Nacional Los centros informales de rehabilitación en el diagnóstico nacional del psiquiatra Enrique Galli.

Atrapados sin Salida

Locos de atar “Cama” para pacientes del Museo del Hospital Víctor Larco Herrera. Se ha regresado a los tiempos de las cadenas, pero esta vez sin doctores.

Camas con cadenas, baldes de agua, varas de fierro, sillas giratorias que inducen al vómito. Ésa fue la gran ironía de la ilustración. Durante el siglo de las luces el enfermo mental fue tratado de forma irracional, por usar un eufemismo. Lo dijo Foucault y ahora lo dice el Dr. Enrique Galli.

Y dice más: psiquiátricamente hablando, el Perú ha retrocedido doscientos años.

Los catorce pacientes que se llevó el incendio de la madrugada del 5 de mayo en el centro de rehabilitación Sagrado Corazón de Jesús de Chosica son solo un ejemplo de ese retroceso. En enero de este año fueron 29 los internos calcinados, esta vez en el centro Dios es Amor, en San Juan de Lurigancho. Son solo dos de los casos, y ya van 43 muertos a mayo del 2012. Hay aproximadamente 150 trampas mortales en todo el país, principalmente en Lima y Callao. Más de 15 de ellos están en Chosica y San Juan de Lurigancho. “Cerca de 5 mil camas”, especifica Galli. Pacientes amarrados, paredes inestables, puertas selladas, ventanas enrejadas y camas hacinadas. Todos mezclados, unos con otros. Drogadictos con seniles, con deprimidos, con psicóticos, con esquizofrénicos. Según cifras del Ministerio de Salud (MINSA) solo hay 47 centros formales de rehabilitación en todo el país. El resto es tierra de nadie. A pesar de que la Ley Nº 29765 establece requisitos estrictos de personal e infraestructura, cada quien hace lo que quiere. La ausencia de una autoridad estatal acompaña a esta privatización a la mala, que allá por la década del noventa hizo posible que todo sea posible en temas de salud, educación y transporte. Cualquiera puede enseñar, cualquiera puede manejar una combi y cualquiera puede tratar a un enfermo mental. El vale todo sin criterios ni estándares de calidad, que hace que toda persona con un DNI y un sótano pueda abrir un albergue o un centro de rehabilitación. Y llenarse de dinero gracias al trabajo en semiesclavitud de los pacientes. Espontáneos, vividores, ex drogadictos o pastores sin credenciales civiles. Literalmente, cualquiera. Por supuesto, los familiares se desentienden del tema. Si mueren quemados, a la sociedad le importa –nos importa– muy poco.