Nacional Segunda catástrofe en un centro terapéutico, en menos de tres meses, pone sobre alerta la urgencia de un reglamento.

Rehabilitación Inflamable

La madrugada del sábado 5 un incendio significó la muerte de 14 pacientes del centro de rehabilitación Sagrado Corazón de Jesús, en Chosica (abajo izquierda). Infraestructura y seguridad eran su déficit primario.

Increíble: la ley que rige sobre los centros de rehabilitación está dada desde el año pasado; sin embargo, el reglamento de la misma, pese a estar ya concluido, recién será aprobado por la Presidencia del Consejo de Ministros en los próximos 30 días. Mientras tanto, alrededor de 120, de las 150 comunidades terapéuticas de la capital, funcionan como quieren. Una de ellas, la Comunidad Terapéutica Sagrado Corazón de Jesús, en Chosica, fuente de tragedia el último sábado 5.

Las cifras han sido crudas: 14 personas fallecidas debido a un incendio y a las negligencias en infraestructura de dicha comunidad terapéutica ¿Sobrevivientes? Solo uno. Y a solo tres meses del incendio que mató a otros 27 pacientes en el centro Cristo es Amor, en San Juan de Lurigancho. Tragedias, con todas sus letras.

Reglas Claras

El nuevo reglamento, de 54 artículos, ha buscado corregir puntos clave respecto a la infraestructura, fiscalización y organización interna sobre los tipos de pacientes a atender y dónde hacerlo.

“Lo que se debía definir no trataba solo de la profesionalización de los centros, sino también de los criterios mínimos de atención”, apunta el especialista en drogodependencia y supervisor del Servicio Lugar de Escucha de Cedro, Milton Rojas. Así, ahora se ha definido la separación necesaria de tipos de pacientes y tratamiento. Según Rojas, “tanto las mujeres como los adolescentes requieren programas y centros específicos, diferenciados. En el incendio anterior, un menor de edad con problemas patológicos murió cuando no debía haber estado siquiera internado ahí”. Igualmente, ya no se podrán mezclar pacientes con problemas de drogas y trastornos mentales junto a los que solo sufren de adicción.

Además, la norma contemplará mayor rigurosidad en la infraestructura, cuya fiscalización corresponderá tanto al Ministerio de Salud como a los gobiernos locales. Hoy, la gran mayoría de centros son casas adaptadas a sus necesidades: “Algunos han sido hogares con 3 baños que deben servir a 30 pacientes; otros tienen habitaciones de 8 m2 donde duermen 8 personas en camarotes de tres niveles”.

Junto a lo anterior, las visitas inopinadas de los municipios y la Fiscalía de Prevención del Delito “van a tener que ser sistematizadas”, añade.
Un punto clave, sin embargo, es el vinculado a los encierros. Tanto en el de Chosica, ahora, como en el de San Juan de Lurigancho, los incendios encontraron a muchos pacientes encerrados, con cadenas en las puertas y barrotes en las ventanas. En un país de desastres naturales, esto es pura ‘negligencia’.

“La privación de libertad es innecesaria, e indica que ahí no se da un tratamiento profesional, porque no se puede coaccionar al paciente. Los niveles de seguridad deben darse respetando los derechos humanos”, sentencia Rojas, para quien, incluso, internar a una persona en un centro de rehabilitación “debe ser la última opción, cuando todas las demás se hayan agotado”. (Thor Morante)