Actualidad La solución estaba en casa con defensor del pueblo interino Eduardo Vega.

Debió Quedarse

“Invitación directa oscurece el proceso”.

El lunes 15 por la mañana, la Defensoría del Pueblo presentó su reporte mensual de conflictos sociales número 112.

Registra 223 conflictos: 170 activos y 53 en estado latente.

Mientras tanto, la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) de la PCM reportó días atrás un total de 110 conflictos: 64 “en gestión” y 56 “en prevención”.

El defensor encargado, Eduardo Vega, ha explicado que su institución le presta atención a los conflictos incluso si todavía no presentan manifestaciones violentas.

Constatada mes a mes, se trata de una de las más marcadas diferencias de enfoque entre la Defensoría y el Ejecutivo.

Pero no es la única. Vega cuestionó el traslado de Antauro Humala al penal de Virgen de las Mercedes y también rechazó de plano la posibilidad de la candidatura presidencial de la Primera Dama.

La Defensoría criticó la demora del gobierno en publicar la base de datos de la Consulta Previa. Al Ejecutivo tampoco debió gustarle que la Defensoría le diera la razón a Alan García en su recurso para establecer si la “Megacomisión” violó su derecho a la defensa. Y el Poder Judicial suspendió el concurso del servicio militar a pedido del defensor.

Muy aparte de los cuestionamientos a su hoja de vida, ¿puede pensarse que Pilar Freitas, expersonera de un partido aliado del gobierno y cuyo líder se encuentra en graves problemas, seguirá esa línea?

Cabe preguntarse si la solución no estaba a la vuelta de la esquina. O realmente dentro de casa.

Luego de comenzar su experiencia en la Conferencia Episcopal de Acción Social y el Instituto de Defensa Legal (IDL), este abogado sanmarquino con varios estudios de postgrado llegó a la Defensoría apenas a tres meses de haber sido creada.

Ha integrado la Comisión Ad Hoc de Indultos para acusados injustamente de terrorismo y fue defensor adjunto para los derechos humanos y las personas con discapacidad.

Luego de ganar un concurso público de méritos, fue designado Primer Adjunto a la Defensora del Pueblo en épocas de Beatriz Merino.

Rescata que “a mis 2 años y 3 meses de mi gestión tenemos una Defensoría del intacta en su autonomía, que es quizás su valor más preciado. Esa legitimidad en la ciudadanía se refleja en encuestas con más del 60%. Se me ha dicho interino, encargado, pero, como ocurrió con el doctor Walter Albán, hacemos todo el uso de nuestras prerrogativas constitucionales”.

–Las opiniones de la Defensoría no son vinculantes. ¿Su legitimidad se basa en su independencia del poder político?
–El día que eso se pierda, perderá su prestigio frente a la ciudadanía. Esta institución ha sido creada para eso, para ponerle un límite a la acción del Estado, y ese límite es la defensa de los derechos fundamentales. El segundo valor es su equipo de trabajo. Es importante saber que hay gente especializada.

–Muchos están en el régimen CAS, ¿no los hace vulnerables?
–Tenemos cerca de un 60% de personal a nivel nacional en ese régimen, que son contratos anuales. Lo importante ahora es proteger a ese personal valioso, especializado y comprometido con la labor que hacen. Lo cortés no quita lo valiente y quiero agradecer que el Ejecutivo le mejoró las remuneraciones a principios de año al otro 40% que está en planilla.

–Usted trabaja en la Defensoría desde que fue fundada. ¿Diría que los desacuerdos de los últimos meses con el Ejecutivo son los más graves desde la época de Jorge Santistevan?
–No, en realidad siempre ha sido una relación tensa. Cada mandato ha tenido su propia dinámica. Hay que preocuparse cuando hay demasiado acercamiento. Lo normal es un cierto nivel de tensión que no debe significar nunca romper el diálogo.

–Beatriz Merino tenía un origen político. ¿Puede compararse a la actual situación?
–No quisiera comparar pero sí quisiera referirme al trabajo de la doctora Merino. No vi nunca un matiz político en su actuación. En su último período venía de un trabajo en instancias internacionales y la trajeron del Banco Mundial. Ahí hay una diferencia muy clara.

–¿El Congreso debería volver a las convocatorias abiertas en lugar de la invitación?
–Este cambio a la forma de elegir al defensor y a los miembros del TC no ha sido bueno. Esta invitación directa no ha funcionado y más bien oscurece el proceso. Deberíamos tender a procedimientos totalmente transparentes y que la ciudadanía pueda tener una evaluación muy clara de quienes se presentan. Creo que necesitamos evaluar seriamente el modo con el que se eligen a las autoridades. (Entrevista: Enrique Chávez)