Corrupción Millonario contrato de supervisión del nuevo terminal de contenedores del Callao en el candelero.

Muelle Sur: Cabo de Hornos (VER)

Como las olas del mar, las protestas contra la licitación convocada por Ositran y la Autoridad Portuaria Nacional (APN) para elegir a la empresa supervisora de la construcción del nuevo terminal de contenedores del Callao, el famoso Muelle Sur, se multiplican cada día que pasa. El domingo 15, el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) se sumó a las denuncias hechas públicas en las últimas tres semanas por CARETAS (Ediciones 1944, 1945 y 1946).

En un enérgico comunicado, el CIP calificó la licitación convocada el pasado 22 de septiembre como “uno de los concursos más sucios, menos transparentes, que conoce la ingeniería peruana”.

El pronunciamiento es suscrito por el decano de Colegio de Ingenieros, Héctor Gallegos Vargas, y la directora secretaria general, Luisa Ulloa Reyna, y reventó en la víspera del I Seminario Internacional de la Autoridad Portuaria Nacional que se realizó entre el 16 y 18 en el sótano del Hotel County Club de Lima.

Aníbal Bakula, gerente general de la APN, minimizó la opinión del CIP a CARETAS. Informó que la empresa consultora de Gallegos –Gallegos Casabone Arango, Ingenieros Civiles– es una de la treintena de firmas peruanas que han comprado las bases del concurso, y que Gallegos acaba de ser nombrado asesor ad honorem del despacho del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Pero el asunto no es tan sencillo.

Gallegos es un ingeniero peruano de reconocido prestigio internacional, autor el año pasado de un libro que cae de perlas para el caso: La Ética en la Ingeniería.

Frente al Premier

El jueves 12 pasado, CARETAS 1945 denunció que Ositran y la APN han valorizado la tarea de supervisión de la construcción del futuro terminal de contenedores entre US$ 16 y US$ 20 millones, cifra que triplica el precio estimado por la propia concesionaria responsable de ejecutar las obras y administrar el Muelle Sur por los próximos 30 años, el consorcio P&0 Dover-Uniport, ganador del concurso de licitación en julio.

La denuncia periodística no pasó desapercibida en la Presidencia del Consejo de Ministros y otros círculos de especialistas. El sábado 14, el Premier Jorge del Castillo convocó al contralmirante (r) Frank Boyle, presidente de la APN, y al titular de Ositran, Alejandro Chang, a su despacho, para que presenten sus descargos. Ambos personajes acudieron a la cita en compañía de sus respectivos gerentes: el citado Bakula, Eusebio Vega, director de Planeamiento y Estrategia, y Manuel Quiroga, jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica de la APN; y Walter Sánchez, gerente adjunto de Supervisión de Ositran. CARETAS fue testigo de excepción de la cita.

Boyle aseguró a Del Castillo que los US$ 7,4 millones estimados para la supervisión por el concesionario, y que figuran en su propuesta técnica, “son el costo que el concesionario piensa invertir en la supervisión de manera privada”, pero que no sustituye la supervisión que por ley está obligado el Estado de ejercer sobre la construcción de una obra de infraestructura pública. “Son completamente diferentes”, enfatizó Vega. “Mientras en uno pueden contratar pocas personas, en el otro la supervisión tiene que ser completa porque son los ojos que tiene que tener el Estado”. Sin embargo, los especialistas consultados por CARETAS siguen sin entender esta millonaria duplicidad de funciones.

Hasta Mayo iba bien

Según los términos de referencia elaborados por Ositran y la APN, la empresa supervisora elegida recibirá “hasta” un 6% del costo de la obra civil y 2% adicionales por la supervisión del diseño de la misma. En total, 8% de los US$ 249,4 millones que P&O Dover – Uniport se comprometió en invertir para hacer realidad en los próximos tres años el reclamado Muelle Sur. El porcentaje no sólo es el doble de lo que cobrarán los supervisores de la construcción de la carretera IIRSA Norte, sino que triplica la proyección inicial calculada por la propia APN a inicios de este año. En efecto, el primer proyecto de contrato de la concesión, en febrero, estimó los costos totales de la supervisión del Muelle Sur en una suma máxima de US$ 7,5 millones.

El artículo 14.4 del borrador de contrato, precisaba los alcances de la supervisión por dicho monto: A) Fiscalizar el contrato en todos aquellos aspectos relacionados a la construcción, mantenimiento y conservación de las obras. B) Inspeccionar los diseños, estudios y especificaciones del proyecto verificando su conformidad con el expediente técnico del concesionario. En suma, la supervisión del diseño, ejecución, equipamiento y mantenimiento de la infraestructura portuaria. Y un detalle muy importante: “los honorarios y gastos derivados directamente de las actividades de supervisión (…) serán pagados por el concesionario”.

Los términos de referencia descritos se mantuvieron incólumes durante el proceso de consulta, observaciones y modificaciones de que fue objeto la versión original del contrato, hasta mayo. Entonces, entre la primera y segunda vuelta electoral, y a pocas semanas de la exitosa licitación del Muelle Sur en julio, y que ganó P&O Dover-Uniport, se volteó la tortilla.

Los nuevos términos de referencia para la supervisión no sólo multiplicaron los costos, sino que el Estado asumió la factura. Es decir, el que pagará la supervisión es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Algunas de las fuentes consultadas por CARETAS prefieren que el Estado asuma los costos de supervisión puesto que garantizan la independencia de las empresas supervisoras. Se admite que el rediseño de las especificaciones técnicas del Muelle Sur incide a la alza sobre el precio de la supervisión, pero cuando los montos se triplicaron, olieron a gato encerrado.

Otra convocatoria

“La fórmula de las bases está hecha para promover la participación de las empresas peruanas en un proyecto de esta envergadura”, aseguró Chang de Ositran al Primer Ministro durante el aquelarre del sábado 14. “Lo que buscamos es seguridad, calidad y que la gente que lleve a cabo la supervisión del expediente técnico como de la obra sea de primer orden”, afirmó Boyle. Sin embargo, el millonario monto por la supervisión, lejos de atraer a postores como la miel a las abejas, está ahuyentado a postores internacionales que prefieren no meterse en un potencial lío de carácter penal.

“Si uno lee las bases de la licitación, nota un proceso de descarte de todo el mundo, salvo una sola entidad”, explica el decano del CIP, Héctor Gallegos, “cuando en términos profesionales, hay varias empresas nacionales perfectamente calificadas”, advirtió. “El tema ha sido comunicado a la ministra de Transportes y Comunicaciones, Verónica Zavala, solicitándole que detenga, en la medida de su competencia, el proceso de concurso y convoque a uno nuevo que no sea corrupto”, alertó el comunicado. “Ella está atendiendo acuciosamente el pedido, pero no tiene la última palabra. Por ello, el CIP ha hecho llegar copia de la misma carta al Presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, de quien depende directamente Ositran”.

Buen Contrato

Al cierre de la presente edición, se esperaba los nuevos términos de la convocatoria para verificar si las duras observaciones planteadas eran absueltas por Ositran. En vano. Las dudas del organismo supervisor son incomprensibles. Nadie disputa las virtudes del contrato de concesión para la ejecución del Muelle Sur a las que está obligado de cumplir el consorcio P&O Dover – Uniport por los próximos 30 años.

Los índices de servicios para el diseño, construcción, financiación, conservación, explotación y transferencia del Muelle Sur son extremadamente rigurosos. Las fianzas exigidas como garantía son altísimas, y las penalidades de su incumplimiento perfectamente definidas. “El primer interesado en que la obra esté pito pito es el propio concesionario”, sintetizó una fuente de CARETAS. De acuerdo al contrato, el concesionario debe tener operativa la I Etapa del Muelle Sur en los próximos 33 meses. El tiempo de espera de un barco, entonces, no debe ser mayor a 20 minutos, la duración de desembarque de 30 minutos, el tiempo de tolerancia para que zarpe de 20 minutos. Si no es así, le cae la quincha. “El último interesado en que se le malogre una grúa pórtico es el propio concesionario”.

Bajada de Bandera

También es cierto que el concesionario no iniciará sus labores hasta el día en que el Estado seleccione a la empresa supervisora. De acuerdo al contrato de concesión, la fecha vence el 22 de octubre, a los 90 días de suscrito el convenio. Sin embargo, Ositran y la APN recién sentaron las bases del concurso de supervisión a fines de septiembre y, ahora, como resultado del maretazo, prorrogaron el plazo para la entrega de los sobres técnicos y económicos hasta el próximo 10 de noviembre, con lo cual el cronograma de la concesión se desplaza igual número de días. Aún así, los dos modernos amarraderos del Muelle Sur pueden estar operativos a fines del año 2010. Sólo se exige que el costo de la tarea encomendada responda a los “honorarios universalmente reconocidos”, enfatiza Gallegos, y que el proceso de licitación garantice la libre competencia. (Marco Zileri).