Seguridad Tras enfrentamientos con cocaleros, el gobierno suspende la erradicación y anuncia reorganización de políticas antidrogas.

Coca, Voto y Muerte (VER)

Nancy Obregón se alió con Humala. Fue elegida congresista por UPP en San Martín con 23,957 votos.

El diablo mora desde hace mucho en el Alto Huallaga. Y si en el Monzón afila los cuernos, de un tiempo a esta parte sacude la cola con sevicia sobre la parte norte de la región. Los últimos latigazos sufridos en localidades como Bambamarca, Puerto Pizana y Sión terminaron por marcar un punto de quiebre.

Sin mucha fanfarria el gobierno comunicó la suspensión de erradicación de cocales ilegales en todo el país. La decisión fue tomada tras los incidentes de Sión del lunes 11. Los campesinos del centro poblado de la provincia de Tocache ofrecieron resistencia violenta al operativo de erradicación montado por el CORAH.

Al cierre de la presente edición no se llegaban a decantar las versiones. El alcalde del caserío, Néstor Sayago Mateo, declaró a Ideéle Radio que los heridos totalizaban treinta, doce de ellos graves. Fuentes policiales en Lima insistían en que los únicos afectados por balas de perdigón eran dos efectivos y un trabajador del CORAH.

Las últimas fuentes consideraban que la congresista cocalera Nancy Obregón ganó una importante batalla al detener las erradicaciones. Un informe de la Policía asegura que Sión es zona de influencia de la Asociación de Cocaleros Saúl Guevara Díaz, presidida por Obregón.

El mencionado informe le atribuye a Obregón la propiedad de al menos 30 hectáreas de coca en Sión. Son números elevados para un contexto en el que los campesinos pasan pocas veces de una hectárea. La congresista ha negado esa información.

1. Asesinato de trabajador del CORAH, John Cántaro, en julio. 2. Asesinato de seis jóvenes el 30 de agosto. 3. Enfrentamiento entre policías y cocaleros en Sión, 11 de setiembre.

Nuevo DEVIDA

“El tema consiste en atenuar las erradicaciones para facilitar el diálogo”, dijo a CARETAS el premier Jorge del Castillo. No determinó el lapso durante el que se prolongaría la medida. “Un tiempo”, se limitó a decir.

Del Castillo anunció una serie de reuniones en las que participarían la ministra del Interior Pilar Mazzetti, el ministro de Relaciones Exteriores, José Antonio García Belaunde; el ministro de Defensa, Allan Wagner; el jefe de Devida, Rómulo Pizarro; y el director de Dirandro, general PNP Carlos Alberto Olivo. El objetivo de los encuentros será redefinir la política antidrogas y se decretará la reestructuración de Devida. El reencauche incluiría cambio de nombre.

¿Cuánto podrá influir el cambio de timón en la agenda pendiente del gobierno? Alan García ha hecho explícito su propósito de involucrar más a la Unión Europea en la responsabilidad de la lucha contra las drogas. Pero al mismo tiempo EE.UU. ha venido reduciendo la cantidad de dinero destinada a la ayuda contra el narcotráfico. De los US$ 115 millones del 2005 se esperaban US$ 98.5 millones para el 2007. A eso hay que añadir el TLC todavía sin aprobar en el Congreso norteamericano. La predecesora directa del TLC fue la ATPDEA, Ley de Promoción Comercial y Erradicación de la Droga.

Representantes del Ejecutivo se muestran optimistas sobre la reacción norteamericana. “Los gringos tendrán que comprender”, dice un colaborador de Alan García.

Según la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDD) los cultivos de coca en el Perú para el 2005 fueron calculados en 48,200 hectáreas. Eso representó la disminución del 4% con relación al 2004 (50,300). Califica la situación de “tendencia paulatina a la baja”, pues los cultivos han sido reducidos a la mitad en la última década.

A pesar que la ONUDD reconoce el éxito de algunas iniciativas de desarrollo alternativo también advierte que el apoyo de esos programas solo llega al 10% de los campesinos que lo requieren.

El año pasado se erradicaron 12,232 hectáreas de coca. De esas, 8,966 fueron erradicadas forzosamente en el marco de los programas del CORAH y 3,266 fueron erradicadas voluntariamente.

Durante el año pasado fueron erradicadas 16,039 hectáreas en el Alto Huallaga. La mayoría, eliminadas en el valle del Monzón (11,230). En las zonas que han sido objetos de sangrientas noticias en las últimas semanas la erradicación del 2005 fue muy poco significativa. Entre Mishollo y Puerto Pizana, zonas donde Obregón tiene más influencia, no se llegó ni a las 400 hectáreas. Un año antes, en cambio, fueron más de 1,300 hectáreas. Y hace rato que la hoja no viene sola por estos parajes. A inicios del 2005, por ejemplo, la Policía destruyó 26 pozas de maceración en un solo operativo de cinco días en Pizana.

Para entonces Obregón ya paseaba su autoridad por esos caminos. Su marido, el ex policía Favio Chávez Peralta, se encargaba personalmente de su seguridad.

La presión de los cocaleros encabezados por ella y Elsa Malpartida produjo el repliegue del 2005 en esas áreas. Este año las erradicaciones se reiniciaron y con ellas volvió a correr sangre. En julio último un trabajador del CORAH fue asesinado de brutal manera en las inmediaciones de Bambamarca (CARETAS 1936). El 30 de agosto fueron secuestrados y asesinados seis jóvenes, tres de ellos menores de edad. Los cuerpos, todos con balas de retrocarga en la nuca, fueron encontrados en el kilómetro 21 de la carretera Tocache- Pizana, distrito de La Pólvora.

La ministra Mazzetti declaró que el asesinato fue resultado de un ajuste de cuentas. CARETAS accedió a la información de Inteligencia.

Tres semanas antes el grupo asaltó un vehículo que llevaba Pasta Básica de Cocaína (PBC) perteneciente a la firma del narcotraficante conocido como “Ocotillo”. Se determinó que el sicario encargado del asesinato fue Jeremías Ramos Bonifacio (a) Borrego.

Ocotillo viviría en Tocache pero saca la droga de Sión, una zona poco intervenida por la Policía hasta los últimos meses. Contratadas principalmente por carteles mexicanos, las firmas del Huallaga (ver recuadro) transportan el PBC hacia Huánuco, Tingo María y Lima. Según un investigador, la ausencia de una firma hegemónica que monopolice y ordene el negocio desató una guerra entre las que compiten por las rutas.

Los asesinatos, afirma, se suceden casi a diario. El narcotráfico y el tráfico de combustible –que se aprovecha de las exoneraciones– vinieron a reemplazar a la tala ilegal de madera como motor económico del lugar.

El gobierno tiene al frente ese complejo escenario que se caldeará más con la cercanía de las elecciones de noviembre (ver cuadro). Las fuentes del Ejecutivo admiten las posibilidades de estar paradas frente a interlocutores con un doble juego, pero aún así apostarán casi todo a forzar negociaciones efectivas. Cabe desear que, en el camino, la política antidrogas no se quede por donde el diablo perdió el poncho. (Enrique Chávez)