Historia A seis meses del autogolpe de Fujimori en 1992, un puñado de militares constitucionalistas intentó derrocarlo. Esta semana se cumplieron 20 años de la frustrada asonada.

El Contragolpe

El general Jaime Salinas Sedó con sus camaradas de armas en el Cuartel Bolívar de Pueblo Libre, el martes 13.

El 13 de noviembre pasado se cumplieron veinte años desde que fueron detenidos el general Jaime Salinas Sedó y 25 de sus camaradas cuando planeaban restaurar la Constitución de 1979 violada por Alberto Fujimori con el autogolpe del 5 de abril de 1992, junto con su asesor Vladimiro Montesinos Torres y el general Hermoza Ríos. Una artera delación abortó el movimiento.

Los oficiales sufrieron diversas violaciones a sus derechos humanos y se abrió el caso 11.084 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aunque parezca increíble, este continúa en trámite 20 años después, ya que no acaban de resolverse las secuelas de las acciones cometidas por el fujimorismo.

LA CIDH

El 30 de noviembre de 1994, la CIDH adoptó un Informe concluyendo que el gobierno del Perú había violado los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, a las garantías judiciales del debido proceso al derecho de reunión, a igual protección ante la ley y a la protección judicial.

La Comisión solicitó al gobierno del Perú que se dejara sin efecto la resolución del Consejo Supremo de Justicia Militar contra los militares constitucionalistas y los sometiera a nuevo juicio o que los dejara de inmediato en libertad. Nada de esto fue cumplido por el gobierno de Fujimori.

Fujimori impostó un presunto intento de asesinato con este fusil.

La Comisión desoyó las solicitudes de los familiares de las víctimas y no sometió el caso a la Corte Interamericana. Hay quienes consideran que fue una concesión a las presiones de la entonces embajadora del Perú, Beatriz Ramacciotti, a funcionarios de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH.

LA PRIMAVERA DEMOCRÁTICA

Con el retorno del Perú a la democracia en noviembre de 2000, los militares constitucionalistas esperaron que las injusticias y vejaciones de que habían sido objeto llegaran a su fin. Ello demostró ser falso.

Luego de avances y retrocesos en los gobiernos de Paniagua, Toledo y García, el caso debió ser reactivado ante la CIDH por la renuencia del gobierno a cumplir con sus recomendaciones.

Se espera que el presidente Humala culmine positivamente el proceso y existen signos alentadores al respecto.

Debe recordarse que los oficiales del 13 de noviembre fueron los únicos en sufrir privación de la libertad por defender el régimen constitucional (9 de ellos durante más de dos años y ocho meses de prisión), cuatro de ellos fueron sometidos a torturas, todos fueron declarados “parias” de la institución militar, sus familias expulsadas de las viviendas asignadas por el Ejército, los hijos expulsados de los colegios, negado el acceso a los servicios de salud, recreación, etc.

En el momento inicial de su arresto, los oficiales fueron internados en el penal de Castro Castro con terroristas y delincuentes comunes.

Existen casos que, al haber sido excluidos de los servicios de salud y haber sido arbitrariamente reducido su salario, no pudo recibir tratamiento adecuado para graves dolencias. El caso del coronel César Martínez Uribe, a quien se le negó arbitrariamente un merecido ascenso, es especialmente doloroso.

PANIAGUA Y LOS DERECHOS HUMANOS

Al reactivar el caso en 2005, se tuvo especialmente en cuenta el compromiso del Estado peruano ante la CIDH reflejado en el Comunicado de Prensa Conjunto del 22 de febrero de 2001, en el cual el entonces ministro de Relaciones Exteriores manifiestó su disposición a considerar las recomendaciones de la CIDH.

No deben olvidarse las condecoraciones del Tribunal Constitucional, del Colegio de Abogados de Lima y de Arequipa y las innumerables muestras de solidaridad y apoyo de los organismos de la sociedad civil. El Congreso, por su parte, realizó importantes aportes dictando leyes que, desafortunadamente, solo se han cumplido parcial y defectuosamente.

Falta aún cumplir con ascender al grado inmediato superior a todos los oficiales y reconocer las reparaciones que les corresponden por las graves violaciones a los derechos humanos de que fueron objeto. En tal cometido, debe tenerse presente los compromisos en la Reunión de Trabajo con la CIDH el 2 de marzo de 2005:

(…) El proceso vivido desde la instauración del régimen democrático en el Perú indica que en el Ejército y en el Ministerio de Defensa tienden a prevalecer los intereses de un grupo corporativo, que en su momento estuvo muy próximo al gobierno de Fujimori, al jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional (Vladimiro Montesinos) y de (la Comandancia General) (Generales Hermoza Ríos y Saucedo). Esta preponderancia desvirtúa y anula los efectos del proceso institucional democrático que sí ha funcionado en otras áreas del quehacer institucional (…) como el Poder Judicial, el Servicio Diplomático y la Policía Nacional.

Los oficiales del 13 de noviembre han sido investigados sin que nunca pueda haberse comprobado la más mínima irregularidad de ninguno de ellos. (Por: Luis F. Jiménez)