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Alan García y Adrián Villafuerte: Entre Saludos

García e influyente Villafuerte, muy cercano a Humala, se saludan el sábado 30 en el cumpleaños de empresario taurino Freddy Villafuerte.

Asesor presidencial Adrián Villafuerte se encuentra con Alan García tres días antes que “megacomisión” recomiende inhabilitarle políticamente. En fiesta del empresario taurino Freddy Villafuerte, primo del asesor, el sábado 30.

La tarde del sábado 30, García asistió a la fiesta de cumpleaños del empresario taurino Freddy Villafuerte en Mamacona. Ahí se encontró con el coronel EP (r) Adrián Villafuerte, primo del agasajado e influyente asesor del presidente Ollanta Humala.

Apenas la tarde del sábado 30, Alan García asistió a la fiesta de cumpleaños del empresario taurino Freddy Villafuerte en Mamacona. Ahí se encontró con el coronel EP (r) Adrián Villafuerte, primo del agasajado e influyente asesor del presidente Ollanta Humala.

Ambos, como puede verse en la secuencia de fotos de estas páginas, se saludaron con mucha amabilidad. Luego cada uno siguió su camino. El ex presidente se encontraba con su hijo menor, Federico Dantón, y la madre de éste, Roxanne Cheesman.

Tres días después, el oficialismo convirtió oficialmente a García en su principal objetivo, con un partido de fondo donde se buscará su inhabilitación política para sacarlo tempranamente de la carrera de 2016. Era la confirmación de una realidad adelantada permanentemente por el tabloide oficialista La Primera.

La accidentada aprobación del informe sobre la investigación de los colegios emblemáticos en la llamada “megacomisión”, el martes 3, marca un antes y después en la relación entre Humala y su predecesor.

Como el ex titular de Educación, José Antonio Chang, García no ofreció declaraciones al respecto y el mismo martes 3 partió a China, invitado por el gobierno de ese país.

¿El gobierno la tendrá fácil? No, a juzgar por el ánimo que García dejó ver el sábado en la pista de baile y en la cola del buffet criollo.

JUICIO POLÍTICO

Por cierto, colorea la historia un trasfondo de política y familia, aquella combinación que hoy padece Humala, como también se lo recordó la revista Time la semana pasada.

Sergio Tejada (31), el joven presidente de la comisión, viene de familia de izquierda. Su abuelo, David Tejada de Rivero, tuvo un destacado paso por la Organización Mundial de la Salud y fue ministro de Salud del primer gobierno de García. Todo indica que fue relevado por Ilda Urizar en los que no fueron los mejores términos. Desde entonces es un ácido crítico de García dentro del PAP.

Para Tejada, una cosa es “la falta de orden constitucional por emitir un Decreto de Urgencia sin el sustento técnico legal”, y otra “las responsabilidades de obras en los colegios”.

Por eso es que Tejada ha declarado que García no tiene responsabilidad por las obras sino por el D.U. 004-2009. Y ahí está la clave.

Según las recomendaciones de la “megacomisión”, García y un grupo de ex ministros del régimen anterior deberían ser acusados constitucionalmente por emitir el decreto que permitió acelerar los procesos de licitación de los colegios emblemáticos. El viernes 6 se darán a conocer los términos exactos del informe, cuando este sea remitido a la mesa de partes.

¿Pero cómo van a sustentar esa acusación si el propio congresista no es capaz de garantizar la validez del estudio encargado al Colegio de Ingenieros de Lima para establecer las sobrevaloraciones?

Ricardo Mont, gerente general de DH Mont, encargada de la remodelación de 9 de los colegios, cuestiona precios en mano los peritajes encargados por el Congreso (CARETAS 2238) en el Colegio Melitón Carvajal.

“Si el peritaje está bien o está mal, tendrá que ser determinado en otras instancias”, respondió insólitamente Tejada. “Para empezar, no soy ingeniero. Como no somos expertos en el tema, no seremos quien califique el peritaje, ya lo hará en su momento el Ministerio Público”.

Ojo, en el caso de García y los ministros, la acusación se basaría en una infracción constitucional y no en un delito. Así, el artículo 100 de la Constitución faculta al Parlamento a finiquitar el asunto dentro de las paredes del Legislativo, sin recurrir al Ministerio Público, como ocurre con los delitos. Se trataría de un juicio eminentemente político, no muy distinto al que acaba de sacar del poder al paraguayo Fernando Lugo.

El Comité Ejecutivo Nacional del PAP aprobó la noche del mismo martes 3 un comunicado en apoyo a García. Para Del Castillo, “la comisión Tejada no se atrevería a hacer estas acusaciones sin el visto bueno de Palacio. Es obvio que Humala está detrás de esto en su torvo acuerdo con Alejandro Toledo”.

La única posibilidad de revertir una sanción de esa naturaleza es que el Tribunal Constitucional acoja un recurso de amparo por parte de García. Y el que esté pendiente, y muy retrasada, la elección de los nuevos magistrados del TC por parte del Congreso añade otra vuelta de tuerca a la historia. Además, es conocido el interés del fujimorismo por influir en dichas designaciones.

Como sostiene el parlamentario aprista Mauricio Mulder (ver entrevista), ha trascendido que el informe “recomienda” acusar constitucionalmente a García y los ministros, cuando se supone que la comisión debe acusarlo por sí misma, lo que debe ser confirmado, primero por la comisión permanente y luego en el pleno por mayoría simple en la próxima legislatura.

Ahí puede encontrarse un primer problema que será aprovechado por los apristas.

En segundo lugar, no ha quedado claro cuáles serán los ministros incluidos en la acusación constitucional. En conversación con CARETAS, el ex premier Jorge del Castillo advierte que los Decretos de Urgencia son aprobados por los Consejos de Ministros, por lo que en ese caso tendría también que ser acusado el entonces primer ministro Yehude Simon, actual parlamentario de Alianza por el Gran Cambio. El gobierno no podría contar en ese caso con los votos de ese grupo. Previsiblemente, Simon calificó de “ilógico” investigar el D.U.

En tercer lugar, el D.U. sigue tan vigente que la “megacomisión” recomienda derogarlo. Incluso el último Presupuesto General de la República contiene partidas habilitadas en él. ¿Cómo podría el actual gobierno acusar la inconstitucionalidad de una herramienta a la cual le echa mano? Sin ir más lejos, la administración Humala ya aprobó 33 decretos de esta naturaleza.