Justicia
El Tercero Elige
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De izquierda a derecha, vocales Duberlí Rodríguez, Enrique Mendoza y Javier Almenara antes de debatir en el CAL, el viernes 16. |
Todo indica que la elección del presidente de la Corte Suprema se definirá en segunda vuelta. El voto dirimente es la clave.
La elección del vocal supremo Francisco Távara como presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el pasado jueves 15, daría un derrotero de hacia quién se inclinan las fichas para la elección del próximo presidente del Poder Judicial (PJ), el 6 de diciembre.
Távara se impuso a los vocales supremos José Luis Lecaros, Jacinto Julio Rodríguez y Vicente Walde con 7 votos de los 18 integrantes de la Sala Plena de la Corte Suprema. El magistrado Javier Villa Stein no se presentó a votar.
Su candidatura fue respaldada por Javier Almenara Bryson, quien rivaliza con Duberlí Rodríguez y Enrique Mendoza por la presidencia del PJ.
En cambio, el candidato de Duberlí Rodríguez, el supremo Jacinto Julio Rodríguez, perdió, al igual que el de Mendoza, Vicente Walde.
Así, se impuso la vieja guardia de la Corte Suprema. ¿Se impondrá ese mismo criterio en diciembre?
PERFILES Y PASADOS
Almenara, de 71 años, es el juez supremo más antiguo. En 2004 votó en la contienda de competencia en contra de que el juicio al Grupo Colina sea transferido de los foros civiles al militar.
Sin embargo, su pasada relación con el fujimorismo es un lastre. En diciembre de 1990, cuatro meses después que Alberto Fujimori asumiera la presidencia de la República, Almenara fue elegido presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima.
Posteriormente, el 31 de diciembre de 1993, luego de que Fujimori realizara el autogolpe, fue nombrado vocal supremo titular.
El 25 de abril del 2002, Vladimiro Montesinos declaró en el Congreso que Almenara conformó la comisión que elaboró la “lista negra” de jueces que fueron cesados a raíz del autogolpe.
En 1996, la Sala Plena de la Corte Suprema convocó a reunión para presentar un proyecto de Ley de Reforma Judicial para sustituir a la interventora Comisión Ejecutiva del Poder Judicial.
Almenara no acudió –al igual que otros jueces supremos afines al régimen– y finalmente la reunión se truncó por falta de quórum (CARETAS 1422).
Duberlí Rodríguez, también penalista, lleva 16 años en el Poder Judicial. Arrancó en la Corte Superior de Chiclayo, y ocho años atrás ascendió a la Corte Suprema (CARETAS 2258).
En 2010 ratificó la sentencia a 25 años de prisión al ex presidente Alberto Fujimori. Personal cercano a Duberlí afirma que los cuestionamientos en la prensa a su pasado izquierdista provienen del fujimorismo.
Enrique Mendoza, actual presidente de la OCMA, es el único que no es penalista, sino abogado civilista.
RETOS Y CONFLICTOS
El candidato electo deberá obtener por lo menos 10 votos de los 19 de la Sala Plena. En caso contrario, habrá una segunda vuelta.
Tercia la contienda Mendoza, cuyos votos dirimentes son claves.
El próximo presidente del Poder Judicial deberá enfrentar dos grandes retos: presupuestal y la implementación del Código Procesal Penal (CPP).
Ambos temas fueron abordados por los tres candidatos durante un debate de dos horas llevado a cabo en el auditorio del Colegio de Abogados de Lima (CAL), el pasado viernes 16.
El contencioso presupuestal puede desembocar en un conflicto penal sin precedentes con el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla (ver Recuadro).
El CPP, íntimamente ligado al tema presupuestal, debería empezar a implementarse a partir del 2014.
Ya funciona en 23 distritos judiciales –cerca de la mitad del país– y se estima que ponerlo en marcha en Lima costará S/. 1,000 millones.
La punta de lanza de la CPP es Duberlí Rodríguez, quien presidió la comisión de implementación. Almenara respalda el Código, pero Mendoza tiene serios reparos.
Choque de Trenes
El contencioso presupuestal puede desembocar en un conflicto penal sin precedentes entre el PJ y el MEF. |
San Martín y Castilla están enfrentados por aumento de sueldos. |
El incomprensible desplante en el Congreso ha exacerbado la huelga de trabajadores en el Poder Judicial (PJ) y la furia de los jueces.
El jueves 15, el Congreso no sometió a voto la propuesta del PJ para financiar un incremento salarial con S/. 87 millones del fondo de contingencia, a pesar de que estaba agendado. Más bien, la suspensión de Javier Diez Canseco ocupó la noche de cuchillos largos.
Al día siguiente, poco antes de partir rumbo a China en misión oficial, el presidente del PJ César San Martín trazó la cancha indignado.
Está en ciernes un choque de trenes entre el PJ y el MEF sin precedentes. El pasado 21 de septiembre, el TC sentenció la obligatoria nivelación de los salarios de los jueces en cumplimiento del artículo 186, inciso 5, literal b de la Ley Orgánica del PJ.
El incumplimiento de un mandato constitucional tiene consecuencias penales en este caso contra el propio ministro de Economía, Luis Miguel Castilla. Basta con que el procurador del PJ o del Ministerio Público active la demanda para que arda Troya. La negativa del Ejecutivo y de la bancada oficialista de atender el pedido del PJ no tiene explicación fácil. El MEF y el PJ trabajaron una propuesta de nivelación de salarios durante cuatro meses, llegando a un acuerdo en septiembre. La sentencia del TC no la tomó en cuenta y dictó un fallo principista y maximalista: acatarlo significa un desembolso de aproximadamente S/. 9,000 millones. El acuerdo con el MEF así lo preveía. Sin embargo, a fines de octubre, el Consejo de Ministros lo rechazó. “Así no se trata a los jueces”, fustigó César San Martín al titular del MEF. Sucedieron una intensa ronda de negociaciones directas que parecieron llegar a buen puerto el pasado jueves 8, cuando el propio Castilla visitó a San Martín en el PJ y ofrecieron una conferencia de prensa.
Pero las buenas intenciones murieron en la playa del Congreso, esta semana. En el PJ ahora se baten cacerolas. Un tenso compás de espera precede a la aprobación del Presupuesto de la República la próxima semana. La solución al conflicto puede estar en la partida presupuestal respectiva.
Caso contrario, los procuradores parecen tener el pulgar sobre el botón rojo para activar la demanda penal contra el titular del MEF.
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