LA HAYA

El Juicio Final

Agente peruano Allan Wagner rompió fuegos el lunes 3.

Chile pretende responder a elocuentes alegatos peruanos en La Haya con piezas de difícil encaje en el derecho de la equidad.

Una cuadra larga separa a las delegaciones de Perú y Chile que presentan sus alegatos en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

La primera se hospeda en el Hotel Hilton. Los chilenos, en el Carlton Ambassador.

Otra breve caminata lleva a un gran parque. En medio se eleva el Palacio de la Paz, sede de la Corte y edificio neo-renacentista inaugurado a principios del siglo pasado.

No es gratuito que el tribunal más importante del sistema de Naciones Unidas sea conocido como “el asiento internacional de la ley”. Es el emblema de esta ciudad de medio millón de habitantes, que aloja a unos 150 organismos multilaterales.

Un miembro del equipo peruano que también estuvo en las audiencias del caso Colombia-Nicaragua notó a los jueces “mucho más atentos”. Cuando el abogado francés Alain Pellet se apresta a intervenir, señala, “todos se acomodan para escuchar a este formidable orador”.

Durante sus intervenciones del lunes y el martes, Pellet ofreció cortantes ejemplos de la elocuencia y la lógica que en un principio capturaron la atención del ex canciller José Antonio García Belaunde, como el mismo diplomático contó en CARETAS 2259.

“¡El agente del Perú es un tanto más alto que yo!”, bromeó cuando el peruano Allan Wagner dejó el micrófono calibrado para su más de 1.90 de altura.

Wagner ofreció una exposición que resumió la posición peruana en sus dos tesis centrales:

1. La Declaración de Santiago de 1952 es un acuerdo tripartito pesquero y no se trata, ni por asomo de un tratado limítrofe.

2. Chile pretende establecer que sí existe un tratado de límites recién a partir de 1986, cuando el Perú alerta sobre este vacío con el memorando presentado al Ministerio chileno de Relaciones Exteriores por el embajador Juan Miguel Bákula, a su vez comisionado por el entonces canciller Wagner.

Las siguientes exposiciones de Pellet y Rodman Bundy fueron diseñadas como un par de ganchos conceptuales.

EL FILO DE PELLET

Histriónico, Pellet consideró que pocas veces había visto “un enfrentamiento tan marcado de tesis jurídicas”.

A la simplicidad del reclamo peruano, dijo, se opone el caso “que Chile ha hecho lo posible por complicar de manera indebida”.

Pellet parecía seleccionar sus críticas de una mesa de añejos quesos franceses, cada uno más acre que el otro:

“El Estado demandado se ha empeñado en demostrar a través de contorsiones que sí aprobó la línea fronteriza de forma convencional”.

“La concepción insólita de la otra parte”.

“Dejo a mis eminentes y sabios colegas que se pronuncien sobre la naturaleza jurídica incierta” del texto de 1952.

“Es un debate falso”.

La posición chilena es de “una base fragilísima” y “pretende un embrollo jurídico”.
“Amputa radicalmente el acceso del Perú al mar”.

“Sería aberrante que Perú hubiera renunciado a sus derechos sin una cláusula explícita. Sería la expresión de un masoquismo irrazonable”.

Más de una vez el presidente del tribunal, Peter Tomka, esbozó el principio de una sonrisa.

SOLUCIÓN EQUITATIVA

El estadounidense Bundy, en cambio, centró su alegato en el leit motiv de la CIJ: “El objetivo principal de la delimitación es lograr una solución equitativa”.

También calificó este como “un ejemplo casi académico de una frontera delimitada con base a la equidistancia”.

Facilita la aplicación del método de tres pasos practicado por la Corte que “no exista fuerte disparidad en la longitud de las costas o presencia de islas”.

Primero, se traza la línea mediana o de equidad. Segundo, se comprueba si hay circunstancias especiales, como islas, que dificulten ese trazo. Tercero, se aplica la llamada “prueba de desproporcionalidad” que establece si los resultados resultan inequitativos.

Para Bundy, aquí la cosa “es incluso más sencilla que en el caso Camerún-Nigeria o Rumania-Ucrania”.

La línea equidistante es casi, casi, la bisectriz.

CONCORDIA Y TRIÁNGULO

El Perú solicita a la Corte dos definiciones:
1. El trazo del límite marítimo según el derecho internacional, que, en oposición a la pretensión del Estado demandado, significaría 35 mil kilómetros cuadrados adicionales de mar peruano.

2. El reconocimiento del llamado “triángulo exterior” de 28,471 kilómetros cuadrados como parte de su Zona Económica Exclusiva (ZEE) perteneciente a la proyección de sus 200 millas (ver mapa).

Aunque no sea parte estricta de la demanda, pues involucra el límite terrestre ya establecido en 1929, también requiere la confirmación del inicio del límite marítimo en el Punto Concordia, donde los pies se mojan en la orilla, y no en el Hito 1, a 264.5 metros tierra dentro. La proyección a las 200 millas multiplica esa distancia.
Fuentes consultadas en La Haya dan por ganados el pedido del triángulo exterior y el del Punto Concordia.

Voceros chilenos como el canciller Alfredo Moreno han señalado que en el primer caso, “hay cosas que pide el Perú que no pertenecen a Chile”.

Se refiere a la estrambótica ley de pesca de ese país promulgada en 1991, que define como “mar presencial de alta mar” una superficie de más de 17.7 millones de kilómetros cuadrados y que se extiende hasta el Polo Sur. Chile señala que ningún país tiene soberanía allí, por lo que sus flotas pueden pescar libremente allí.

Para Pellet, es una “etiqueta general y algo intrigante la del mar presencial”.

Como aludió el jurista, en la lógica expuesta en la contramemoria y la dúplica, que serán las bases para las exposiciones de los abogados el jueves 6 y viernes 7, “Chile parece interrogarse con supuesta inocencia por qué el Perú, si tiene tanta confianza en su posición, se pregunta por el triángulo exterior”.

Pero para Pellet se justifica la separación de los dos diferendos. “En el caso poco probable que la Corte le diera la razón a Chile (en la delimitación), la que respecta al triángulo exterior sería una alternativa secundaria. Chile no tiene el menor derecho en esa zona”.

Los demás abogados –Tulio Treves, Michael Wood y Vaughan Lowe– se repartieron el desarrollo de los argumentos a lo largo de las dos jornadas.

El ítalo-brasileño Treves comenzó con la contextualización de los tratados pesqueros del 52 y 54 en el derecho internacional de entonces.

“Ninguno de estos documentos constituyen acuerdos internacionales sobre fronteras marítimas”, remarcó. “Chile intenta leer los documentos de mediados del último siglo bajo el derecho contemporáneo del mar”.

Wood recordó que “la carga de la prueba para demostrar la existencia de una frontera marítima y, como la Corte lo ha demostrado este año (con sus fallos) se trata de una carga pesada”.

ARGUMENTOS CHILENOS

Chile basa su postura en el artículo 4 de la declaración de Santiago, aquel que establece el límite del paralelo “si una isla o grupo de islas pertenecientes a uno de los países declarantes conviene a menos de 200 millas marinas de la zona marítima general que corresponde a otro de ellos”.

La parte peruana espera que sus argumentos estén muy inclinados hacia la sucinta declaración de 1954, que se refiere al “paralelo que constituye el límite marítimo entre los dos países” para establecer una zona especial que evite “el resentimiento entre pescadores”.

También se insistirá en el intercambio de notas de 1968, en las que el embajador Javier Pérez de Cuéllar expresa que el propósito de la construcción de dos faros era “materializar el paralelo de la frontera marítima”.

Quien luego fuera secretario general de Naciones Unidas aclaró en declaración oficial del 2010 que el único propósito de los faros era que “los pescadores de ambos países pudieran ver el límite terrestre desde el mar”.

Se espera un aparte sobre la posición ecuatoriana. Para la defensa peruana, el intercambio de notas diplomáticas del año pasado establece los límites marítimos de ambos países, lo que remarca la naturaleza de meros tratados pesqueros de los documentos del 52 y 54.

En su dúplica de julio del 2011, Chile insiste en que “la verdadera interpretación del artículo IV de la Declaración de Santiago es que delimitó todas las zonas marítimas entre los tres Estados parte, no solo las zonas insulares de Ecuador respecto a las zonas continentales del Perú”.

En la argumentación sobre las prácticas que para Chile legitimarían su soberanía sobre el área en disputa, también incluirá el historial de más de 300 naves pesqueras peruanas capturadas por el país del sur. El Perú señala que apenas el 5% de estos episodios preceden a la presentación del memorando Bákula.

El desarrollo de la fase oral fue antecedido a la cumbre de Unasur en Lima, donde los presidentes Ollanta Humala y Sebastián Piñera le bajaron el tono a las declaraciones altisonantes de los ex presidentes chilenos (ver recuadro).

Piñera aseguró que su país “ha sido y va a seguir siendo un país respetuoso del derecho internacional, de la solución pacífica para las controversias, de los tratados internacionales y de los tribunales internacionales”.

La desconcertante reacción del gobierno de Colombia ante el reciente fallo sobre la controversia que la enfrentaba a Nicaragua recuerda cuán delicado es el balance entre los gobiernos, el resto de políticos y la opinión pública.

Hoy todos los taxistas comentan el proceso de La Haya, como si de un partido de fútbol se tratara. Pero según la encuesta binacional presentada por GFK, un 70% de los peruanos se considera poco o nada informado sobre la materia, mientras que el 63% de chilenos cree estar algo o bastante informado.

En caso el fallo favorezca a nuestro país, el 66% de peruanos cree que los chilenos estarán en desacuerdo y expresarán su descontento. En la situación opuesta, el 63% de chilenos considera que los peruanos expresarán su descontento.

En los Países Bajos se juega un partido ajustado a argumentos puramente jurídicos. Pero sus consecuencias irán mucho más allá.