la división de poderes. La Constitución gaditana, promulgada el 19 de marzo de 1812, fue bastante detallista en su concepción, al punto de contener 10 títulos y 384 artículos.

Hay que considerar una serie de notas acerca de la legislación económica y social que implementaron los diputados liberales en aquella asamblea, al margen e inclusive más “a la izquierda” de la propia Constitución. De hecho, se puede bien investigar las repercusiones directas que tuvo ‘La Pepa’ en el desarrollo del temprano constitucionalismo peruano, rastreando la impronta trazada por ésta desde nuestra Constitución fundacional de 1823 hasta el decisivo “legado castillista”, la Constitución moderada de 1860 (aquella que ha gozado de más larga vigencia en nuestra historia republicana). Que las repercusiones de la labor efectuada por los diputados peninsulares y americanos 200 años atrás todavía se pueden apreciar con meridiana claridad el día de hoy, es una verdad que no admite dudas.

En definitiva, Cádiz siempre ha sido una puerta abierta al mundo y, de manera especial, a América. La Constitución de 1812 viajó al continente americano llevando consigo la semilla de la libertad que germinó en los distintos procesos de independencia de los países del Nuevo Mundo. Su irradiación no se limita al espacio ni al tiempo, pues, aunque nacida de la ideología liberal de la Ilustración, gran parte de sus artículos, y sobre todo su impronta progresista, se han perpetuado en las sucesivas Constituciones del mundo hispánico.

Una serie de acontecimientos políticos, sociales y culturales enmarcarán la efeméride del Bicentenario en la región de Andalucía y en todo el ámbito de habla española, y la XXII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno se celebrará en la ciudad de Cádiz en octubre del presente año. Esto se hace bajo el entendimiento de que la celebración e interpretación de las Cortes gaditanas y su tan famoso corpus sirven como un excepcional puente vinculante entre las naciones de la Comunidad Iberoamericana, potenciando los avatares compartidos en su lucha por la implantación y realización del Estado de Derecho y de la justicia social.

Es un hecho que nos encontramos ante un magno proceso de conmemoración, investigación y revaloración que viene sacudiendo a la mayor parte de la comunidad hispana, a uno y otro lado de los mares. Si bien el virreinato del Perú quedó al margen de la primera oleada de rompimiento político con la “madre patria”, por una compleja serie de circunstancias (que no viene al caso tratar ahora), tengo la firme convicción de que no debemos quedar apartados de tan trascendental movimiento académico y social. Es sobradamente conocido que una serie de intelectuales y juristas de origen peruano, como fray Melchor Talamantes y el doctor Vicente Morales Duárez, participaron con lucimiento en el proceso de la Independencia hispanoamericana, fenómeno que toca directamente a los orígenes de nuestra historia constitucional.(Escribe: Teodoro Hampe Martínez*)

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* Doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid.