Actualidad Repartija por cuoteo puede terminar en seria crisis de legitimidad institucional.

Ecuación Imposible

Javier Velásquez Quesquén y Víctor Andrés García Belaunde declaran el martes 16. El APRA se paró de la mesa y ‘Vitocho’ acusó a bancadas grandes.

Después de esto, la imagen del Congreso no la levanta ni la Virgen del Carmen.

El martes 5, durante el homenaje que el Legislativo le hizo a la patrona, el titular del Parlamento, Víctor Isla, apareció rodeado de fujimoristas.

Para conseguir el consenso en el reparto de los 10 puestos del Tribunal Constitucional, el Banco Central de Reserva y la Defensoría del Pueblo, Isla ha tenido que bajar al llano y lograr un entendimiento con la tienda naranja.

El fujimorista Rolando Sousa, designado al TC, y Pilar Freitas, carta de Perú Posible para la Defensoría, se han convertido en los principales destinatarios de las críticas.

QUIÉN DA MÁS

Los votos del oficialismo (43) sumados a los de Fuerza Popular (36) se acercaban a los 87 necesarios para confirmar las designaciones. Con Perú Posible (15), que al final pidió como único requisito poner a la controvertida Freitas en la hora más baja de Alejandro Toledo (ver más), cerraron prácticamente las negociaciones.

Con nombres cercanos a la bancada, como José Luis Sardón y Ernesto Blume para el TC, la bancada de APGC se dio por satisfecha.

El audio divulgado por Perú21 el martes último, revela la frustración de las bancadas que quedaron al margen de la “repartija”, que fue el término utilizado en una carta pública firmada por Mario Vargas Llosa y otras 630 personas.

“¿Qué daría el gobierno por tener un Banco Central más?”, se pregunta en el audio el pepecista Luis Galarreta. “¿Defensoría? ¿TC?”.

Isla le dice que “el gobierno quiere tres”.

“¿Y no coge nada más?”, pregunta Víctor Andrés García Belaunde de AP.

José Urquizo reitera que “tres del Tribunal Constitucional”.

“¡Pero nada más!”, se exalta Vitocho.

Y tres tuvo el gobierno: el embajador en España Francisco Eguiguren, el embajador en Cuba Víctor Mayorga y el excongresista Cayo Galindo. Las credenciales de los dos últimos han sido puestas en duda los recientes días.

Para García Belaunde, en cambio, el audio demuestra que él estuvo entre quienes trataron “de que la elección sea lo menos dañina posible porque las bancadas grandes quisieron apoderarse de los puestos”.

El APRA no firmó el acuerdo, ha hecho de tripas corazón y, a pesar de tener una representación mínima, le viene sacando provecho político a la miopía de las designaciones.

“No los necesitamos”, zanjó a CARETAS un importante congresista fujimorista sobre los reclamos de los minoritarios.

El mismo martes circuló en el Pleno una moción para que se suspenda la elección programada para el día siguiente, y como era previsible, fue firmada únicamente por AP-FA, Apra y SN. Algunos lunares de APGC como Yehude Simon y Enrique Wong también estamparon su rúbrica.

La convocatoria oficial del miércoles estipulaba que lo primero que se votaría sería el TC, luego vendría la Defensoría y finalmente el BCR.

Los fujimoristas buscaban ir a lo seguro para, luego de asegurar a Sousa al TC, pagarle a sus viejos rivales toledistas con la inclusión de Freitas en la Defensoría.

CONTRAPESO Y SALVAGUARDA

Aunque en el Congreso no se den cuenta, y sea cual fuere el resultado final, este método de designación ya tocó fondo.

Puede que el alineamiento generalizado de las tiendas políticas con los fundamentos macroeconómicos consiguiera mejores resultados en el caso de los directores del Banco Central de Reserva.

Allí irán el exministro de Agricultura Francisco González, el director de Macroconsult Drago Kisic y el investigador de la Universidad del Pacífico Gustavo Yamada.

Pero esas mismas tiendas no parecen entender la naturaleza de instituciones como el TC y la DP en un estado democrático.

El contrapeso de poderes y la salvaguarda de los derechos constitucionales no se consigue con la partidización –y burdo parcelado– de sus organismos garantes.

Es clamoroso el caso de Sousa, nominado a rajatabla por el fujimorismo para el TC.

La lista de cuestionamientos al excongresista la recordó el Instituto de Defensa Legal (IDL) esta semana.

Su relación de clientes la encabeza.

Alberto Fujimori fue condenado a 25 años por crímenes contra los derechos humanos y de corrupción. Los generales montesinistas Nicolás Hermoza y Julio Salazar Monroe destacan en la nómina.

También la familia Sánchez Paredes y el exalcalde de Pucallpa Luis Valdez.

En julio de 2010 Sousa le dio a CARETAS una respuesta de antología.

“El estudio no tiene ningún cliente que esté procesado por narcotráfico, pues el señor Luis Valdez es procesado por homicidio calificado y lavado de activos provenientes de delitos tributarios”, aclaró. “En el caso Sánchez Paredes el delito es lavado de activos proveniente de incremento patrimonial no justificado”.

La más grande investigación de lavado de activos que se ha visto en el país, por cierto.

La congresista Verónika Mendoza, de la bancada de Frente Amplio-Acción Popular, recordó que Sousa, que no es constitucionalista sino penalista, presentó en el 2010 un proyecto de ley para recortar las facultades interpretativas del TC.

“Es una persona que ha pretendido debilitar a la institución y ahora quieren que sea uno de sus magistrados. No tiene ni pies ni cabeza”, lamentó Mendoza.

En los últimos tres meses el TC ha recordado cuán sensible puede ser su trabajo. Rechazó los habeas corpus de Alberto Fujimori, Antauro Humala y José Enrique Crousillat.

Acaba de aprobar el pago de los bonos de la Reforma Agraria (ver Mar de Fondo) y declaró infundado un pedido de inconstitucionalidad de la reforma de las AFP.

Todavía le quedan algunas “papas calientes”: El pedido del exalcalde Luis Castañeda de ser retirado de la investigación por el caso Comunicore y los pedidos de inconstitucionalidad de la Ley de Servicio Militar, el Servicio Civil, homologación de sueldos de jueces y el secretismo en las compras militares.