Corrupción Después de los martillazos, Poder Judicial alista drástico paquete de medidas.

Crucificando a la Justicia (VER)

Walter Vásquez Vejarano se resiste a la conformación de una Corte Suprema Única con sólo 11 miembros.

El vocal supremo Javier Villa Stein la soltó en primera al divisar al reportero de este semanario en las galerías del Palacio de Justicia: “Espero que CARETAS no me joda”, dijo y prosiguió su camino.

De algún modo, el comentario grafica la urticaria que han desarrollado los magistrados ante las informaciones periodísticas sobre la crisis que ha remecido las columnas del Poder Judicial.

El caso del vocal supremo provisional Eduardo Palacios, ampayado el lunes 4 con S/. 600 soles deslizados en su bolsillo por un ex policía que buscaba su reincorporación, provocó un huaico de críticas a la judicatura. Pero son pocos los que han visto por debajo de las piedras y el lodo, y propuesto soluciones concretas a la debacle.

“Nos han dicho tortugas, vampiros, momias”, se lamenta el presidente de la Corte Suprema, Walter Vásquez Vejarano. “¿Esas son propuestas?”.

Vásquez Vejarano dice que se enteró del caso del vocal coimero por teléfono: “Doctor, se armó la gorda”, le advirtieron sus asesores. Ese mismo lunes, por la tarde, el presidente Alan García lo convocó a Palacio de Gobierno y le planteó la necesidad de reestructurar el Poder Judicial.

La Sala Plena de la Corte Suprema conformó inmediatamente una Comisión Especial con el fin de estudiar y proponer medidas urgentes para resolver los problemas, la misma que quedó presidida por el ex vocal supremo Hugo Sivina e integrada por los supremos César San Martín, Francisco Távara, Víctor Ticona y por el ex vocal Andrés Echevarría.

El martes 12, al mediodía, la Comisión Especial aprobó una serie de propuestas, entre las que figuran reestructurar la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), la eliminación de los jueces suplentes, la agilización de los procesos disciplinarios, la reorganización de la mesa de partes de la Corte Suprema y la evaluación de los supremos provisionales.

Este último punto es central. La Suprema está compuesta por 35 miembros, de los cuales sólo 13 son titulares. La Comisión tendría pensado promover a los provisionales al titularato, pero valorando el orden de mérito y no la antigüedad.

Vásquez Vejarano señaló a CARETAS otros puntos que serán materia de la reestructuración: el levantamiento del secreto bancario y del registro migratorio de los jueces investigados, el cambio inmediato de 2,500 secretarios provisionales por titulares, la inspección sorpresiva a las Salas Superiores, la informatización del Poder Judicial que permitirá un mayor control y el seguimiento de las personas que ingresan diariamente al Palacio de Justicia. Son medidas eficaces y acordadas en tiempo récord, pero ¿por qué no se adoptaron antes?

El tamaño de la suprema

Vásquez Vejarano insiste en que la falta de presupuesto y voluntad política frenaron la reforma. El 24 de octubre del 2003, mediante Ley 28033, se instaló la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (Ceriajus), presidida por el entonces titular de la Corte Suprema, Hugo Sivina, quien hoy dirige la Comisión de Reestructuración.

La Ceriajus culminó su evaluación el 23 de abril del 2004 y entregó al Presidente de la República y al Poder Judicial un informe de 600 páginas con 170 propuestas puntuales para reformar el sistema judicial.

Entre las principales aparece la conformación de una Corte Suprema Única de 11 miembros, lo que motivó un primer desencuentro con el Poder Judicial. “No es que me oponga porque quiera, sino que no puede desaparecer la Sala Plena. Habría que modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y ese es un tema del Congreso”, sostiene Vásquez Vejarano.

Las figuras del vocal provisional y las salas transitorias se crearon en 1997 durante el gobierno de Alberto Fujimori. El objetivo fue aminorar la carga procesal, pero ahora los vocales provisionales suman 22. “Para eliminar las salas transitorias se necesita una reforma constitucional que detenga los 30,000 expedientes que llegan a la Suprema cada año. La carga procesal es enorme”, coincide David Lovatón del Consorcio Justicia Viva.

En Brasil los miembros de la Suprema son sólo 11, en Chile hay 21 ministros supremos y en los Estados Unidos son apenas nueve.

Vásquez Vejarano se muestra de acuerdo con la mayoría de recomendaciones de la Ceriajus, pero alega que para su aplicación se requiere de S/.1,384 millones que el gobierno anterior no desembolsó.

“Es la piedra de toque”, dice el supremo. “Sin presupuesto, ¿qué se hace?” La verdad que mucho. De 50 propuestas legislativas de la Ceriajus, el Poder Judicial envió 35 al Congreso. Hasta hoy ninguna ha sido sometida a debate.

Algunos parlamentarios prefieren ir a lo que consideran la yugular del problema. CARETAS supo que el legislador aprista Edgar Núñez presentará esta semana una moción para conformar una subcomisión investigadora y detectar a supremos y magistrados con signos exteriores de riqueza. La medida, según fuentes del Ejecutivo, “motivará que arda Troya”.

En el Fondo

Para muchos, la Comisión de Reestructuración que dirige Sivina debería seguir la misma plantilla de la Ceriajus que él mismo presidió, aunque se alerta que la reforma es un proceso que toma años. Implica la participación de todos los entes del Estado y del propio Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que es el encargado de elegir al profesional que se encargará de administrar justicia.

El Poder Judicial, por otro lado, espera que se le otorgue un presupuesto de S/ 1,200 millones para el 2007.

Ahora bien, subsiste la duda sobre la capacidad del Poder Judicial para reformarse así mismo. El lunes, el premier Jorge del Castillo propuso que en la reestructuración judicial deberían participar la sociedad civil, organismos multilaterales e inclusive expertos internacionales.

El propio Vásquez Vejarano expresó su desapego a esa idea. “Es como si nosotros quisiéramos intervenir el Congreso. Eso no es así. Somos un poder del Estado”, reclamó el presidente dela Corte Suprema.

La corrupción es un mal que no sólo carcome al Poder Judicial (en lo que va del año, la OCMA sancionó a 1,462 jueces y destituyó a 356), sino al aparato gubernamental en pleno. Pero los achaques son múltiples.

Según Hugo Suero Ludeña, gerente general del Poder Judicial, la carga procesal del sistema es de 3 millones de expedientes anuales. Urge crear 47 Salas, 154 Juzgados Especializados y 90 Juzgados de Paz Letrado.

El Comité Especial de Reestructuración no posee acta de defunción, pero se calcula que trabajará hasta fin de año. “Sólo espero que esto camine”, repite Vásquez Vejarano. “Ha sido la peor semana de mi vida”. (AZ)