Nacional El presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, calibra el alcance de la crisis provocada por demora de nombramientos en el Congreso y defiende legitimidad de la sala.

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“Yo no quiero solo rapidez. Se han demorado tanto tiempo que quién me asegura ahora que sí van a ser tan rápidos como certeros”.

Óscar Urviola (65), el presidente del Tribunal Constitucional, reconoce que esta corte fundamental vive una “circunstancia tan especial como peligrosa”.

El martes 30, presionado por la renuncia del magistrado Ricardo Beaumont, el presidente del Congreso Víctor Isla convocó de emergencia a la comisión que se encargará de designar a cinco nuevos representantes del TC para reemplazar a quienes ya vieron vencido su período.

La misma comisión debe designar a los nuevos representantes del directorio del Banco Central de Reserva y al Defensor del Pueblo.

Lo hace más que tarde. Cuando comenzó su período, hace 9 meses, Isla prometió que esa sería su prioridad. Pero luego de dos intentos truncos no se arriba a ninguna definición.

Ahora vuelve a prometer una designación en paquete.

Urviola visitó CARETAS para advertir sobre los puntos de riesgo que observa en todo este proceso.

Víctor Andrés García Belaunde, integrante de la mencionada comisión, sostiene que “el compromiso es que todos los nombramientos salgan antes de que acabe la legislatura. Las reuniones serán cerradas porque no queremos maltratar nombres. Hay muchos postulantes”.

Pero Urviola cuestiona esa aproximación. Este juliaqueño “adoptado” por Arequipa toma de ejemplo su propio caso, cuando candidateó en el 2010, para demostrar que el método de la convocatoria abierta no es tan malo como se hizo creer.

Llegó con el respaldo de la Universidad Católica Santa María, de la que fue decano de Derecho y que consideró que Arequipa debía tener un representante en la Corte, ya que al fin y al cabo el TC tiene allí su sede principal. A ella se sumaron el Colegio de Abogados, el Consejo Provincial y la Universidad de San Pablo.

Se sometió a un proceso de 6 meses que incluyó una “baloteada” impulsada por el APRA y al final se impuso sobre otras 66 candidaturas.

“De tal manera que cuando yo me presento, lo que hago es aceptar las propuestas institucionales para someterme al escrutinio del Congreso. Deben haber más propuestas a título institucional”, propone y aclara que para ello no tendría que modificarse la modalidad de invitación que ahora utilizará el Congreso. “Bastaría con abrir el abanico”.

Y advierte que “hoy día se habla de invitación para hacer el proceso rapidísimo. Yo no quiero solo rapidez. Se han demorado tanto tiempo que quién me asegura ahora que sí van a ser tan rápidos como certeros. Pareciera que las fuerzas políticas notifican a sus allegados y se guardan los nombres bajo siete llaves. La invitación no es decir, correligionario o compañero, te voy a invitar”.

El pleno del TC comunicó el martes 30 que la renuncia de Beaumont, cuyo mandato venció en julio pasado, no era aceptada.

Urviola explica que “la provisionalidad que se genera como consecuencia del incumplimiento del Congreso en elegir a los magistrados está sustentada en la ley orgánica del TC, que apunta a garantizar un control ininterrumpido de la constitucionalidad. Los magistrados continúan en sus funciones hasta que tomen posición los elegidos por el Congreso. CARETAS tuvo una participación extraordinaria en el caso de Javier Ríos Castillo, que ya había sido elegido en el Congreso pero renunció (por el escándalo de aparecer en una foto almorzando con Agustín Mantilla y personajes de la cúpula montesinista en el año 2009). El magistrado que iba a ser reemplazado tuvo que continuar. Lo más importante es garantizar la defensa de los derechos fundamentales”.

Para dar una idea de la gravedad de la situación pide imaginar “qué ocurre, si de derecho o de facto, el Presidente disuelve el Congreso. No existiendo esta disposición (para que no se desarme el TC por renuncias) el Presidente de la República estaría libre en la cancha. Pretendemos un Estado constitucional, democrático y social de derecho. Eso es porque, además de existir disposiciones constitucionales, existen instituciones que las hacen cumplir”.

Pero salvaguardar el quórum del TC no reduce la responsabilidad del Parlamento. “Víctor Andrés, a quien le tengo mucho cariño, dice que Beaumont renuncie. Es una interpretación totalmente equivocada. Lamentablemente quiere disimular la evidente situación de incumplimiento por parte del Congreso, y en donde él es lamentablemente responsable porque es el más experimentado y ha integrado las últimas comisiones que no han llegado a nada”.

Piensa que “esto es lo que pasa con un Parlamento que solo tiene tiempo para lo coyuntural, sin priorizar la agenda. Yo me iría más al fondo. Hay que volver al sistema bicameral. Este era un encargo para la cámara de senadores”.

Y también responde a quienes cuestionan la legitimidad de la Corte debido a la provisionalidad provocada por el Congreso. Los magistrados tienen un período de 5 años. “Pero en otros países no es menor a 8 años, que es el caso de Colombia. En Chile y Ecuador son 9. En España, 12. Y en Estados Unidos es de por vida. ¿Qué pasó en la época de Fujimori cuando quiso concentrar el poder? Dijo, un Tribunal de Garantías de 9 lo restituyo con uno de 7, que es un número más fácil de controlar. Y como quiso controlar más destituyó a 3 y quedó un TC que solo podía ver procesos de garantía, ya no de constitucionalidad. ¿Queremos tener una situación similar desarmando al tribunal vía estos cuestionamientos a un mandato legal que obliga a los magistrados a mantenerse en el cargo mientras no sean sustituidos?”.