Opinión Por: HERNÁN A. COUTURIER MARIÁTEGUI

Luces y Sombras en La Haya

Concluye un año de singular importancia en la vida del país. Además del buen éxito económico que registran las cifras, el Perú ha protagonizado un hecho de suma importancia en su relacionamiento internacional, quizá el de mayor significación desde que firmáramos con Ecuador los Acuerdos de Paz de 1998.

Me refiero a la conclusión de un proceso que empezó formalmente en 2008, pero que se remonta en realidad a la década del 80, cuando, a la luz de la Convención de Derecho del Mar de 1982, diplomáticos peruanos empezaron a señalar la necesidad de acordar con Chile la delimitación definitiva de sus dominios marítimos.

El término de la fase oral en la Corte de La Haya sobre la demanda peruana, caracterizada por la alta calidad jurídica de los alegatos y la valía profesional de los agentes y los abogados de ambas partes, produjo también un efecto didáctico como resultado del debate, pues casi todo el mundo conoce hoy de qué se trata el diferendo marítimo, al tiempo que la cohesión nacional en ambos países, hasta donde es posible apreciar, se ha visto fortalecida con sus frías pero bien articuladas exposiciones.

No obstante, para un observador objetivo e imparcial habrá sido sumamente difícil desentrañar dónde se halla la verdad histórica y jurídica de la controversia. La convicción y el empeño demostrados parecieron señalar que ambos lados se sienten poseedores absolutos de la verdad.

Naturalmente, esto implica para Chile guardar en el olvido casi 100 años de agresión e intervención en los asuntos del Perú y Bolivia.

Al analizar este comportamiento, encontramos un trasfondo en la conciencia colectiva de una nación, forjada en la lucha contra el medio ambiente, sus pueblos originarios, su identidad andina y la estrechez de su territorio, a la vez que acostumbrada a imponer sus intereses por la fuerza. No es extraña a este talante la actitud soberbia y arrogante frente al otro, en este caso el Perú, quien en el imaginario chileno es el enemigo ancestral al que hay que vencer a toda costa.

Han existido períodos de nuestra historia común en los que esta postura fue larvada en pro de una mejor comprensión y una mayor colaboración, particularmente entre 1929 y, quizá, el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende. Pero ese no fue el signo prevaleciente desde el golpe de Augusto Pinochet, en 1973, quien una vez más puso de lado los buenos vínculos que venían formándose en favor de la integración y la cooperación bilaterales.

A esta época corresponde la deliberada percepción chilena de presuntos derechos soberanos sobre una zona marítima derivada de inexistentes tratados delimitatorios, a fuerza de machacar que cualquier declaración o convenio era útil para pretender imponer una frontera, por absurda, injusta o insostenible que ella pudiese ser.

Así vimos la conversión de convenios de pesca en tratados de límites, la tesis del paralelo geográfico como límite marítimo, la sustitución del Hito Concordia por el Hito Primero, la utilización de informes y actas para pretender la modificación unilateral del Tratado de Lima de 1929, la apropiación accesitaria del triángulo exterior, la peregrina tesis del mar “presencial”, la negativa a negociar directamente, la abortada renuencia a ir a la Corte de La Haya, las desmesuradas adquisiciones de armamentos, las no tan veladas amenazas bélicas, etc.

Lo que nunca esperaron los círculos de poder en Chile, civiles y castrenses, es que el Perú cumpliera su política de Estado, en el sentido de ser consecuente y serio en el propósito de remover la controversia sobre la pendiente delimitación marítima, optando por el único camino que restaba ante la cerrazón chilena, esto es, la demanda ante la Corte Internacional de Justicia, en acatamiento conjunto del compromiso asumido en el Pacto de Bogotá de 1948, vinculante para ambos países.

Estoy seguro de que la decisión de los peruanos de recurrir a la Corte de La Haya constituye el cambio más importante de su política exterior hacia Chile desde que se firmara el Tratado de Lima de 1929, y no solo porque la Corte reivindicará nuestros derechos, sino porque, con esta actitud, hemos consolidado los nuevos términos de igualdad y respeto mutuo que habrán de enmarcar la, espero, fructífera relación bilateral del Siglo XXI.

Sin embargo, no podemos confiarnos en lo que se dice de dientes para afuera. Aún vemos actitudes inconducentes y sorpresivas en Chile, quizá resultado de la inseguridad frente a sus argumentos, a pesar del aparente triunfalismo que exhiben algunos sectores políticos chilenos.

No de otra manera se debe interpretar la carta de Álvaro Vargas Ll. y la nota de prensa argentina, alfiles de una soterrada campaña propagandística que, como ya lo dije, no producirán nada que beneficie la causa chilena. ( Por: Hernán A. Couturier Mariátegui *)

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* Diplomático de carrera. Politicólogo, profesor y analista de relaciones internacionales. Embajador en Zimbabwe, Canadá, Bolivia, Brasil y Reino Unido. Representante alterno en NN.UU.