Justicia Decenas de agricultores denuncian a COFIDE de “estafa”.

Ica Está Que Pica

Ambrocio Gonzales muestra documento que inicia despojo de sus tierras.

Ambrocio Gonzales, septuagenario agricultor iqueño de espárragos, sabía lo que le esperaba cuando vio a la camioneta de la financiera Proempresa ingresar a su fundo “Jesús Te Ayuda Hoy”, el pasado jueves 10.

Flanqueado por dos policías, el gerente regional de la prestataria, William Alcántara, venía a informarle que el 21 de marzo se cerraba la línea de crédito que le fue abierto en el 2007 gracias a un convenio suscrito con la Corporación Financiera de Desarrollo SA (Cofide). El acuerdo respondía al programa Producto Financiero Estructurado (PFE) que llevaba adelante la financiera estatal desde hace 8 años para incentivar la agroexportación en 12 regiones del país.

La páprika, espárragos, ají, algodón, uva de mesa y pisquera eran los productos que comprendía el PFE en Ica.

Como Cofide es un banco de segundo piso no podía dar crédito directo a los agricultores, por ello los canalizaron –con un interés de 14%– a través de 5 Instituciones Financieras Intermediarias (Ifi’s): Caja Rural Señor de Luren, Financiera Confianza, Caja Nuestra Gente, Caja Municipal de Ica y Proempresa.

Como garantía, los agricultores pusieron en fidecomiso de Cofide las hectáreas de chacra que deseaban inscribir en el PFE y dejaban al mando de la administración de la siembra a un “articulador”.

El modelo sonaba auspicioso. La mayor parte del crédito no se entregaba en efectivo al agricultor, sino a través de infraestructura e insumos. El articulador, presuntamente un especialista en agroexportación, diseñaba la estrategia de negocio destinada a pagar el préstamo con las ventas del producto. Crédito revolvente, en el lenguaje financiero.

Los cultivos del PFE tienen una duración promedio de 10 años y a más añejo mejor producción. El contrato, avalado notarialmente, oscilaba como máximo 8 años y dejaba tiempo de cosecha en beneficio del agricultor. El bufete de la actual ministra de la Mujer y congresista nacionalista, Ana Jara, fue la que más acuerdos legalizó.

“No había que desconfiar. El Estado (Cofide) lo promovía”, recuerda Gonzales que le dijo Francisco Camino antes de inscribirse en el programa en 2007. El agricultor puso 9 hectáreas (Ha) y Camino –quien representaba a Copra Sac– se convirtió automáticamente en su articulador.

La siembra tomó el rumbo esperado. Gonzales firmaba los pagarés que Camino le pedía para retirar dinero de la financiera.

“Firmé algunos en blanco y noté que me aumentaba el precio. Un riego tecnificado me pasó por S/. 4 mil, cuando valía la mitad”, denuncia el agricultor.

Pese a las sospechas, Gonzales guardó silencio y continuó en el programa. Sin embargo, a los cinco meses, Camino desapareció y por terceros se enteró que Cofide había suspendido el financiamiento.

El agricultor quedó con una impagable deuda de S/. 150 mil reclamada por Proempresa. Pero, según contrato, Cofide –a través del Fondo de Garantías para Préstamos a la Pequeña Industria (Fogapi)– lo subsanará. Luego, Cofide reclamará el reembolso a Gonzales, que si no paga, vía el fidecomiso y los pagarés, perderá las 9 hectáreas y otras propiedades. “Es un amarre. Busca quitarnos las tierras”, sostiene indignado el agricultor.

Casos Revolventes

La lista de agricultores en Ica con la misma situación de Gonzales es larga. Rubén Quincho cuenta que su padre José inscribió 15 Ha en el PFE. Sin explicaciones su articulador (Homero Herrera), desapareció y el financiamiento de Cofide también.

Mediante un préstamo en el Banco de Crédito, el padre de Rubén intentó reflotar la producción abandonada, pero un fulminante paro cardiaco apagó su vida. El Banco de Crédito le condonó la deuda a su familia por luto, mientras que Cofide amenaza con apropiarse de las 135 hectáreas por la deuda que tienen de S/. 360 mil.

Ángel Medrano y Gustavo Calle, agricultores de Pisco, se inscribieron juntos en los PFE de ají y páprika, respectivamente. Compartieron como articulador a Ruddy Maldonado (Orbes Agrícola) y hoy están al borde la quiebra. “Estoy en Infocorp y nadie me quiere dar préstamo”, dice Medrano, que debe S/. 100 mil. “No tengo ni para retirar las plantas secas”, agrega.

A Calle, por su parte, solo le quedan las cañerías de riego tecnificado que le colocaron, también sobrevalorados, afirma.

Los gremios de uva pisquera o de mesa, que se desarrollaron principalmente en Nazca y Palpa, tienen deudas más exorbitantes porque los préstamos fueron entregados en dólares. Los agricultores del PFE-Uva Pisquera de Nazca llegan a los S/. 10 millones.

Esquiva Financiera

Los agricultores señalan que tocaron las puertas de Cofide para que les expliquen el inesperado corte del programa y el ente estatal dio respuestas esquivas.

CARETAS buscó una entrevista con el gerente general, Jorge Luis Ramos, pero no se concretó por su recargada agenda. Pierina Figueroa, encargada de prensa, remitió un informe donde resume que en Ica se aprobaron 24 programas PFE de los diferentes rubros por US$ 26 millones para desarrollase en 2,400 hectáreas.

Una tabla anexa del informe confirma la cuantiosa lista de deudores que están a punto de perder todo, el septuagenario Gonzales encabeza el padrón. (E.M.)