Actualidad Premier Juan Jiménez asegura que los audios de reunión del año pasado pueden voltearse como un bumerán contra sus perpetradores.

El Complot de Chavín

Cateriano, Figallo y Jiménez el lunes 5, luego de que el premier defendiera con elocuencia su derecho a reunirse con la jueza Carmen Rojjasi.

Se escucha al público que aclama a las “matadorcitas” cuando cruzan el umbral de Palacio de Gobierno. El premier Juan Jiménez levanta la persiana para ver de qué se trata.

Queda al descubierto un pequeño aparato redondo, de plástico. Un inhibidor de interceptaciones telefónicas.

El despacho del primer ministro tiene conectado otro bloqueador de “chuponeo” y en su sala de reuniones adjuntas unos llamativos escudos blancos cumplen la misma función.

Jiménez ríe de buena gana al mostrar los juguetes. A unos metros, el presidente Ollanta Humala hace sonar una gran matraca para darle la bienvenida a las voleibolistas. Nada como celebrar triunfos deportivos para aliviar tensiones políticas.

LA RUTA DE LOS AUDIOS

El blindaje tecnológico de la oficina de Jiménez da cuenta de la situación.

“Es lo impresionante de la industria de la interceptación y la violación de la identidad de las personas”, dice el abogado. “Igual que en el caso anterior de Pedro Cateriano, que lo lanzan 8 meses después. Nos están diciendo: miren todo lo que podríamos tener”.

La maniobra desestabilizadora llega apenas un par de semanas después del episodio de la “luz verde” que pretendía dejar mal parado a Cateriano. El audio de la conversación en la que Jiménez participó el 31 de mayo del año pasado ha desatado una crisis muy particular.

“Se equivocaron los que soltaron esto”, evalúa, ya apagada lo que llama la histeria inicial. “Todo el país está con los comandos”.

Cuando se produjo la grabación, Jiménez era ministro de Justicia. En el Poder Judicial almorzó con Cateriano, quien era agente del Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el vocal supremo San Martín, entonces Presidente del Poder Judicial, y Carmen Rojjasi, la jueza del caso Chavín de Huántar, que investiga los sucesos en el rescate de los rehenes retenidos por el MRTA en la embajada de Japón en 1996.

Jiménez y Cateriano querían exponer la estrategia del Estado en un caso que tenía una importante réplica internacional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.(Ver en esta edición 'La Muerte de Tito'). De ahí la idea de “unificar conceptos” en un juicio abierto simultáneamente en el Perú y el sistema internacional.

El APRA sale a cobrarle a Jiménez y Cateriano –actuales premier y ministro de Defensa, respectivamente- la hostilidad que ambos le han mostrado a Alfonso Ugarte.

Los fujimoristas tienen el aliciente adicional de tumbarse a César San Martín, el vocal supremo que estuvo al frente de la sala que sentenció, en proceso ejemplar, al ex presidente.

El audio había sido ofrecido a programas de televisión. Al menos Panorama no lo emitió. Raúl Vargas hizo alusión a lo mismo en RPP.

Al final, entre el 31 de julio y el 1 de agosto, los audios fueron colgados en YouTube en la cuenta de “Turbo Pascal”. Se sigue esa pista.

El parlamentario aprista Mauricio Mulder le preguntó a Cateriano sobre la reunión en cuestión durante la interpelación al ministro en el Congreso, ese jueves 1.

¿Quién grabó el audio? De los 4 presentes en la reunión, Rojjasi es la que tendría algún móvil en el sentido de que no fue ratificada por el Consejo Nacional de la Magistratura (ver más).

Pero la exmagistrada emitió un comunicado el martes 6 en el que defiende la pertinencia e independencia de la sentencia.

No se descarta que la interceptación se haya realizado desde otro ambiente cercano. O incluso desde la calle.

EVALUACIÓN DE DAÑOS

El ministro aclara que solicitó una reunión “con toda la sala” de magistrados que veía la causa, no solamente con Rojjasi.

¿Por qué? “Porque así debe ser. El Perú ha perdido todos los casos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Aquí hicimos todos los esfuerzos. Tratamos de marcar un leading case, un caso líder que marque la ruta del país. Todos los Estados coordinan”.

En sus primeras declaraciones sobre el tema, el actual presidente del PJ, Enrique Mendoza, no ha encontrado irregularidades. Además, juristas como Raúl Ferrero, Ántero Flórez Aráoz y César Azabache han declarado sobre la legitimidad de la gestión de Jiménez y Cateriano.

“La coordinación en sí no es mala”, opinó Ferrero. “Es hasta saludable. Se hace todos los días porque la Ley Orgánica del Poder Judicial autoriza a conversar a los magistrados para persuadirlos sobre sus argumentos. Eso no es injerencia”.

Sobre las críticas de otro vocal supremo, Javier Villa Stein, que lo acusa de pretender ser el “superintendente” del PJ, el primer ministro se limita a responder que “sus expresiones no merecen ningún comentario. Que la opinión pública evalúe su conducta. Si volviera a ocurrir esto lo volvería a hacer”.

No tiene problemas en reconocer que ha realizado otras coordinaciones con el presidente del Poder Judicial en torno a casos abiertos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como el del ciudadano chino Wong Ho Wing, acusado de contrabando y que lucha por no ser extraditado a su país.
“Estamos haciendo una evaluación de daños”, reconoce ahora sobre el posible efecto del audio en la Corte Interamericana. “Es un caso de trascendental importancia para el país. Por lo emblemático, lo puedo equiparar al de La Haya. Pensábamos que todo el Perú estaba unido en torno al caso. El afán político no puede derivarte a una circunstancia que genere daño al país y a los propios comandos, pues el proceso puede verse afectado”.

LAS PERICIAS

Uno de los pasajes claves de la conversación está en la discusión de las pericias. La que firmó el experto forense peruano José Pablo Baraybar ha servido para sostener la hipótesis de que el terrorista “Tito” murió ejecutado extrajudicialmente, cuando aparentemente ya se había rendido.

Jiménez y Cateriano intentaron convencer a la jueza, sin éxito, de la importancia de incluir como pruebas las pericias alternativas encargadas en este gobierno. Cateriano abunda en la granada que supuestamente tenía entre manos el cadáver.
Comenta San Martín en el audio: “No, pues. Baraybar es muy reputado pero cuando se presenta en el juicio un capo, y que lo hace arar, y que sabe más y que lo va a demostrar en el juicio, uno puede decir Baraybar es un genio, y después cuando viene otro y lo refuta y tiene más argumentos, digo: uy, ya no era tan genio. Era un geniecillo”.

A propósito, el premier explica que “ubicamos a dos peritos muy importantes, el galés Derrick Pounder y el español Juan Manuel Cartagena, que por vías paralelas llegaron a las mismas conclusiones. Y lamentablemente no se logró que esos peritajes entren al expediente nacional”.

El almuerzo con Rojjaci se produce el 31 de mayo. Los peritajes mencionados fueron presentados a la prensa el 9 de julio y tres meses después se produjo el fallo. Corrían contra el reloj.

“Lo que Baraybar defendía y nosotros cuestionamos es que él hablaba de un ingreso de bala por la nuca, de arriba hacia abajo”, cuenta Jiménez. “Las otras dos pericias decían que era de abajo hacia arriba y por el costado, no por la nuca”.

¿Refleja esto la testarudez de un régimen comandado por un militar retirado que busca lavarle la cara a la institución al negar la posibilidad de una ejecución extrajudicial?

“No”, asegura el premier. “Además de estas dos pericias, que son muy serias, las placas radiográficas de un experto norteamericano revelaron que por lo menos había una bala más que le rozó el polo a Tito. Esto nos llevó a señalar que no había demostración de una ejecución como lo afirma la pericia de Baraybar. Clyde Snow, que es un experto muy reconocido, solo acompañó la pericia con su firma. No analizó el caso y eso él mismo lo dice en una entrevista con CARETAS”.

La sentencia emitida el 23 de julio último por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, encabezada actualmente por San Martín, confirma en todos sus alcances la sentencia que a su vez emitió la sala de Rojjasi en octubre del año pasado.

Esto es, esencialmente, que exonera a los comandos de cualquier delito y establece que no se puede probar una cadena de mando paralela. Esta se sostenía en la hipótesis de los llamados “gallinazos” del Servicio de Inteligencia Nacional, comandados por el prófugo Jesús Zamudio, que habrían entrado al teatro de operaciones 14 minutos después de terminado el combate y que, en todo caso, habrían sido los encargados de rematar a “Tito”.

Rojjasi analiza los planes operativos y los testimonios de los comandos para determinar que no se puede probar esta operación paralela, y que los elementos del SIN se encargaron de filmar los hechos.

Pero sí concluye que se produjo la ejecución extrajudicial de “Tito” y que es necesario investigar más. El prófugo Zamudio es la pieza clave faltante.

Jiménez confía en que los peritajes del Estado sí sean admitidos como pruebas en la Corte Interamericana, que ahora tendrá que determinar si con lo actuado ya se ha hecho justicia en el Perú.

Solo entonces terminará la odisea judicial de los comandos. (Enrique Chávez)