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Calibrando el Acuerdo Nacional

Bromas y cinturas. Los diez años del Acuerdo Nacional sirvieron para subrayar lineamientos de Estado.

García, Humala y Toledo se encontraron en sesión del Acuerdo Nacional que aprobó política hídrica. Ahora el reto está en que las reformas de Educación, Defensa e Interior no hagan agua.

Fueron de antología las escenas vividas el martes 14 dentro de Palacio de Gobierno durante la sesión del Acuerdo Nacional que conmemoró los diez años de su inauguración y en la que se presentó la nueva política hídrica del país.

El encuentro entre Ollanta Humala, Alan García y Alejandro Toledo no se repite todos los días. La ceremonia aprobó la “política 33” del Acuerdo, relativa al agua y anunciada en el discurso de Fiestas Patrias. Allí el Presidente planteó una modificación constitucional para consagrar el derecho al líquido elemento. Si bien todavía no hay consenso político en torno a la materia, ya es una realidad que forma parte de las políticas de Estado respetadas desde hace más de una década.

El AN convocado en julio de 2001 por Toledo arrancó con 22 políticas y ya se incrementaron con 11 más.

“Ahora la tarea es cómo convertirlas en indicadores y recursos financieros”, explica Mariano Paz Soldán, presidente del Consejo Directivo del CEPLAN. La siguiente meta será el priorizar el ordenamiento territorial del país.

Pero la alta política también tuvo su minucia. En la entrada se demoraron 10 minutos para identificar a Javier Iguíñiz, nada menos que secretario ejecutivo del Acuerdo, y mientras tanto todos los dignatarios tuvieron que esperar en la cola.

Ya dentro, el ex presidente García recorría los ambientes cuando se encontró con Eliane Karp. Aunque la ex primera dama intentó zafar del saludo, García insistió y después de un comentario suyo, aparentemente en francés, Eliane le ofreció la mano.

En cambio Toleodo hizo durante su intervención dos comentarios favorables a García. Y este a su turno le devolvió la flor. La “megacomisión” parecía un mal recuerdo.

Los ex mandatarios terminaron con el rol de intervenciones que comenzaron Iguíñiz, el canciller Rafael Roncagliolo y el secretario general del AN Max Hernández.

ORDEN DE LOS FACTORES

El evento fue programado a las 9, pero comenzó media hora más tarde. García terminó su intervención exactamente a las 10 y 18.

Lo sorprendente es que Ollanta Humala no había llegado. Se demoraría otros 22 minutos para hacer su entrada, cuando todo estaba ya prácticamente dicho.

“Cuando menos debió estar cuando hablaron los ex presidentes”, lamentó un asistente al evento.

El anecdotario, que no desmerece el necesario impulso al trabajo de políticas de Estado maduradas en el AN, también refleja algunos de los problemas que afectan al gobierno.

En política las formas pueden ser también el fondo.

La administración de Humala se ha embarcado en un par de reformas fundamentales –Educación y Fuerzas Armadas- pero la apuesta puede verse afectada por el orden de los factores.

Todo indica que la batalla política se comenzó a librar antes de tiempo, sin tener claros los números y los detalles.

LOS UNIFORMADOS

La calculadora más poderosa del país, la del ministro de Economía Luis Miguel Castilla, debe estar trabajando sobretiempo para cuadrar el presupuesto del próximo año que se presentará al Congreso a más tardar el próximo 30 de agosto.

No todo debe andar tranquilo por el MEF. Elmer Cuba de Macroconsult llamó la atención sobre el superávit fiscal histórico de 6% en el primer semestre del año, pues también refleja el bajo desempeño del Estado en su inversión pública.

Un primer aterrizaje conceptual llegará el próximo lunes 20, cuando el gabinete presidido por Juan Jiménez se presente en el pleno del Congreso para exponer sus lineamientos y solicitar el voto de confianza al primer mes de nombrado.

Una fuente del Ejecutivo dijo que el propio Ollanta Humala venía calibrando la reforma castrense y policial desde junio y en coordinación con su asesor, el coronel EP (r) Adrián Villafuerte Macha.

Pero la magnitud de la propuesta del 28 de julio habría sorprendido a los ministros de Defensa e Interior, Pablo Cateriano y Wilfredo Pedraza, designados días antes.

FACULTADES DELEGADAS

Sin embargo, una vez sobre el caballo, Cateriano asumió una apasionada defensa del proceso y no se quedó corto para devolver la pelota a sus críticos, los ex ministros Rafael Rey y Ántero Flores Aráoz.

Así, el Congreso aprobó el jueves 9 concederle al gobierno facultades delegadas para la reforma institucional de los sectores Defensa e Interior. Durante su exposición, el flamante ministro de Defensa hizo cuestión de estado en torno a la delegación de facultades y aseguró que caso contrario renunciaría al cargo.

Los 7 ítems puestos al voto se aprobaron ajustadamente. Tanto así que el presidente del Legislativo, Víctor Isla, debió ejercer su voto dirimente por el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía en el manejo de los conflictos sociales.

Según el pedido, el Poder Ejecutivo proyecta efectuar un incremento salarial y pensionario para los militares y policías, medida largamente esperada en ese sector, y además crear un sistema de seguridad y defensa nacional.

También se pretende crear un mecanismo centralizado de compras para el sector, así como fortalecer y modernizar a la Policía, la Dirección General de Migraciones y el organismo encargado del control de armas, municiones y explosivos, entre otras medidas.

Bajo ese esquema, la Policía proyecta invertir S/. 600 millones en la modernización de las comisarías y la compra de 900 patrulleros.

El plazo otorgado por el Congreso al Ejecutivo es de 90 días.

EL NERVIO

Para el ex premier Jorge del Castillo el nervio de la propuesta es la reforma salarial.

“El gobierno se ha metido en honduras. En total, entre los sectores Educación, Defensa e Interior, hablamos de unas 700 mil personas. Será muy complicado otorgarles un mejoramiento laboral si detrás hay más funcionarios que esperan los mismos derechos. El costo es de tal magnitud que lo piensas 100 veces antes de hacerlo. Puede haber una sana intención de cumplir determinadas promesas, pero de ahí a lograrlo hay un abismo”, advirtió.

Como dijo Alan García, este gobierno tiene más plata. Pero comprometerla en aumentos salariales y compromisos pensionarios es harina de otro costal.

El congresista fujimorista Carlos Tubino lamentó que “esas cifras no las tiene nadie y no se sabe lo que quieren hacer. No lo saben ni los comandantes generales”.

Según su colega de bancada Octavio Salazar “lo que está haciendo el gobierno es la modificación de la estructura orgánica de los dos ministerios”.

DUDAS Y MURMURACIONES

Ricardo Herrera, especialista del estudio Muñiz, declaró al diario Gestión que el proyecto de reforma que el MEF ha barajado en años anteriores es de S/.3,300 millones, mientras que el de Defensa e Interior costaría S/.5,000 millones. El salto es exponencial.

Cateriano ha asegurado que no se liquidará la alicaída Caja de Pensión Policial Militar.

La desconfianza entre los altos rangos de uniformados se remite a los trascendidos: se impondrá la figura de una especie de “general de generales” por encima de todos los miembros de la cúpula, y si se eliminará la pensión renovable o cédula viva que actualiza las pensiones a los ingresos de los oficiales en actividad.

Algún recelo ya se había producido luego del anuncio presidencial de implementar un instituto de capacitación tecnológica para los licenciados, que funcionará en 6 hectáreas de la división blindada del Rímac y que demandaría una inversión de S/.180 millones. Pesos pesados del sector no se explican por qué no optó por ampliar la capacidad de las escuelas técnicas de cada uno de los institutos. Se repite la especulación sobre una probable intención presidencial de hacerse con una base política más confiable que la del endeble Partido Nacionalista.

NÚMEROS EN PIZARRA

Mientras tanto, el Ministerio de Educación vive unos días de crucial importancia. La ministra Patricia Salas deberá responder el jueves 16 un pliego interpelatorio de 31 preguntas ante el Pleno del Congreso.

Los cuestionamientos pasan por las comparaciones entre la existente Ley de Carrera Pública Magisterial (CPM) y la propuesta alterna de Ley de Reforma Magisterial (LRM), con la que se busca sumar a todos los maestros a un régimen laboral homologado; la huelga dirigida por el Conare-SUTEP y la pobre ejecución en el presupuesto de inversión.

De los S/. 2,900 millones presupuestados para 2012, el Minedu solo había gastado el 11.5% (S/. 334 millones) a mitad de año.

La más grande piedra en el zapato serán los costos de la reforma, que en principio –y a pesar de la insistencia de la oposición– no serían detallados el jueves. Se supone que Salas esperará una semana más hasta presentar la ley ante la comisión de Educación.

“Son decisiones políticas y ahí las cosas pueden variar”, concedió Vegas, quien ya precisó que actualmente se desembolsan S/. 160 millones anuales en los 55 mil profesores adscritos a la CPM.

“La CPM tenía planificado un gasto de S/. 2,500 millones para 250 mil maestros ”, compara Idel Vexler, ex viceministro de gestión pedagógica, “pero era una incorporación gradual para que no reviente”.

“No se puede entrar a un debate de la ley si no se tiene claridad del financiamiento ni las estrategias de gestión”, advirtió.

SUTEP EN LA ANTESALA

Salas es el cuarto miembro de un gabinete de Humala que deberá comparecer ante el Pleno. Antes pasaron Aída García Naranjo, Daniel Lozada y José Urquizo. El recambio tras el desgaste vino casi cantado.

Aunque la suma de votos indica que la ministra sortearía una eventual censura, de su presentación depende también el futuro de la LRM. Si no convence, el debate en el Congreso esperado para septiembre le dejará todavía cierto margen de maniobra.

El viernes 17 se definirá en el ministerio el presupuesto de Educación para el año 2013. Las precisiones sobre el pago a maestros se manejan bajo siete llaves. Por el momento, Vegas solo ha adelantado que se cumplirá la meta de incrementarlo en un monto no menor al 0.25% del PBI.

El martes 21, el SUTEP tendrá una convención nacional para emitir opinión sobre la LRM.

“Es casi lo mismo que la CPM y la ministra ni siquiera ha dicho cuánto va a ser el piso salarial”, dijo René Ramírez, presidente del gremio. Aunque improbable, un paro nacional no está descartado. Ya el jueves 2 algunos representantes
se inclinaron por ese camino, pero Ramírez logró convencerlos de que era mejor esperar la explicación de la ministra.

Sería cruelmente irónico que el sindicato de maestros se ponga en contra de Salas luego que la oposición fustigó a la ministra por la supuesta apertura que le mostró y que Humala celebrara en su discurso del 28 de Julio el “relanzamiento de las relaciones con el magisterio”.