Nacional El gobierno busca reposicionarse en medio de un panorama que anuncia palazos en la economía internacional.

Centro Histérico

El viernes 5, universitarios se unieron en el centro de Lima a las violentas protestas contra Ley del Servicio Civil.

No se puede gobernar con las encuestas”, reflexionó el presidente Ollanta Humala entrevistado por José María Salcedo de RPP, el martes 9.

Pero es claro que en el Perú sí se gobierna con las encuestas.

Si no cómo explicar la salida al ruedo mediático del mandatario, usualmente dosificado en sus intervenciones con la prensa, para ofrecer una especie de tranquilizador tráiler del mensaje del 28 de julio.

Como para recalcar que aquí nadie quiere sorpresas.

Y hay quienes han relacionado la declaración de Nadine Heredia el viernes 5, que negó definitivamente una candidatura presidencial, con el bajón en los sondeos que coloca la popularidad de su marido por primera vez debajo del 40% en dos años de gobierno.

Un gesto que la enaltece. Y que va en la intención gubernamental de despejar de incertidumbres adicionales un camino que de por sí se anuncia difícil.

Porque si ahora es obligatorio gobernar con un ojo en las encuestas, el otro está puesto, y bien abierto, en la economía internacional.

Humala ya ratificó a Juan Jiménez como primer ministro para el futuro cercano.

A su vez, el Premier había ratificado a Miguel Castilla frente al MEF en declaraciones ante la prensa internacional el lunes último.

Información proveniente del Ejecutivo refiere que el nuevo compromiso de Castilla –que en un principio accedió a quedarse los dos primeros años de gobierno– va hasta noviembre de este año.

Las semanas previas vieron tires y aflojes con el hombre del MEF, pero al final quedó amarrado a su despacho, como lo sugería la carátula de CARETAS hace dos ediciones.

Castilla se ha convertido en un factor esencial de confianza para los agentes económicos.

Las señales apaciguadoras se combinan con las que Humala emite para recuperar su propio capital político, luego de que sus examigos de la izquierda le declararan la guerra tras la promulgación de la Ley de Servicio Civil.

En la entrevista, se esforzó por explicar los beneficios de la ley que busca homologar tres regímenes laborales en el sector público y que despertó las iras sindicales.

Como ocurrió en otras partes del país, las protestas convirtieron al Centro Histórico de Lima en histérico.

Humala busca su propio centro en medio de un panorama que pinta riesgos extremos.

PRONÓSTICO RESERVADO

Los precios de los minerales se desploman afectando la recaudación tributaria (-52% en Impuesto a la Renta del sector minero a mayo) y la balanza comercial.

La desaceleración de la economía china, subrayada por la crisis crediticia, acentúa la incertidumbre. El anuncio del pronto fin de la política de expansión cuantitativa en Estados Unidos se reflejó inmediatamente en un incremento en las tasas de interés locales.

Y el precio de los minerales tampoco anda en punta de pies, fundamentalmente el oro y cobre que representan el 75% de nuestras exportaciones mineras.

“Factores externos que no podemos controlar”, explicó Humala.

El gobierno ya liberó tres paquetes de estímulo en cuatro semanas, pero estos no representan una política contracíclica como la que aplicó Alan García con Luis Carranza en el MEF para capear la implosión de Wall Street en 2009.

Por el contrario, las medidas confían estimular la inversión privada mediante muy necesarios mecanismos de simplificación administrativa.

El gobierno tiene previsto organizar, con fecha aún por definir, una cumbre de entidades públicas, para identificar las próximas barreras burocráticas por desmontar, una suerte de Cumbre de Piedras en el Camino.

El MEF actúa por el momento con margen de maniobra.

Los sólidos fundamentos macroeconómicos de la economía nacional aún mantienen la confianza empresarial.

Las reservas internacionales marcan récord en US$ 66,8 mil millones, la inflación permanece dentro del rango meta y la apreciación del dólar sigue dentro de lo razonable.

Es igualmente alentador que la recaudación tributaria, a pesar del bajón de la renta minera, ascendió 2,7% en junio frente al mismo mes el año pasado.

Si bien la recaudación de los principales contribuyentes cayó 5,8%, los ingresos provenientes de los medianos y pequeños contribuyentes aumentó 20,8%, un reflejo de la efectiva ampliación de la base tributaria.

El desafío en el segundo semestre del año es lograr el repunte de la actividad manufacturera, servicios y comercio.

Y, por cierto, materializar la inversión encarpetada de proyectos mineros, energéticos y viales a través de asociaciones público-privadas y un Estado proactivo (ver entrevista a Jaime Quijandría).

Pero el buen clima del gabinete para ir en esa dirección tiene sus fumarolas.

LA PELEA DE PULGAR

En un reciente directorio de la Confiep, Roque Benavides de Yanacocha criticó los estándares de calidad de aire y suelo para las inversiones mineras exigidos en el Ministerio del Ambiente.

Aludió al caso de Southern que, según él, no pasaría las exigencias así solo se aplicara a la contaminación producida por los carros que circulan en Ilo.

De hecho, Southern anunció esta semana el cierre de la fundición. También hizo una advertencia el operador de La Oroya.

Una fuente palaciega reconoce que la tensión entre el ministro Manuel Pulgar Vidal de un lado, y Castilla y Jorge Merino de Energía y Minas del otro, ha ido en aumento durante las últimas semanas.

Ironiza que, “si lo vieran cruzando la calzada, Merino pisaría el acelerador”.

Pero el problema estaría a punto de solucionarse salomónicamente. De acuerdo a Mariano Castro, viceministro de Gestión Ambiental, este fin de semana debe dictarse una norma que exonerará a tres “cuencas ambientales” que exceden los parámetros demandados: las mencionadas Ilo y La Oroya, además de Arequipa, “siempre y cuando el operador demuestre que no hay tecnología disponible ni viable. En esos casos se establecerá un proceso viable de mejora continua en casos específicos”.

En realidad, Pulgar Vidal hace bien en mantenerse en sus trece.

Los nuevos estándares ambientales abordan la emisión de dióxido de azufre en el aire y la calidad del suelo. La primera normativa data del 2008, donde se establecía una reducción y otra más para el 2014. En junio, Medio Ambiente ratificó los nuevos valores, que han ayudado a reducir sustantivamente la presencia del nocivo gas, considerado como uno de los principales factores de morbilidad.

Pero el DS 002 que establece parámetros para la calidad del suelo plantea un desafío adicional. Se trata de valores para controlar la presencia de compuestos orgánicos, hidrocarburos, plaguicidas y metales pesados. “Solo en el sector hidrocarburos existen 9,000 pasivos ambientales”, explicó Castro. “Los estándares de calidad del suelo permiten poner en marcha la gestión de sitios contaminados”. Por cierto, tienen vigencia para toda nueva operación.

TORNIQUETE ESTATAL

Mientras tanto, Humala parece haber abrazado el logo brasileño de Orden es Progreso.

La Ley de Servicio Civil aspira a ordenar el pandemonio de regímenes laborales en el aparato público.

Su reto es despejar el fantasma de la malhadada “modernización” del aparato público de 1991.

Al igual que ahora, se esgrimieron los argumentos de meritocracia y concursos, pero fueron despedidos cerca de 200,000 empleados.

Puntillosamente elaborada por el equipo comandado por Juan Carlos Cortés de Servir, la nueva ley solo aplica para la masa de empleados públicos en las Leyes 276, 728 y CAS, unas 400 mil personas de un universo de 1,2 millones.

El traspaso al nuevo régimen es voluntario, pero la voluntad política de la izquierda por verla fracasar es igualmente manifiesta.

Sobre el papel, los mayores beneficios del ordenamiento son para trabajadores del régimen 276, que data de 1980.

El sueldo básico de aquellos suele ser ínfimo, compensado por el CAFAE, y un sinnúmero de compensaciones salariales sin efectos pensionarios diseñadas para eludir el impacto fiscal del de la hoy desaparecida “cédula viva”.

Para colmo, el aguinaldo por Fiestas Patrias y Navidad apenas asciende a S/. 300. Cerca del 40% de los trabajadores en el marco de la nueva Ley pertenecen aquí.

Entre ellos los líderes sindicales de UNASSE, José Delgado, del CITE, Winston Huamán, y Domingo Cabrera (CTE).

El siguiente contingente de trabajadores beneficiados por la nueva LSC son los del CAS –Contrato de Asignación de Servicios–, promulgado en 2008, que están al margen de beneficios pensionarios, CTS, y estabilidad laboral.

A su vez, bajo el régimen de la Ley 728, de 1989, hay un 20% de trabajadores. Estos reciben un aguinaldo equivalente a un salario, tal como promueve la nueva Ley, pero pierden el derecho al convenio colectivo y asignación familiar.

Los sindicatos resienten que desaparezcan las negociaciones colectivas de carácter salarial.

Cortés de SERVIR explicó que, al ser sectoriales, conspiran contra la naturaleza universal de la norma.

El esquema de la Ley se organiza en función a “familias de puestos”, que agrupará a las especialidades –contadores, fiscalizadores, etcétera– en un mismo rango a lo largo y ancho del aparato público.

Las escalas remunerativas en cada una de las “familias” se definirán en función al grado de responsabilidad, número de empleados a cargo y el presupuesto institucional.

Un servidor podrá escalar en el escalafón, independientemente de la entidad en la que trabaja, alentando la movilidad profesional.

El gobierno tiene 180 días para reglamentar la Ley.

La tarea consiste en el mapeo de puestos de 2,500 entidades públicas, el diseño de los perfiles profesionales –“toda una ciencia” de acuerdo a Cortés–, y el mecanismo de las evaluaciones con los candados explícitos.

Un desafío inmenso que tiene más sentido si se toma en cuenta que desde 1990 el tamaño de la economía peruana se ha multiplicado por 8 y desde el 2000 se ha duplicado, mientras que el Estado todavía carga en buena medida con su estructura anquilosada.

Para llegar al centro se necesita una mochila más ligera.