Justicia Magistrado dicta desproporcionadas medidas limitativas de la libertad contra periodistas de CARETAS que investigan a Rodolfo Orellana.

Otra Perla

Juez del 2o Juzgado Penal, Luis Salazar Gonzales.

La telaraña tejida por el abogado Rodolfo Orellana para apropiarse de un sinnúmero de inmuebles públicos y particulares, por intermedio de empresas inmobiliarias y testaferros –difuntos y vivísimos–, y encubierta por abogados, notarios y parlamentarios, hasta un asesor del Ministerio Público, es considerada por el Ejecutivo como una de las más perniciosas redes mafiosas vigentes.

Esta semana, la Tercera Fiscalía Penal Corporativa del Santa, con celeridad digna de mejor causa, archivó la demanda por lavado de activos contra Daniel Ramsay, asesor del despacho del Fiscal de la Nación, José Peláez Bardales.

La denuncia fue presentada en diciembre del 2012.

La organización tiene 16 juicios en la vía civil por usurpación de inmuebles y difamación a autoridades. En la vía penal, tiene otros 15.

El Decreto Legislativo 1106, publicado en abril del 2012, modificó sustancialmente el marco de regulación del lavado de activos.

En la exposición de motivos de la norma se detalla el caso del Grupo Orellana y otros que afectan “la seguridad democrática y la lucha contra el crimen organizado”.

La Fiscalía Provincial Contra el Crimen Organizado ordenó recientemente el levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil de toda la organización. La Procuraduría de Lavado de Activos, a cargo de Julia Príncipe, ahonda la investigación.

La exposición de motivos que sustentó la nueva ley de lavado de activos describe en detalle el Caso Orellana.

A pesar de ello, el Grupo Orellana invirtió entre enero y mayo del presente año más de S/. 400 mil en campañas publicitarias en radio y televisión para enjuagar su imagen, según la agencia Media Check.

En las últimas semanas, los medios de comunicación han ido levantando la escandalosa pauta publicitaria.

Sin embargo, a través de dos pasquines, Juez Justo y, ahora, Vox Populi, Orellana persiste en insultar a la procuradora Príncipe, al congresista Víctor Andrés García Belaunde, al abogado José Ugaz, y a la revista CARETAS, que lo viene investigando desde el año 2010.

A su vez, CARETAS ha recibido a la fecha 11 denuncias por difamación interpuestas por Orellana, así como por su abogado Benedicto Jiménez. En 5 ocasiones, el caso ha sido desestimado.

Pero la catarata de denuncias no se detiene. Se trata de un asedio judicial al que los directivos de CARETAS han respondido pacientemente en todas las instancias.

Sin embargo, esta semana, el 2o Juzgado Penal-Reos Libres que conduce el juez Luis Salazar Gonzales se pasó de la raya.

Citó al director de CARETAS, Marco Zileri, al editor de investigación, Américo Zambrano, y al reportero Eduardo García, “con apercibimiento de ley y orden de arraigo”, sin motivación alguna.

La desproporcionada demanda conculca los derechos de libre movimiento por el territorio nacional y afecta el desempeño profesional de los periodistas.

El juez Salazar, “un pelado barbón”, como describió acertadamente un litigante en el juzgado, vestía el lunes de casaca lila, gabardina, y quevedos oscuros.

Paradójicamente, varias de las denuncias penales contra Orellana se ventilan en el mismo Juzgado. El juez Salazar, por tanto, conoce perfectamente la calaña del demandante.

A pesar de ello, dispuso citar a los periodistas de investigación con el máximo rigor de la Ley.

De acuerdo al demandante, Benedicto Jiménez, cuyo chambón es actuar como policía ha sido descrita por CARETAS 2244, la revista difamó a su mentor, al informar que usurpó el local de la Fundación por los Niños del Perú, en la urbanización Los Cóndores, Chaclacayo, alegando que la Fiscalía no presentó cargos. Miente.

En los próximos días, el Cuarto Juzgado Civil de Lima, que preside el juez Luis López Pino, resolverá el pedido de nulidad de acto jurídico del contrato de arrendamiento que suscribió la empresa Brida Industrial S.A.C. con la Fundación por los Niños del Perú, en 2009.

La demanda del Ministerio de Justicia sostiene que el contrato desnaturalizó los fines de la Fundación al arrendar el predio para una actividad distinta a la de atender a niños desamparados.

El sinvergüenza Orellana no respondió a las citaciones y ha sido declarado en rebeldía. Ese sí es un caso en el que el demandado, que circula libre de polvo y paja, debió ser citado con orden de arraigo. En esos términos, la sentencia del juez López está cantada, salvo que le tiemble la mano.

La orden de desalojo del local de la Fundación por los Niños del Perú es el siguiente paso.

De esta forma, poco a poco, Orellana está cayendo en su propia maraña.