Medio Ambiente

Doe Run busca más PAMA

Ojo con ley sorpresa ampliando PAMA cuando se perfila liquidación de DRP. En las altas esferas públicas y privadas peruanas se deja que la empresa de un estadounidense famoso por sus malas prácticas en suelo propio, siga haciéndonos cholitos.

Este martes se suspendió una reunión que debiera haber elegido finalmente a quien dirigirá la liquidación de Doe Run Perú (DRP), empresa que, habiendo cerrado el complejo metalúrgico de La Oroya hace 40 meses y amenazado hacer lo mismo con la mina Cobriza, ha incumplido durante 14 años compromisos contractuales y ambientales, y viene dejando un perro muerto de unos US$ 500 millones que algunos calculan se duplican sumando daños y perjuicios.

La reunión liquidadora se llevará cabo el viernes, si no se suspende otra vez al no llegar los acreedores a acuerdos de procedimiento que alcancen al 50% de sus miembros.

Es extraño que no hubiera concordia el martes, porque tanto el Ministerio de Energía y Minas, que es el principal acreedor, como mineras del calibre de Buenaventura, Cormin y República (unidad extractiva del ‘trader’ Glencore) parecían coincidir, por ejemplo, en elegir al consultor Luis Guiulfo, ex director de ProInversión, como director del proceso de liquidación.

Mientras tanto, y como para añadir otra burla, Doe Run Cayman, que es una de las principales acreedoras de Doe Run Perú (DRP), amenazaba con intentar convocar su propia Junta.

No reír, que este no es un programa cómico de Michael Moore.
Resulta que Doe Run Cayman es el segundo acreedor mayor de DRP, con 35% del total.

Como todas las Doe Run son subsidiarias del Grupo RENCO de Nueva York, el dueño único de ese consorcio, Ira L. Rennert, se las ha ingeniado para pasarse el dinero de un bolsillo a otro e invertir cerca de 0.

Resolución de jueza Martha Flores citando a Ira Rennert fue declarada nula por la 5a Sala por falta de “sustento legal”.

Esta semana la 5a Sala Penal declaró nula la resolución de la juez Martha Flores, del 39º Juzgado de Lima, que convocaba a Rennert y a el ex gerente general de DRP Albert Brune Neil a rendir sus declaraciones instructivas aquí, ya que habían sido denunciados por quiebra fraudulenta en la Fiscalía.

El fallo de la Sala no rechaza la decisión de la jueza, pero dice que le falta “sustento” legal.

La Sala permite salomónicamente a la jueza insistir añadiendo argumentos, pero es muy probable que la defensa de DRP la recuse y el nuevo magistrado no necesariamente tenga el temple de Flores.

Dentro de lo que parece ser un panorama en que más priman los titubeos timoratos juega el nuevo plan de reestructuración de DRP, presentado la semana pasada, que resulta siendo el cuarto.

Aparenta flexibilidad para los paisanos pero insiste en lo principal: que se les extienda otra vez el periodo para implementar el PAMA (el programa de adecuación ambiental).

Si esto sucede, el Grupo RENCO ganaría una denuncia presentada ante el tribunal arbitral de La Haya y el país quedaría enganchado.

Sería gravísimo.

El PAMA es extendido por ley del Congreso, así que hay que vigilar a los padres de la patria e impedir que los come pollos se conviertan en come plomo.

Y el Ejecutivo tiene un papel fundamental que jugar.

Ira Rennert ofrece una magnífica oportunidad para demostrar que aquí se defiende el medio ambiente en las operaciones mineras, sean nacionales o extranjeras.

Según la Defensoría del Pueblo, están activos actualmente unos 160 conflictos sociales en el país, la mayoría “socio-ambientales” relacionados con la minería.

Muchos de ellos son tanto ficticios como hipotéticos o estimulados por agendas políticas.

El proyecto Conga, por ejemplo, moviliza sectores en Cajamarca especulando sobre la posibilidad de que contaminaría fuentes acuíferas.

El nuevo peritaje realizado por los expertos españoles Luis López García y Rafael Fernández Rubio, recomendando 20 modicaciones en el proyecto original, en nada parece haber calmado las aguas en Cajamarca.

Mientras tanto, una realidad minero-ambiental deplorable, vigente y mucho más importante, resulta ignorada por las iras populares.

Somos un país de desconcertadas gentes y autoridades que dan la impresión de no percatarse realmente de la oportunidad política legítima que tienen en las manos.