Un efectivo policial pide explicaciones a Efraín Condori durante la III Convención Nacional del Conare-SUTEP, el 27 de agosto de 2011.
Con ley de reforma magisterial enviada al Congreso, vapuleada por la oposición, el Ejecutivo busca aislar a dirigentes del Conare vinculados con el Movadef.
El jueves 9 el Ejecutivo enviará al pleno del Congreso el proyecto de ley del Desarrollo Docente (LDD) anunciado por el presidente Ollanta Humala en su discurso presidencial y redactado bajo la coordinación de la ministra de Educación, Patricia Salas.
Interpretada inicialmente como una derogación de la ley de la Carrera Pública Magisterial (CPM), la oposición enfiló sus baterías contra la ministra, que terminó aceptando una “falta de comunicación a la hora de plantear el proyecto”.
La descoordinación le ha costado una posible interpelación en el Congreso que debería resolverse esta semana. Aunque Concertación, el fujimorismo y Acción Popular no tienen los votos para censurarla, sí podrían obligarla a responder un pliego de 31 preguntas entre las que destaca una fundamentación detallada de por qué no se continuó la implementación de la CPM y una sustentación económica de la LDD.
Además de tener que explicar su posición en el Congreso, que ya es el escollo previo a la aprobación de la ley, Salas sortea dos serios obstáculos: el Conare (Comité Nacional de Reordenamiento y Reconstitución) –SUTEP y el propio SUTEP.
El primero, liderado por Efraín Condori, lleva casi 50 días en huelga paralizando Puno, Apurímac, Ayacucho y Pasco. No aceptan perder la estabilidad de la antigua ley del profesorado que será derogada con la LDD, advierten de una eventual privatización de la educación y exigen el pago efectivo del 30% de sueldo por preparación de clases, como lo establece su régimen. Según calculan, la deuda acumulada alcanzaría los S/. 250 mil millones.
Pero su gran talón de Aquiles son sus propios dirigentes, muchos de los cuales están ligados al Movadef prosenderista. El propio Condori es un militante que aparece en un video respaldando el “pensamiento Gonzalo”.
Salas ha confirmado que no hablarán con ellos mientras no hagan un deslinde claro. “Es muy importante terminar de aislar y derrotar a lo que son esas opciones que lindan con ideologías como SL”, sostiene.
DESLINDE CON SL
Edi Camones, la nueva dirigente de la comisión de diálogo del Conare, aseguró a CARETAS no estar vinculada al Movadef, “rechazo cualquier vinculación con ellos y mucho menos con Sendero Luminoso. Yo nunca he firmado en su apoyo y los rechazo nuevamente”.
Camones afirmó además que tras una primera reunión el 31 de julio con José Luis Velásquez, asesor de la ministra, regresó al día siguiente para recoger un documento de rechazo redactado por el ministerio. Según su versión, salió a consultar con sus bases y al regresar a firmarlo, no fue recibida.
“El ministerio no le propone ningún documento”, niega Salas. “Hay una sola reunión, se les pidió el deslinde y no lo hicieron. No hubo más diálogo. Acá (documento entregado el 2 de agosto) dice: ‘el SUTEP es un frente único, no haciendo ninguna exigencia de carácter ideológico o político, ni se discrimina a nadie por esas razones’. ¿Qué puedes entender tú por esa frase? Ella, como persona, no puede negociar a nombre de una organización sin poder decir lo que ésta representa y lo que está dispuesta a hacer”.
SUTEP A MEDIO CAMINO
A medio camino está la dirigencia nacional del SUTEP, que con René Ramírez a la cabeza, tienen una ley presentada al Congreso que esperan sea debatida y recogida en la versión final. La principal diferencia es que, de desaprobar dos veces una evaluación, el maestro sería retirado de las aulas para desarrollar funciones administrativas hasta que alcance la capacitación necesaria.
Ya en julio el Conare intentó tomar la sede del SUTEP por no apoyar la huelga nacional que Condori les propuso desde mayo. Las diferencias son insalvables y, en palabras de Camones, pasan por “sacar de la dirigencia a la gente enquistada de Patria Roja. Ellos ahora se han aliado con el ministerio y no reclaman nada a cambio de que no les quiten la Derrama Magisterial, donde manejan millones. Esa institución es un robo”.
–¿Podría ser Condori el nuevo Robert Huaynalaya?
–Como sociedad tenemos que detenerlo y hacer que retroceda –promete Salas. Como país tenemos que recuperar el liderazgo de los maestros peruanos, no podemos dejarlos abandonados para que pase cualquier cosa.
PUNTOS DE CAMBIO
“El problema de la educación es más grande que el de los maestros”, afirmó el presidente Humala el martes 7, aunque pidió a los maestros que les “den la mano para trabajar juntos”.
Efectivamente Martín Vegas, viceministro de Gestión Pedagógica, acotó a CARETAS que si bien “el costo con la ley actual es de S/. 160 millones y se va a incrementar con las reformas”, el monto total del presupuesto de Educación supera los S/. 17 mil millones de soles. “Hay que ponerlo en perspectiva, no es el grueso del presupuesto, pero cada centavo de sueldo que se aumente hay que multiplicarlo por 300 mil docentes”.
“Mi posición siempre ha sido que la CPM necesitaba ser renovada y que la aplicación de la ley sería hacia el segundo semestre de este año”, explica Salas a CARETAS. Su principal argumento es ampliar los alcances de una ley meritocrática y combatir la reducción de postulantes.
“Todo el magisterio debe de estar ahí y no tener dos regímenes laborales. En las últimas convocatorias hemos tenido 2 mil docentes. Si seguíamos en ese ritmo no íbamos a llegar nunca al objetivo previsto”.
METAS CRÍTICAS
Críticos como el ex viceministro Idel Vexler calculan que la LDD demoraría por lo menos año y medio en implementarse. Con todo, Salas apuesta por una aprobación de la LDD para septiembre que le permitiría comenzar la reforma al abrir el 2013.
La lógica es simple: para que todos se esfuercen por mejorar deberán pasar por evaluaciones de desempeño integral que además servirán para escalar en un escalafón que si en la CPM tenía cinco niveles escalables en 20 años, ahora tendrá ocho escalables en 30 años. La diferencia de salarios entre el primer y el último nivel se estira además en 60% para incentivar las capacitaciones. Eso sí, quien desaprueba se capacita, pero quien desaprueba tres veces, se va.
Aunque la actual CPM fue aprobada en julio de 2007 sin debate en el Congreso ni la aceptación del SUTEP, se ganó el apoyo del 63% de la población nacional según Ipsos-Apoyo. La clave estaba en que el 82% creía que se iba a dar una “evaluación periódica de los maestros”.
La incorporación automática mantiene las diferencias ganadas a pulso por los 55 mil profesores de la CPM (25 mil de los cuales provienen de la ley del profesorado y los demás ingresaron directamente al nuevo esquema), pero hace pasar por el aro a los 203 mil que se mantienen en la ley del profesorado con una peligrosa estabilidad ad infinitum. Aunque su sueldo aumentaría, entrarían en el nivel más bajo de la LDD.
COLEROS EN PISA
La urgencia de la reforma va de la mano con el pobre desempeño del Perú en las pruebas PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, por sus siglas en inglés) en 2001 y 2009. Los resultados miden las habilidades de estudiantes de 15 años en tres campos: comprensión lectora, matemática y ciencias.
A pesar de ser el país que más elevó su nivel de comprensión lectora, en 2009 el Perú quedó en puesto 62 de 65 países participantes, superando solo a Panamá, Azerbaiyán y Kirziguistán. En matemática ocupó el puesto 60 y en ciencias el 63. Este año la evaluación se aplicará el 21y 22 de agosto pero los resultados no se conocerán hasta fines de 2013.
“Además de esta ley tenemos políticas de formación de docentes y de incentivo a la mejora continua. Hay un paquete total que involucra magisterio, infraestructura, textos y soporte pedagógico”. Salas no se compromete a que el presupuesto de educación alcance el 6% del PBI –ofrecimiento de Humala en campaña– pero sí a sumarle el 0.25% cada año. “Para el próximo año supondría no menos de 2 mil millones de soles”, indica el viceministro Vegas. (Israel Guzmán)
‘Se Han Dejado Infiltrar’
Ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, revela que profesores ligados a la “ideología del terror” han penetrado el SUTEP.
El abogado especialista en DD.HH. Wilfredo Pedraza es el cuarto titular del Interior en el año de gobierno de Humala.
Wilfredo Pedraza, 50, andahuaylino, es el cuarto ministro del Interior en solo el primer año del gobierno de Ollanta Humala. Su nombramiento supone un cambio significativo en la acción represiva en el manejo de los conflictos sociales, motivo de la caída del gabinete Valdés a inicios de julio. Pedraza es abogado especializado en derecho penal, penitenciario y derechos humanos. Ha sido dos veces presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE); fue coordinador en la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y director del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo. Dice que fue el premier Juan Jiménez, con el que coincidió en el gobierno de transición, quien lo convocó para el puesto y que en su primer encuentro con el presidente Ollanta Humala éste le dijo: “No quiero un muerto más en conflictos”.
–Se han reportado incidentes violentos en Juliaca relacionados a las protestas de profesores ligados al Conare y se temen nuevos incidentes. ¿Cuál es su evaluación de los hechos? –Ese es un foco de preocupación. La violencia que generan los profesores vinculados al Conare, que no hacen deslinde con el terrorismo, y que en Juliaca pretendieron tomar el aeropuerto, nos preocupa. Los hemos denunciado penalmente y también hemos mandado un grupo de Dinoes a Juliaca.
–¿Qué información tiene respecto a las denuncias de infiltración del Movadef senderista en el sector Educación? –En las protestas de los docentes se ha detectado la participación de personas vinculadas al Movadef, que tiene una clara orientación ideológica vinculada a Abimael Guzmán, y del Conare, que diría más bien es una suerte de organización ‘neosenderista’ que trabaja con más agudeza en la búsqueda de conflictos. Sabemos que ambos organismos están peleando por el dominio del SUTEP. Lo que nosotros vamos a hacer es aportar información para demostrar los vínculos de sus líderes con el terrorismo.
–¿Cómo explica esta situación? –El SUTEP se ha dejado infiltrar. Profesores ligados a la ideología del terror, que han sido condenados por terrorismo, no deben estar en las aulas.
–¿Qué se está haciendo al respecto? –He conversado con la ministra de Educación, Patricia Salas, y estamos buscando el mecanismo legal para evitar la infiltración senderista. Es preocupación del gobierno que gente vinculada a hechos tan graves como el terrorismo tengan presencia en nada menos que la educación. Eso sí, impunidad no habrá.
CAJAMARCA EN EMERGENCIA
–¿Es un exceso de confianza o de ingenuidad política prometer que no habrá un muerto más en conflictos sociales? –Esa expresión la recojo de un diálogo privado con el Presidente y, por supuesto, es una aspiración. No soy un cándido y reconozco que un conflicto puede generar situaciones penosas, pero trataremos de que eso no sea consecuencia de una acción policial exacerbada. Ni un muerto más supone eso: más racionalidad, más diálogo y los mayores esfuerzos para evitar que alguien se vea afectado.
–Vladimiro Huaroc dijo en un determinado momento que “Conga es un ejemplo de lo que no se debe hacer”. ¿Usted comparte ese punto de vista? –En todo lo que pasó antes, sin duda. Quizá pasó por la falta de previsión, la terquedad de algún sector o la ideología, la poca comunicación o el estado de estrés. Los policías que estuvieron en Cajamarca enfrentaron la situación con poco equipamiento. Nuestro policía no se caracteriza exactamente por una excelente preparación. Es un tema que vamos a trabajar a mediano plazo. Por el momento hemos tomado algunas decisiones: el responsable policial de Cajamarca ya no es el director regional. Es un general de la Policía que responde directamente al Comando en Lima, cosa que rompe la tradición policial. Él tiene instrucciones clara de ser persuasivo, de dialogar, de usar la fuerza solo cuando corresponda. La instrucción del Presidente es no volver a usar armas letales a menos que existan evidencias razonables de riesgos que afecten la vida de ciudadanos o del propio policía.
–El presidente regional de Cajamarca volvió a romper el diálogo. ¿Por qué se amplió por 30 días más el estado de emergencia en Cajamarca? –La información que tiene el gobierno es que habría perspectivas de continuar haciendo actos de agitación, de reanudar los bloqueos de pistas y, por lo tanto, generar inseguridad. El diálogo de fondo aún no comienza. El gobierno recién va a nombrar a los negociadores, de modo que no hay que patear el tablero antes de comenzar el juego. La prórroga del estado de emergencia es un tema revisable en la medida que haya compromisos recíprocos con los dirigentes cajamarquinos de respeto a la propiedad y a la vida.
–El gobierno ha anunciado una reforma en la Policía que pasa por una reestructuración interna de gran envergadura. ¿Cómo se llevará a cabo? –El gobierno ha pedido facultades delegadas al Congreso porque esta es una reforma integral que abordará tres temas centrales: mejoraremos las condiciones salariales de la Policía, repotenciaremos las unidades principales para el combate contra el crimen organizado y mejoraremos la ejecución de gasto. Entonces yo creo que de aquí a un año vamos a tener, por lo menos, 300 comisarías adecuadamente equipadas, 900 patrulleros más y una institución donde los que ganan menos percibirán más. (Américo Zambrano)
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