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Titulares en su Tirria

“Sé que todo intento por hacer daño político termina siempre beneficiando al agredido. Así será”, desafía García en comunicado.

Orden judicial de investigar a García desata munición de prensa oficialista y contradice la propia sentencia del caso BTR.

Nos quieren cocinar a lo spiedo”, ironiza el congresista Mauricio Mulder sobre la sentencia del caso Business Track que ordena investigar a Alan García y un grupo de ex ministros por vía de un significativo taquito.

Así es la lenta cocción del pollo a la brasa. Las aves atravesadas por espadas dan vueltas hipnóticas a la vista de los hambrientos.

Eso dice Mulder que se pretende hacer en los próximos años con la instrucción judicial para que el Ministerio Público y sobre todo el Congreso investiguen lo que ya investigaron. Así se pueden pasar fácilmente un par de años más.

Para los apristas es indudable que la sentencia contra los “chuponeadores” hecha pública el viernes 23 en la Segunda Sala Penal de reos en cárcel tiene un ojo puesto en 2016. Y varias primeras planas del diario La Primera, que es el medio del régimen aunque en muchos casos esté a su izquierda, parecen darles la razón. Ante la virulencia de los titulares oficialistas, al gobierno le resultará difícil quejarse cuando quemen sus propias papas mediáticas.

El propio Humala marca la pauta cuando, en su entrevista en Panorama, y en obvia alusión a la figura de su predecesor, aclaró que “(me eligieron) no para estar en banquetes, no para estar engordando, como se dice en el buen sentido”.

“Hemos tenido toda la deferencia con el gobierno”, insiste Mulder. “Alan incluso ha sido demasiado cortés cuando ha respaldado a Nadine”, considera este parlamentario que se precia de sus reflejos polemistas.

“Cuando el Poder Judicial quiere pasarle la pelota al Congreso ni siquiera lo hace conforme a ley. No te pueden investigar dos veces por el mismo tema. La comisión Luizar tuvo dos años para trabajar con todas las facilidades. Les abrieron el secreto bancario y de comunicaciones a los de BTR y a Alberto Varillas de PetroTech. Emitió un informe, un dictamen y no le encontraron nada al gobierno. Esto es para la platea”.

Por lo pronto, Yonhy Lescano (AP) ya adelantó que “definitivamente investigaremos este tema, convocaremos al ex presidente y a los ministros implicados”.

Mulder responde que “García acudirá, pues, pero no tiene ninguna obligación de responder”.

El líder aprista emitió un escueto comunicado en el que se resigna a aceptar el pedido de investigación. “Esas son las reglas de la democracia y de los usos políticos”. Pero recuerda que “declaré ante el Poder Judicial por cuatro horas y públicamente en septiembre (de 2011) y allí señalé que hace más de seis años tuve una breve ocasión de conversar unos minutos con uno de los enjuiciados (Ponce) y sobre temas sin ninguna trascendencia o seguimiento”.

Y concluye en son de reto que “como abogado creo ilógico e injusto impulsar cortinas mediáticas para justificar decisiones judiciales. Pero sé que todo intento por hacer daño político termina siempre beneficiando al agredido. Así será”.

García ha preferido abstenerse de emitir declaraciones adicionales pero, amigo de las metáforas taurinas, se le ha escuchado decir que no caerá en las provocaciones para hacer el papel de toro. Esperará, en cambio, que el verdadero toro esté picado para entrar al ruedo.

Nadie pone las manos al fuego por nadie, y menos en las tribulaciones peruanas. Pero, banderillas políticas aparte, el problema de fondo reside en la lógica de la sentencia, lo que lleva a válidos cuestionamientos sobre presiones políticas en los fueros del Poder Judicial. El pedido de investigación a García y sus ex ministros no guarda ninguna coherencia con el documento.

A lo largo de todo el texto firmado por el juez Iván Sequeiros, se echan por tierra las alegaciones de Elías Ponce Feijoo, Carlos Tomasio, Giselle Giannotti y los demás sentenciados sobre la manipulación de pruebas que, según ellos, habría sido ordenada por el entonces residente de Palacio y su premier Jorge del Castillo.

Este último, por cierto, fue investigado por la Fiscalía y el Congreso desde todos los ángulos a partir del tan inflado caso “petroaudios”. La última y muy postergada exoneración del Ministerio Público se produjo en enero.

La sentencia de Sequeiros tiene pasajes tan contundentes como los siguientes:
Considerando 1120- Página 306 “Se ha cuestionado que los señores Fiscales habrían dirigido esta investigación obedeciendo consignas políticas o de otra índole ajena al proceso mismo; sin embargo, todas esas alegaciones igualmente son meras especulaciones y sugerencias que no tienen fundamento válido de veracidad…Sobre esta misma materia se ha indicado que las órdenes provenían desde la Fiscalía de la Nación, en ese tiempo a cargo de la Dra. Gladys Echaíz Ramos, quien supuestamente tendría vínculos políticos con el gobierno de turno, lo que habría originado que esta investigación esté dirigida a proteger los intereses de diversos personajes del gobierno anterior… no se cuenta con los elementos de cargo suficientes para establecer como cierta dicha afirmación; razón por la que esas alegaciones también son tangenciales y extremadamente subjetivas”.

1123-308 “cabe preguntar cuál habría sido el motivo para dicha interferencia. La respuesta no ha sido proporcionada por los acusados, pese a que se les ha preguntado reiteradamente, por el contrario han dicho que la información que poseían no era significativa ni importante y que no contenían conversaciones ni correspondencia de personas y que solo lo habrían hecho con la finalidad de imputarles delitos, por razones de venganza, por animadversión, persecución política u otros motivos subalternos.”

1125-309 “Cabe preguntarnos, qué otro interés tenían altos funcionarios del gobierno en interferir en estas indagaciones preliminares, ningún otro interés; pues no resulta razonable que se hayan inmiscuido utilizando a la DIRANDRO, su infraestructura, su personal y toda su logística, con la única finalidad de “crear, inventar, agregar, sustituir o infiltrar” archivos de audio y video…”.

1138-315 “Ingresando en una evaluación más deductiva, podría mos indicar que la persecución se originaría, hipotéticamente, como consecuencia de la relación que habría existido entre Ponce Feijoo y Alan García Pérez, habiéndose sentido traicionado este último por el develamiento de determinada información que le resultaba inconveniente y porque se habría descubierto un siniestro plan de continuidad en el gobierno, por lo que habría originado un acumulamiento de riqueza por García Pérez y sus principales colaboradores de cifras astronómicas, plan que se frustró por los audios revelados en Octubre de 2008… Esta teoría de la venganza colisiona con dos razonamientos básicos: a) el sistema de justicia no está sometido a ningún tipo de presión….b) debido a que las afirmaciones de Ponce Feijoo y su defensa, son meras especulaciones sin sustento probatorio alguno, entonces sostener una teoría conspirativa sobre la base de dos situaciones inexistentes, inciertas y virtualmente contrarias, no tiene asidero ni consistencia”. (ver más en (www.caretas.com.pe)

A pesar de todo ello, luego de establecer sentencias para los ocho acusados que van de dos a siete años de prisión, se ordena “remitan copia al Ministerio Público y al Congreso de la República, para que en uso de sus atribuciones hagan las investigaciones pertinentes respecto de: (1) Alan García Pérez, (2) Jorge del Castillo Gálvez, (3) Hernán Garrido Lecca, (4) Elmer Miguel Hidalgo Medina; (5) Carlos Morán Soto; (6) Mateo Castañeda Segovia y (7) Orestes Walter Milla López”.

Es como si el añadido hubiera sido dictado por los abogados de Giannotti.

Fuentes del despacho de Sequeiros explican que, si bien la sentencia concluye que el alegato del complot es falso, es necesario que el Congreso y el Ministerio Público investiguen la denuncia sobre la posible manipulación de pruebas.

Por el contrario, el ex fiscal Castañeda, a quien el juez Sequeiros recomienda investigar califica de “extraña” la sentencia. “Cuando existen estos dichos de los acusados lo que hace el tribunal es dejar que éstos interpongan la denuncia directamente, afrontando los resultados”, explica. “Lo raro acá es que, sin ningún elemento probatorio, la Sala hace eco de lo que dicen los acusados y manda copias al Congreso y la Fiscalía para que se abran investigaciones. Es la primera vez que ocurre algo semejante en un tribunal de justicia del país. Este fallo es nulo”.

En contraste con la orden de investigar a los miembros del gobierno pasado, la sentencia no es tan explícita para ir detrás de los clientes del “chuponeo”, aunque en un párrafo recuerda que “no se debe perder de vista en posteriores indagaciones, quién o quiénes financiaban las actividades a las que se dedicó BTR en los últimos años”. De todos modos, el Ministerio Público anunció que designará la próxima semana a un fiscal de crimen organizado para investigar quiénes financiaron el masivo espionaje.

El fiscal Tony García añadió a CARETAS que durante los 3 años de pesquisas en las que participó “no se hallaron indicios de delito alguno” cometido por el ex presidente y los ex ministros. “Sin embargo la Sala tiene otra óptica y yo quiero revisar sus fundamentos y argumentos”, dijo.

Por su parte, el procurador Julio Arbizú, ex asesor de la bancada de Gana Perú, negó que haya solicitado a la Segunda Sala Penal para Reos en Cárcel una solicitud específica para investigar a García y Del Castillo. “Lo que nosotros pedimos es que se envíe copias de los indicios al Ministerio Público para que se investigue el caso”, declaró a esta revista.

Debido a su cargo, Arbizú es en la práctica un brazo operativo del Ejecutivo.

¿Por qué la animadversión?

Las especulaciones sobre una posible candidatura de la primera dama, impedida por la ley orgánica de procesos electorales, son prematuras y simplistas. Es todavía muy temprano para hacerse de un enemigo como García, que alaba públicamente al gobierno antes de un año de iniciada la administración de Humala. Al calendario del gobierno le quedan muchas hojas por arrancar.