Nacional

Liquidación en Marcha

En Estados Unidos, Doe Run enfrenta una demanda por daños en la salud de 35 niños de La Oroya nacidos posteriormente a la privatización del complejo. Otros 1,300 casos podrían añadirse a la demanda.

En La Oroya, el drama de los niños envenenados por plomo.

Cuenta regresiva: el próximo 25 de mayo vence el plazo de 30 días para que la Junta de Acreedores de Doe Run Perú (DRP) designe al liquidador de la minera. El Ministerio de Energía y Minas (MEM), principal acreedor con el 44% (US$ 150 millones), irá con una alternativa bajo el brazo a la próxima reunión de la Junta, según refirió el viceministro de Minas, Guillermo Shinno, sin revelar el nombre. Son 140 las empresas liquidadoras aptas para llevar adelante el proceso y la seleccionada debe contar con el 66% de los votos de los acreedores. De no haber acuerdo y vencido el plazo, Indecopi entrará a tallar y llevará adelante la liquidación por su cuenta, explica Jaime Gaviño, secretario técnico de la Comisión de Procesos Concursales del ente regulador.

El jueves 12, el 60% de la Junta de Acreedores no respaldó el Plan de Restructuración presentado por DRP. “Contenía condicionantes inaceptables para el Estado, tanto en la parte ambiental que es la prioridad, como en el tema del financiamiento”, dijo Rosario Patiño, representante del MEM en la Junta de Acreedores.

Al grano: sin cumplimento del PAMA (Programa de Adecuación y Manejo Ambiental) no hay inicio de operaciones.

Ese, claro, es solo uno de los campos de batalla con los que lidia DRP. Hoy, la ONG Coperacción viene empujando una demanda de 35 niños afectados por los niveles de contaminación del complejo metalúrgico desde que DRP tomara la posta en 1997. La admisión de la demanda por la Corte del Condado de Saint Louis, Missouri, en Estados Unidos, es el primer paso, al que podrían sumarse un total de 1,300 niños afectados en 12 años de operación, pese a las inversiones hechas en materia de mitigación de los impactos ambientales y a la salud.

PLOMO A LA VENA

Efectivamente, DRP logró a lo largo de los años avances en la reducción de emisiones de plomo, arsénico, azufre y demás, pero no terminaba de cumplir con todos los requisitos (su cifra de reducción de emisiones bordeaba el 77%). No solo eso, varios estudios han negado dichos progresos, como uno de 2009 del becario Fullbright en la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Corey Laplante, cuya investigación determinó que el nivel de contaminación aumentó en 6%.

A ello, claro, se suma la cruda realidad en el tema de la salud de la población, sobre todo la infantil. “Nunca hubo mejoras sustanciales en la salud”, sentencia el doctor Hugo Villa, quien estuvo a cargo del Hospital de La Oroya hasta 2009: “Los análisis médicos de recién nacidos seguían otorgando niveles de plomo en la sangre mayores a los 10 microgramos por decilitro, que representa el máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud”.

No solo eso: de por sí, la cifra tope de 10 ugr/dl de la OMS “resulta, hoy, un valor obsoleto, porque los estudios han demostrado que incluso valores menores a 5 ugr/dl provocan daños en los niños a nivel del sistema nervioso central, dado que aún están en desarrollo”, explica Villa. “Además, comprobamos que las madres gestantes también transmiten el plomo a los hijos durante el embarazo”, añade. Y la lista de consecuencias en los niños abarca otros problemas como la disminución del coeficiente intelectual, de la capacidad auditiva, entre otros.

PERSPECTIVA METALÚRGICA

Mientras que la liquidación de los dos activos de DRP (La Oroya y la mina Cobriza) parecen el camino más probable, la minera alista una demanda al Estado peruano por Trato Discriminatorio en alguna corte norteamericana, según refirió una fuente interna.

Por otro lado, al cierre los trabajadores de la Federación de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de La Oroya no habían sido recibidos por el mismo presidente Ollanta Humala, como fue su pedido el lunes 17. “Dicen que nuestros trabajos están garantizados, cuando lo cierto es que hay una liquidación, lo que significa que nos hemos quedado sin trabajo”, dijo su secretario general, Luis Castillo.

A las 00:00 horas del jueves 19 vencía el plazo de 48 de horas de tregua que le dieron al gobierno, pero desde dos días antes la Policía ya estaba acampando en la ciudad. Lo tragicómico: la intransigente posición de los 3,500 trabajadores del complejo no contempla la salud de los 40,000 habitantes de la localidad. (Fotos: Michael Mullady)