Actualidad Distintas varas. Hoy jueves 5 se conformará la comisión parlamentaria para investigar a Toledo y en Palacio se forma equipo para sacar al fresco sus facturas. Mientras tanto, el ex procurador Antonio Maldonado denuncia que proceso para extraditar a Fujimori se perderá si el gobierno no lo impulsa.

Pinchan Pero No Cortan (VER)

Vacuna Política.- Lunes 2, San Juan de Lurigancho. El Presidente fue pinchado figurativamente en inauguración de campaña contra la rubéola.

En Palacio la “Ch” se multiplica por cuatro: Al Cholo chancarlo y al Chino pasarlo con chancaca. Puede ser un sencillo trabalenguas político o el jeroglífico que contiene la política del gobierno para con sus predecesores. Pero resume el mapa del momento.

Alejandro Toledo pasa un año sabático invitado por la universidad de Stanford. Se encuentra aislado con personajes que se dedican a pensar y escribir. Es imposible determinar si mientras revuelve el café comenta en su expresivo inglés que en el Congreso de su país le formaron una comisión investigadora y le sembraron un procurador.

Alberto Fujimori guarda silencio en Santiago pero sus congresistas mantienen una dulce relación con el gobierno. El abogado que el Estado peruano contrató para traer a Fujimori carece de tan buena suerte porque no se ha visto con ninguno de sus miembros. La Procuraduría que investiga al ex presidente agoniza y el juicio de extradición se alarga más que una telenovela rentable.

El Equipo de Palacio

El comunicado número 1 distribuido por la Comisión Política de Perú Posible alude a la turbamulta de denuncias recientes contra Toledo: “Se trata de maniobras distractivas, cortinas de humo, fabricadas y distribuidas desde Palacio de Gobierno. Para ello el Despacho Presidencial ha contratado a cuatro personas que sin pertenecer al Sistema Nacional de Control vienen manipulando documentación administrativa del Despacho Presidencial. Este procedimiento vulnera el accionar de la Contraloría General de la República; única instancia facultada por ley a ejercer acciones de control, creando, en la práctica, una contraloría política paralela”.

Esos cuatro empleados son el abogado Víctor Sebastián Farroñay Gonzales, la abogada Jessica Verónica Flores Gonzales, el bachiller economista Roberto Martín Vargas Buendía y el contador Jaime Esteban Pacheco López. Los toledistas señalan que ingresaron a Palacio bajo la modalidad de Servicios No Personales y se dedican a rastrear las facturas de perfumes, licores y pollos a la brasa puestas a secar en las primeras planas de las últimas semanas.

¿La contratación sería irregular? En principio, no. El conflicto se produce cuando el equipo funciona como esa mencionada para-Contraloría. Trascendió que el titular de esa dependencia, Genaro Matute, envió un oficio a la auditora que lo representa en Palacio. Ella le contestó que no sabía nada de la hemorragia de recibos filtrada a la prensa.

La designación de Gino Ríos como procuradorad hoc para investigar el quinquenio de Toledo escribe otro complicado capítulo de la saga investigadora. En principio podría creerse que el gobierno devuelve la cortesía a sus predecesores.

El Ejecutivo anterior nombró a Julio Quintanilla, vía Fernando Olivera, procurador del Estado para el caso de El Frontón ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quintanilla también sirvió de surtidor de titulares con sus acusaciones contra García. Su capacidad de multiusos se volvió a poner en evidencia cuando en enero último presentó una tacha contra la candidatura presidencial de Ollanta Humala.

El señor Ríos ya fue cuestionado por un episodio de plagio (CARETAS 1942). Además tiene abierta una denuncia penal en la Fiscalía Especial Anticorrupción por delitos de colusión y peculado. Perteneció a la FAP y fue juez militar. La posibilidad real de que se haya desempeñado como juez sin rostro, señalan fuentes de la Procuraduría, complica más las perspectivas.

Ríos prometió que no alentaría una caza de brujas pero sus primeras acciones concretas son una llamada de alerta. Ya denunció penalmente al ex canciller Óscar Maúrtua por organizar un bingo con fines de caridad mientras fue embajador en Ecuador (ver más en Mar de Fondo).

Los únicos congresistas de Perú Posible con puesto en el hemiciclo son Carlos Bruce y David Waisman. Para más INRI, el segundo se abstuvo en la votación para decidir si se conformaba una comisión para investigar al ex presidente. Los votos totales fueron 72 a favor, tres en contra y doce abstenciones.

El jueves 5 se tenía planificada la conformación de la comisión para investigar a Toledo. La bancada fujimorista tendría como objetivo incluir a Renzo Reggiardo en la vicepresidencia de la comisión que encabezará un representante de UPP.

Con dos congresistas es poco lo que Toledo puede ofrecer en la puja política. Fujimori, en cambio, ve su plumaje un tanto reverdecido gracias a una retornante bancada de trece asientos. El FIM logró el cogobierno con catorce. Hasta ahora el APRA apuesta por una mayoría movible según los temas. Pero ya hay quienes observan que la negociación por temas se puede gastar con el decrecimiento natural en la popularidad del gobierno. La presidenta del Congreso, Mercedes Cabanillas, ya le hace quecos a UPP. Aldo Estrada le ha devuelto las sonrisas.

No se ha disimulado que uno de los objetivos del Presidente y sus principales colaboradores es desmontar la percepción de que el gobierno superviviente de Toledo fue aceptable. El desastre social heredado, ha dicho el actual mandatario hasta la saciedad, contradice esa optimista noción. AGP también dejó en claro que investigaría a Toledo hasta con su discurso inaugural.

¿Esa firmeza no podría quedarse en terminar el mero desplume político de quien lo precedió? Cuando las papas quemaron de verdad con el caso de César Almeyda, AGP se puso de perfil e instó a no sacudir temas que pudieran espantar la inversión privada.

Olfato y Buen Viento

La Procuraduría languidece. Observadores enterados apuntan que ni siquiera parece que AGP conspirase contra ella. La indiferencia basta para que el espacio sea ocupado por otros personajes del alto gobierno que no la ven con ojos. Allí está el vicepresidente Luis Giampietri. La Contraloría realizó una exhaustiva investigación que arrojó numerosas sospechas de irregularidades en adquisiciones de repuestos para la Marina. Giampietri presidió el comité de selección en una decena de casos investigados. La Procuraduría continuó las averiguaciones. El 1 de setiembre el vicepresidente fue interrogado con la presencia del Ministerio Público. Una abogada de la Procuraduría hizo preguntas que incomodaron sobremanera a Giampietri y el trámite terminó en una nota muy agria.

Los miembros del gabinete consultados insisten en que el tema Fujimori ya no corresponde al campo del Ejecutivo. “Si hablo del asunto”, insistió el premier Jorge del Castillo, “lo politizo”. El canciller José Antonio García Belaunde declaró a la prensa en términos similares.

El ex procurador Antonio Maldonado lamenta precisamente que el Ejecutivo abandone el interés sobre el caso (ver entrevista). La extradición de Alberto Fujimori tiene origen político. Una fuente que conoce los expedientes al dedillo explica que la jurisprudencia en Chile “oscila en estas situaciones entre la exigencia de la prueba y la presunción de culpabilidad. Si (los jueces) ven un Estado en absoluta diferencia siempre aplicarán la vara más alta”.

Un ejemplo es el de Augusto Pinochet, que fue devuelto a Chile para ser enjuiciado luego de una marcación intensa por parte del gobierno de ese país. Otro es el de los “grafiteros” del Cusco defendidos por el ex presidente chileno Ricardo Lagos. El incidente fue motivo de riña con Toledo.

A estas alturas llama la atención que el juez chileno Orlando Álvarez no cierre las diligencias del caso Fujimori a pesar de que, en el curso de una de las apelaciones, la Corte Suprema le solicitó hacerlo. La dilatación del proceso es muy mala señal.

En un mundo perfecto los poderes judiciales son independientes. Pero el olfato les ayuda a seguir el viento, aún con las manos libres. (Enrique Chávez)