Narcotráfico

Sánchez Paredes: Entre la Corte y la Pared

De izquierda a derecha, Manuel, Carlos, Simón, Miguel y Fidel Sánchez Alayo, incluidos en la investigación en Nueva York.

La Corte del Distrito Sur de Nueva York abre investigación a los Sánchez Paredes por narcotráfico y lavado de activos, y embarga sus cuentas bancarias en Estados Unidos y Perú.

A dos años de iniciado el ‘megaproceso’ a la familia Sánchez Paredes por lavado de dinero producto del narcotráfico y en momentos en que se discute si el voluminoso expediente judicial va o no al archivo definitivo, el caso ha dado un vuelco espectacular.

El pasado 7 de setiembre, la Corte del Distrito Sur de Nueva York, como parte de una investigación que inició la Fiscalía de ese mismo Estado y la Drug Enforcement Administration (DEA), congeló 13 cuentas bancarias de Manuel Sánchez Paredes, de sus seis hijos y de sus empresas en Estados Unidos y el Perú.

Entre las cuentas embargadas figuran las de Compañía Minera San Simón y Compañía Minera Aurífera Santa Rosa (Comarsa), rankeadas en el top 10 de los grupos auríferos del país.

Las autoridades norteamericanas han puesto contra la pared al clan trujillano, paralizando sus negocios. La fiesta se acabó.

Enterados del embargo en Nueva York, los Sánchez Paredes retiraron gran parte del dinero en Lima. En la cuenta de San Simón se encontraron apenas 4 dólares.

LA PISTA DE MIAMI

La investigación de la Administración para el Control de Drogas de EE.UU. arrancó en mayo del 2010, exactamente un mes después de que el fiscal contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, denunciara por narcotráfico y lavado de dinero a 7 personas: los hermanos Manuel, Orlando y Wilmer Sánchez Paredes; Fidel y Miguel Sánchez Alayo, hijos de Manuel; Blanca Sánchez Príncipe, hija del asesinado Perciles Sánchez, y Belisario Esteves, ex viceministro de Comercio del primer gobierno aprista (CARETAS 2122).

Fuentes cercanas a la Embajada de EE.UU. en Lima dijeron a CARETAS que la DEA siguió atentamente el desarrollo de la ‘megainvestigación’ policial que arrancó en 2008 y, cuando el caso pasó al Poder Judicial, inició una pesquisa preliminar en dicho país.

El hilo de la madeja fue una cuenta en Miami a nombre de la empresa Advancer Logistic LLC. Dicha compañía se dedica presuntamente a actividades de transporte y tiene como directores a Manuel Sánchez Paredes y a sus hijos Simón, Carlos y Lola Sánchez Alayo.

Durante el 2010 y el 2011, la empresa realizó movimientos crediticios por apenas US$ 78 mil, pero entre abril y junio de este año registró transferencias por US$ 7 millones desde una cuenta del Banco de Comercio de Lima, cuya apoderada es la Corporación Horizonte Dorado SRL, de Manuel Sánchez Paredes.

Dicho monto, a su vez, fue transferido a través de diversas operaciones desde la cuenta de Advancer Logistic LLC a otras 9 cuentas en el Bank of America y el Citibank de Nueva York que tienen como presuntos titulares a 6 empresas off shore: Jartroy S.A., Gledimoy S.A., Girdey S.A., Mefary S.A., Nafory S.A. y Fulvus S.A.

Las autoridades norteamericanas corroboraron que dichas compañías de papel fueron constituidas en Uruguay y tienen como sus verdaderos propietarios a los hijos de Manuel Sánchez Paredes: Fidel, Simón, Manuel, Carlos, Miguel y Lola Sánchez Alayo.

OPERACIÓN LAVANDERÍA

La historia de estas seis empresas uruguayas es singular. El 27 de mayo del 2009, ante la proximidad de la acusación fiscal por lavado de activos, los seis hijos de Manuel Sánchez Paredes “transfirieron” la totalidad de sus acciones en San Simón a dichas off shores.

Se trataba de una venta ficticia que tuvo como propósito real encubrir un patrimonio que la Dirección Antidrogas (Dirandro) asegura proviene de un origen ilícito. Los Sánchez Alayo, además, ocultaron a las autoridades judiciales peruanas la transacción uruguaya.

La Fiscalía de EE.UU. remitió el caso al juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, James C. Francis IV, quien abrió la “Causa 12 MAG 2338” contra Manuel Sánchez Paredes y sus 6 hijos por tráfico internacional de narcóticos y lavado de activos.

El 7 de septiembre, el honorable magistrado ordenó la “retención de los fondos e inmovilización de 13 cuentas”. Diez de ellas están en EE.UU., a nombre de Manuel Sánchez Paredes y de sus hijos, y hacen un total de US$ 15 millones, según fuentes ligadas al caso.

Las otras tres cuentas están registradas en el Banco de Comercio de Lima y pertenecen a las empresas San Simón y Horizonte SRL., de Manuel Sánchez Paredes, y a Comarsa, de Orlando Sánchez Paredes en sociedad con sus sobrinos Fidel y Miguel Sánchez Alayo.

EL SENCILLO DE SAN SIMÓN

El 17 de septiembre, la directora de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de EE.UU., Mary Ellen Warlow, solicitó a las autoridades peruanas la inmovilización de dichas cuentas.
Según publicó el diario La República, el exhorto llegó al despacho del Segundo Juzgado Penal Nacional, que preside la doctora Janett Lastra Ramírez.

La juez ofició al Banco de Comercio y la retención de las cuentas se efectuó el 28 de septiembre, casi tres semanas después del procedimiento en Nueva York.
“¡Esto nos tomó por sorpresa!”, aseguró a CARETAS el doctor Luis Roy Freire, abogado de Manuel Sánchez Paredes. La verdad es otra.

Las autoridades norteamericanas informaron que las tres cuentas del Banco de Comercio tenían fondos por US$ 90 millones.

Pero alertados del embargo en Nueva York, Manuel Sánchez Paredes y sus hijos retiraron buena parte del dinero en el Perú.

El Banco de Comercio informó a la juez Lastra que en la cuenta de minera San Simón se encontró apenas 4 dólares. Horizonte SRL. tenía US$ 1 millón y Comarsa, US$ 3 millones.

La defensa de Orlando Sánchez Paredes alega que la cuenta de Comarsa recibía fondos producto de la venta del oro con la firma Italpreziosi SpA. vía Nueva York. Dicha empresa fue fundada en 1984 y está registrada en Banca d’Italia como Operador Profesional del mercado del oro. Hace negocios en Latinoamérica y África.

Enterado de la situación, Orlando Sánchez Paredes contrató al bufete neoyorkino Chadbourne & Parke LLP, uno de los más poderosos en la ciudad con sede en el Rockefeller Plaza. Abogados de esta firma habrían acudido donde la prestigiosa jueza Loretta Preska, quien preside el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, solicitándole levantar el embargo de la cuenta de Comarsa en Lima.

Preska les informó que se evaluaría la solicitud luego de que Orlando Sánchez Paredes remitiera los documentos que acrediten su producción total de oro, declaración de rentas y aduanas, entre otros.

EL CASO NO MUERE

Al cierre de esta edición, la defensa de Manuel Sánchez Paredes no se había apersonado a la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

“No sabemos a qué obedecen las medidas de inmovilización que se han dictado”, sostuvo el abogado Roy Freire. “La familia está tranquila, aunque es sabido que el apellido Sánchez Paredes motiva muchas suspicacias. Han sido satanizados y qué se va a hacer, pues”.

Las credenciales de los investigadores gringos son las mejores. James C. Francis IV, el juez de la causa, labora en la Corte del Distrito Sur de Nueva York desde hace 27 años y su jefa, Loretta Preska, es una de las más serias en el sistema judicial americano.

Preska presidió el caso “Bloomberg LP vs la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal”, en 2009, y atendió la petición de Ahmed Khalfan, el primer detenido de Guantánamo en ser juzgado por un tribunal civil de EE.UU., entre otros casos.

Con la inmovilización de las 13 cuentas en Nueva York y Lima, las actividades de San Simón y Comarsa han quedado prácticamente paralizadas. El caso que se veía morir volvió a palpitar.

Aún está pendiente el fallo del Colegiado “D” de la Sala Penal Nacional, que definirá si el expediente va a juicio oral o al archivo definitivo. Pero a la luz de lo sucedido, el Poder Judicial no puede echar tierra sobre una investigación que ha durado cuatro años.

El caso se complicó políticamente porque el abogado principal del grupo investigado es el padre de Eduardo Roy Gates, el asesor jurídico del Presidente de la República (CARETAS 2226).

Padre e hijo jurisconsultos estuvieron en Ica el año pasado cuando una balacera entre los elementos de la seguridad de miembros de la misma familia dejó tres muertos en la vía pública (CARETAS 2167).

Ahora, la sombra del caso Fernando Zevallos, a quien EE.UU. colocó en la lista negra del Kingpin Act, se proyecta en el horizonte. (Américo Zambrano)