Personajes Selección de textos que responde a problemas de fondo del Perú.

Un Llamado de Atención

En Palacio lo siguieron preocupando cuestiones como la deuda externa, la desigualdad y los derechos humanos.

Los ocho meses del gobierno constitucional transitorio que presidió Valentín Paniagua demostraron que se podía ganar la aprobación ciudadana sin acudir a gestos o palabras espectaculares, esgrimiendo, sí, las armas de la verdad y la justicia. Esa acción estaba guiada por un pensamiento de jurista y político que desde temprano examinó al Perú como problema y posibilidad, a la luz de grandes principios universales. La breve antología de escritos de Paniagua aquí presentada demuestra la actualidad punzante de sus ideas.

La crisis de los partidos políticos. El mito del “outsider” Fujimori

El primer tema es –¿cuándo no?– el de la crisis de los partidos en el año de 1990. En este aspecto es bien importante que distingamos entre el mito y la realidad histórica. Se ha sostenido por muchos, y algunos muy distinguidos politólogos, constitucionalistas e historiadores, que en el año de 1990, un outsider de la política peruana, el señor Fujimori, derrotó a todos los partidos políticos, revelando así una profunda crisis de éstos. Es cierto que había una crisis de los partidos, pero no es menos verdad que el señor Fujimori fue hechura de los partidos políticos, y no precisamente del antipartido y que, por ende, no derrotó sino que, más bien, aprovechó de partidos que intentaron utilizarlo. Resulta sorprendente comprobar que la tesis del antipartido, enarbolada por Mario Vargas Llosa, resultó precisamente derrotada en ese proceso electoral. Me explico.

Fujimori fue el candidato del populismo, encarnado en la campaña electoral de 1990 por el Apra y las fuerzas marxistas. Se opuso, coincidiendo con el Apra y con la izquierda, a la política de shock, de disciplina fiscal y de liberalización de la economía peruana que había enarbolado Mario Vargas Llosa. Derrotado en la primera vuelta electoral por Mario Vargas Llosa, que alcanzó el 32.6% de los votos válidos, resulta elegido, precisamente, en la segunda vuelta electoral con el aporte abierto y formal del 22.5% de la votación obtenida por el candidato del Apra (Luis Alva Castro) y el 13% de la votación obtenida por los partidos de izquierda, con lo que alcanza el 62.4%.

Si se suman los porcentajes obtenidos por Fujimori en la primera vuelta y la contribución del Apra y de la izquierda, se llega a esta realidad simple y concreta: Fujimori no fue el resultado de la crisis de los partidos, sino del éxito de los partidos aprista y de la izquierda marxista unidos, que derrotaron a Mario Vargas Llosa.

Estructura e integración del Congreso

Hace casi medio siglo José Luis Bustamante y Rivero decía que, detrás de nuestras democracias de etiqueta, ha habido siempre en el alma del pueblo del Perú un fondo democrático que se ha expresado en “el aprecio de la libertad, la ilusión orgullosa del voto (y) el arraigo de la institución parlamentaria como expresión del sentir provinciano”. Ese sentimiento subsiste.

El unicameralismo de la carta de 1993 riñe pues con aquella tradición y también, por supuesto, con los efímeros ensayos unicamerales de 1823 y 1867. Estos intentaban exaltar al Congreso en desmedro del presidente. El de 1993 pretende todo lo contrario: menoscabar el Congreso y supeditarlo al Ejecutivo. En realidad, es la “concesión” máxima que los autores del golpe del 5 de abril hicieron a la democracia representativa. Se proponían gobernar, sin límite de tiempo, y con prescindencia de todos. El Congreso actual, diminuto en número, es también menudo e insignificante frente al Poder Ejecutivo que ejerce, sobre él, un férreo control que la mayoría parlamentaria ha convertido en una indudable dictadura sobre las minorías. Como lo advirtiera la Comisión Villarán en 1931, “una asamblea sin el contrapeso de otra asamblea respira en un ambiente sicológico de omnipotencia e irresponsabilidad”.

La estructura del Congreso, dentro de un régimen racionalmente concebido, depende del tipo de representación, de la forma de democracia y naturalmente de las formas de Estado y de gobierno por las que se opte. El Congreso bicameral –inherente a nuestra Constitución histórica– es consecuencia también del tipo de representación política (social) y de democracia (de consenso) que impone, en verdad, la muy heterogénea y plural realidad racial, geográfica, política, social, económica y cultural del Perú. El bicameralismo que, por lo demás, es –según Lipjhart– una característica del modelo puro de democracia de consenso resulta así inevitable. Sin embargo, más allá de cualesquiera modelos esa estructura es congruente con la forma de Estado y de gobierno elegidos.

Modificación de la forma de gobierno. No a la segunda vuelta presidencial

La racionalización del sistema político no sólo requiere la modificación de la forma de Estado. También es indispensable hacer lo propio con la forma de gobierno.

El presidencialismo absolutista hoy vigente es incongruente con el pluralismo institucional. Un régimen que gira en torno de un funcionario reelegible de inmediato, inviolable jurídica y políticamente, e investido de todas las atribuciones y privilegios de un jefe de estado parlamentario y de un presidente en un régimen presidencial, pero liberado de todas sus limitaciones, es irracional. Impide el equilibrio entre los órganos y agentes del poder y perturba un fluido juego de las autonomías funcionales. Deben reestructurarse drásticamente, pues, las atribuciones presidenciales para asegurar la moderación y la ética en el ejercicio del poder y eliminar las instituciones y mecanismos que configuran el absolutismo presidencial: la inviolabilidad presidencial, la segunda vuelta electoral, la reelección presidencial inmediata y la disolución del Congreso.

El “ballotage” presidencial sirve, entre nosotros, solo para “plebiscitar” a quien no logró la mayoría de sufragios; no para construir o asegurar el respaldo político del gobierno, y, menos aún, para legitimar al presidente frente al jefe del gobierno como en Francia. En el Perú aunque formalmente distintas, la función presidencial (que reside en el presidente) absorbe y condiciona la jefatura del gobierno. La segunda “vuelta” debe eliminarse. Solo alimenta una ficción que, a la larga, robustece el poder personal. Esa ficción no cabe en la elección presidencial por mayoría relativa no menor del tercio del electorado o por el Congreso, de no alcanzarse en una sola vuelta. La inutilidad constitucional de la institución y los riesgos que ella entraña para un razonable y equilibrado ejercicio del poder, justifican su eliminación a pesar de la tendencia latinoamericana que la ha incorporado en un número muy crecido de países.

Debe derogarse también la posibilidad de disolución del Congreso. En realidad el Ejecutivo puede crear la causa habilitante (censura o falta de confianza a dos Consejos de Ministros). La institución, entre nosotros, conspira contra su propia lógica, es decir, contra el propósito que la inspira. No cabe, en efecto, el arbitraje popular cuando es imposible licenciar al presidente que es una de las partes en conflicto. De este modo, se convierte en un instrumento que contribuye, sordamente, a fortalecer la autocracia presidencial, a expensas del Congreso. El ejercicio de la fiscalización parlamentaria –cuya expresión más severa es el voto de censura– se convierte en conducta virtualmente punible con la disolución, lo que es un verdadero contrasentido.

(Del libro Constitución, Democracia y Autocracia, editado por la Universidad Autónoma de México, 2004).

Democracia y Política en el Pensamiento de Norberto Bobbio

La democracia “directa” que Bobbio considera una suerte de “fetichismo” lo ha llevado a criticar sus más conocidas fórmulas institucionales como el referéndum, las asambleas y los “nefastos” mecanismos de revocación, característicos de las autocracias de inspiración marxista, y cuya manifestación subsistente es, en cierta forma, el mandato imperativo. Las admite, a regañadientes, como complemento, pero, en ningún caso, como sucedáneo de la representación popular.

Democracia en el mundo globalizado: la democratización del sistema de Estados

La democracia, como la economía y la vida social contemporáneas, han sido afectadas, sin duda, por la creciente interdependencia entre pueblos y Estados. Recordando, a este propósito, las estaciones o puntos de llegada fundamentales de su pensamiento contenidos en El futuro de la democracia (1984), El problema de la guerra y las vías de la paz (1979) y El tiempo de los derechos (1990) –advierte en De Senectute– que el futuro de la democracia reside, hoy más que nunca, en la democratización del sistema internacional, ya por extensión de los Estados democráticos que son una minoría y ya, sobre todo, por “la ulterior democratización de la organización universal de los Estados”. “Sólo el aumento de los Estados democráticos –afirma– podrá favorecer la posterior democratización del sistema de Estados”. Ambos procesos, a su juicio, están íntimamente correlacionados. Advierte en ellos signos negativos y positivos. Uno de los más inquietantes es precisamente “la creciente desigualdad entre países ricos y países pobres, la condición permanente de dominio de los primeros y de conflicto entre los segundos”. Y, podría añadirse, también su creciente pauperización.

En el fondo, es la más cabal expresión no sólo de la falta de solidaridad sino y, sobre todo, de igualdad. El proteccionismo, practicado ahora por quienes, en el pasado, abrían fronteras, a cañonazos, es la más cabal expresión de la inequidad. Ahora conquistan mercados inermes, usando como avanzada bélica al FMI, al Banco Mundial y a la Banca privada, apropiadamente concertada siempre contra los países deudores para obligarlos a abrir sus mercados e impedirles todo mecanismo de defensa de sus producciones. Todo ello, luego de asegurar los candados de sus propios mercados o de subsidiar, sin tasa ni rubor, sus producciones. La democracia internacional pasa, sin duda, por reconocer la existencia de Estados iguales y con derechos iguales al desarrollo, a la supervivencia y también a la paz y a la felicidad.

(Conferencia inaugural en el Seminario Internacional “El futuro de la democracia y el pensamiento político de Norberto Bobbio”, Lima, 2000).

El neoliberalismo redujo los problemas del Estado-bienestar a sus evidentes problemas de escasez de recursos y no de distribución de la riqueza o de equidad. Ha logrado así que la polémica en torno del Estado se centre en el ámbito del crecimiento económico. La ha reducido así a una mera discusión cuantitativa sobre la aceptación o el rechazo de mayores o menores niveles de tributación, de crecimiento, presupuesto, déficit, inflación, desempleo y aumento o reducción de las prestaciones sociales. “Con lo cual, la discusión se convierte en un pretexto para ignorar y silenciar los más graves interrogantes políticos que nos agobian y cuyo planteamiento se pretende eludir”.

A pesar o, quién sabe, precisamente porque el neoliberalismo ha centrado su atención en los aspectos materiales, no puede olvidarse que, en los siglos XVIII y XIX, se creía que la libertad –independientemente de las condiciones materiales de vida– era una exigencia de la dignidad humana. Hoy, en cambio, el logro de un estatus económico compatible con la dignidad humana es la condición sine qua non para la existencia y vigencia de la libertad. Tal convicción derivada del desarrollo logrado por el hombre riñe, sin duda alguna, con el frío economicismo que caracteriza a las posiciones antiestatistas que persiguen como objetivo básico el desmantelamiento, sin más del Estado-bienestar, y que ha provocado, en el mundo de hoy, lo que David Held ha llamado el desfase moral.

(De Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano. 2005, Fundación Konrad Adenauer).