Opinión

Las Inversiones, los Empresarios y la Carta del ’79

La discusión constitucional no es una estéril o de superestructura. Es un debate que hace a las bases sobre las cuales debe de completarse la reconstrucción de la Nación, dando también un piso seguro a las inversiones, pero logrando al mismo tiempo que para el resto de los actores sociales no se abra un abismo debajo de sus pies.

Julio César Gaviria, cuando promulgó las reformas a la Carta de Colombia en 1991, dijo en una frase feliz: una Constitución es un tratado de paz interno. Esto significa que todas las partes deben de verse de alguna manera representadas y satisfechas en él. No puede haber exclusiones ominosas, porque de existir, la rebelión o la desobediencia está a la vuelta de la esquina. Mas aún si estas exclusiones comprenden a una gran parte de la población. Si no se fragua el cemento jurídico, no se puede construir un edificio político duradero que siente las bases del despegue económico.

Pero suponiendo (sólo por cuestiones dialécticas) que sean minorías las que están descontentas de la forma como se las trata en el texto del 93. Estas minorías han sido lo suficientemente activas y perseverantes para hacer que su idea de la invalidez del “dictum” fujimorista no se consolide. Stephen Holmes, de la Universidad de Chicago ha señalado que “la seguridad de la minoría es un bien común… Al diseñar una Constitución que modere los temores de los subgrupos indefensos (y aquí distan mucho de ser eso los que aquí reclaman por la exclusión) los creadores de un compromiso en que se base un régimen podrán obtener la cooperación nacional necesaria para su prosperidad económica e independencia”. Vale decir, los que tienen hoy el mango de la sartén deben acordar ese espacio que haga que todos sientan que el país es suyo y no ajeno y que tienen un lugar que vale la pena proteger dentro de ese sistema.

La Constitución de 1979 le dio un espacio a todos los sectores y correspondía a cada gobierno, de acuerdo al principio mayoritario expresado en las urnas, ir privilegiando una u otra de sus partes. En la Carta de 1979 podía desarrollarse cualquier régimen democrático que pusiera la libertad en primer término. El texto de 1993 sólo reconoce un sistema político económico y margina cualquier interpretación diferente, haciendo inflexible lo acordado en un momento histórico determinado y dejando de lado los derechos y expectativas de grandes sectores de la población.

Joseph Stiglitz señala en su ya clásico “Globalization and its discontents” que está en el mejor interés del desarrollo económico el tener una sociedad política estable. No se puede hacer negocios si las protestas son constantes, si los entendimientos básicos no se presentan y si hay sectores que se sienten excluidos, peor aún si esos sectores son los mayoritarios en una nación. Un presupuesto fundamental para el desarrollo es la paz y nadie puede sentirse en esa condición si se estima marginado o minimizado en su dignidad o en sus posibilidades de proyección.

No es tampoco poca cosa el hecho que el texto del 93 haya sido producto de una dictadura. Una democracia no puede tener como portal la norma de un equipo de sujetos que están presos por la comisión de diversos delitos económicos en agravio del Estado o perseguidos aún por la justicia por esa misma razón.

Peter Häberle, señala que la Constitución de un país no sólo es “ratio”, sino también “emotio”. No puede mover ninguna fibra en el ciudadano democrático, en el que ve con vergüenza lo que pasó en la década de los 90, el tener que obedecer los mandatos que quiso perennizar el protagonista de ese mal. Nunca se alcanzará la paz social si insistimos en seguir políticas de omisión en el tratamiento de un tema que debe abordarse de una vez por todas, resolverse y dejar bases firmes para que se avance sobre un acuerdo básico y englobante.

Por lo demás, la reconstrucción sobre la base de una norma jurídica que la fuerza quiso hacer desaparecer, deja un mensaje claro a los aventureros que pudieran estarse haciendo las ganas de volver a dar un mandoble acicateados por la impunidad y hasta la benevolencia con que se trató a los que destrozaron el orden constitucional. Un derecho que vence a la fuerza. Una norma que se impone por la tenacidad con la que ha sido perseguida por un conjunto importante de ciudadanos del país, que no bajaron la guardia, pone los cimientos de un Estado de Derecho que no sólo será vigente, sino que también será eficaz y nada puede estar más cerca del interés de quienes invierten en un país, que asegurarse que las normas en las que ingresan a ese territorio se respetarán por todos y que no habrá dudas sobre el sustento de la norma básica.

La Carta de 1979 puede mejorarse, a la luz de la experiencia en dos capítulos fundamentales: el del régimen económico y el de los derechos sociales, donde la época en que se promulgó, brindaba un entorno que dejó hoy de ser considerado ya como beneficioso para el desarrollo y el consiguiente bienestar del país y de sus habitantes. Pero esos dos capítulos pueden reformarse, como ya se pergeñó en el Congreso que concluyó, por iniciativa y conducción de Jorge Del Castillo, quien puso de acuerdo a los sectores de empresarios y trabajadores y a los demás interesados de manera directa en estos capítulos, elaborando un proyecto que bien puede servir de inmediato.

Tampoco será necesario abrir un inmenso debate que dure años. Las normas para acabar este tema en pocas semanas, existen. A partir de una decisión política que puede poner en juego el Presidente o el Congreso, se declara por el imperio de artículo 307 de la Constitución de 1979, que es nulo el texto del 93 y se dictan, en ese mismo momento, las normas transitorias que impiden que se genere una situación de inestabilidad debido al tiempo en que los peruanos tuvimos que vivir bajo la égida de ese texto de 1993 que no alcanza la calidad de Constitución.

No es pues ni demagogia ni arrebato populista el insistir en este tema de la mayor importancia. Cualquier debate, desde la perspectiva de la doctrina del derecho constitucional, podrá ser sostenido con ventaja por quienes defiendan la tesis de la vigencia de la Constitución de 1979. Asustar desde los periódicos para que quienes están en el poder retrocedan frente a lo que es un deber democrático, me parece no ser el camino más conveniente para el Perú. Pero menos edificante será todavía el ver que quienes ostentan la representación política ceden a esas presiones. (Alberto Borea Odría)